El atraco bancario de fines de la década de los 90 fue uno de los cataclismos económicos y sociales más devastadores de la historia del Ecuador contemporáneo.
Millones quebraron sus negocios, perdieron sus empleos, se quedaron sin educación, murieron por falta de dinero para continuar sus tratamientos médicos, se suicidaron, debieron emigrar, se vieron obligados a trabajar en ocupaciones humillantes en países donde nos ven como seres inferiores.
Pasaron diez años de aquella desgracia. Pasaron cuatro gobiernos. Pasaron decenas de gerentes de la AGD y superintendentes de bancos. La impunidad siguió. La crisis continuó. Una nueva generación de ecuatorianos, entre niños y jóvenes, son víctimas de esa crisis.
Para que la impunidad no mostrara fisuras que pudieran resquebrarla, para que los ciudadanos dignos y lúcidos no encontraran espacios donde recuperar la memoria colectiva, no había mejor herramienta que un medio de comunicación.
Con canales de televisión y radios que cada día fueran sembrando amnesia general era fácil sostener la impunidad, limpiar imagen, crear fundaciones benéficas, volverse mecenas culturales, levantar museos que socialmente reposicionaran apellidos.
El atraco debía olvidarse. Sus protagonistas, también. Sus cómplices. Sus funcionarios. Total, el Estado (aquel al que se lo tacha de ineficiente y burocrático) paga: entre 6.000 y 8.000 millones de dólares costó el hueco que dejó la caída de los bancos.
Eso no lo pagaron ellos, los de la amnesia, sino los millones de ecuatorianos que aún sufrimos los efectos secundarios de la quiebra nacional.
Cuando los medios sirven para borrar la memoria colectiva y consagrar la impunidad, no son herramientas sociales sino armas de destrucción masiva al servicio de los poderes más nefastos y los intereses más oscuros.
A esas armas de destrucción masiva defendemos al proclamar que “está en peligro la libertad de expresión”.
Otra cosa son las intenciones ocultas que hubiera tenido el Gobierno al escoger este momento político para tomar la decisión.
¿Encuestas preocupantes? ¿Crecimiento de la tendencia por el No en el próximo referendo? ¿Ciudadanos cansados de las agresiones del Presidente contra toda persona que no piense como él o hartos de que se usen los legítimos reclamos a Colombia y los desacuerdos con el alcalde de Guayaquil con fines proselitistas? ¿Necesidad de dar un golpe de efecto para recuperar popularidad? ¿Reconocimiento implícito de que El Telégrafo, EcuaTV y la millonaria campaña publicitaria no resultan eficaces para sostener el proyecto correísta?
La respuesta sabremos pronto: si los noticiarios de esos canales no se convierten en pluralistas, equilibrados e independientes, y si a pocas semanas de la campaña del referendo los espacios informativos se ponen al servicio del Gobierno, solo habremos cambiado de dueños.
En manos fundamentalistas, los medios convertidos en armas de destrucción masiva siempre serán letales para la memoria social.
