Para el Jefe de Estado no hay periodista que valga. Todos somos mediocres, mafiosos, corruptos, desinformados, voceros de la partidocracia, malintencionados, interrogadores de la Gestapo, incapaces, intrascendentes.
Si salimos al paso de estas valoraciones subjetivas no es por espíritu de cuerpo: es para que el mandatario sepa que en la mayoría de medios los periodistas estamos empujando una creciente tendencia a la autocrítica y el repensar nuestro oficio, sin dejar de admitir la existencia de medios que no cumplen su función social.
El Presidente prefiere subestimar esos procesos autocríticos porque atacar a la prensa da puntos en las encuestas, pero debiera saber que su actitud hace que cada vez más ecuatorianos duden de la Asamblea y no crean en las buenas intenciones de PAIS.
En una democracia los ciudadanos tenemos derecho a exigir calidad en los contenidos mediáticos. En esa línea los asambleístas del oficialismo plantean un proyecto que, en su artículo 1, dice que “todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a participar en la contraloría y veeduría social de la comunicación social”.
En teoría, la idea es socialmente consecuente. Pero se anula a sí misma cuando se encadena, en el actual contexto político, a la integración de un consejo nacional de comunicación.
Basta pensar dos cosas. Primera: para regular se requiere un Estado verdaderamente democrático. ¿Es el caso de Ecuador? Segunda: en países donde el Estado es una entelequia, los gobiernos toman decisiones a su nombre favoreciendo a grupos, sectores o ideologías. ¿Qué nos hace creer que esta vez será distinto?
Si el consejo y las veedurías se integran desde el Estado (es decir, desde el gobierno de Rafael Correa), fácilmente podrían convertirse en armas de presión, escarnio, censura o coerción, siguiendo la línea visceral del Presidente.
Así que si los proponentes tienen sincero interés de legislar en función de la sociedad y no del proyecto Correa, están obligados a replantear las instancias de consejería (no de control) para sean realmente independientes del poder político.
No obstante, muchos medios ya tienen mecanismos internos de control. Por ejemplo, exponen en sus sitios web los códigos de ética para que el ciudadano cuente con argumentos legales si se sintiera afectado y convocan a juntas externas de valoración informativa, consejerías de lectores y defensorías de audiencias como herramientas directas para medir la calidad de contenidos y su impacto ciudadano.
Sabemos que cometemos errores y somos conscientes que no debemos abusar de la libertad entregada por la sociedad, pero defendemos la autorregulación como proceso de autodepuración y responsabilidad en la producción informativa.
No necesitamos tutores ni superintendencias: necesitamos respeto a nuestras dinámicas internas. Si hacemos mal nuestro trabajo que lo digan las audiencias cuando confían o dejan de confiar en nosotros, pero que no lo haga el poder político, mucho peor cuando quiere fungir de profesor de periodismo.