Cuando llegaron al poder los nuevos dueños del país lo hicieron sobre la promesa de que venían con una rigurosa ética política bajo el brazo.
Lo hicieron a caballo de un discurso no corrupto, no neoliberal, no corporativista, no mafioso, no prepotente, no irrespetuoso, no atropellador, no caudillista.
La flamante retórica presagiaba el fin del ejercicio del poder desde la vanidad, la intolerancia, la falta de espacios para ventilar las inquietudes nacionales de manera pública, la imposibilidad de deliberar y argumentar sin el temor de que del otro lado se reciban indiferencias, burlas, ofensas, agresiones, epítetos, amenazas.
Pero desde el 15 de enero de 2007 el país ha tenido que escuchar una interminable lista de calificativos y ridiculizaciones contra quienes, desde el más simple derecho de expresarse, han criticado, observado, confrontado o reflexionado sobre la gestión gubernamental.
No vengan ahora con la teoría de que quienes rechazamos los gestos prepotentes “nos quedamos en las formas y no llegamos a la esencia”. No vengan con que hay que valorar los hechos y no las palabras.
¿Cuáles hechos? ¿La imposición desde el Gobierno de un mandato agrícola que favorecerá a sectores poderosos de la agroindustria? ¿La incautación de los canales de los señores Isaías, acción legal que se convertiría en inmoral si se la usara con fin electoral? El colapso de la central San Francisco apenas a un año de su inauguración? ¿La entrega a dedo del contrato para el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo-Sinclair? ¿El personalismo en el manejo de las relaciones diplomáticas entre estados? ¿La reducción de utilidades del Banco del Pacífico desde que se sacó a los administradores españoles? ¿Las carreteras que un año después de la emergencia siguen destrozadas? ¿Las primeras piedras que aún esperan que lleguen las segundas? ¿La “renuncia” de Alberto Acosta a la presidencia de la Asamblea para que el círculo oscuro ordene, cambie, tache y haga aparecer articulados de la nueva constitución al gusto del “buró”? ¿Proclamar que el canal de televisión y el periódico del estado son “públicos” y nombrar presidente del directorio de esos medios al superpoderoso secretario de Carondelet?
De eso tiene que hablar el periodismo aunque estorbe al poder: su función es ser herramienta pedagógica de una sociedad crítica.
En la democracia real, el andamiaje central debiera ser la incidencia de la sociedad civil sobre las decisiones que toman los mandatarios, debiera ser escuchar con respeto las inquietudes de los ciudadanos a través de sus asambleístas o sus periodistas.
En una democracia real el poder no puede mandar a callar, ofender y poner epítetos bajo una sistemática estrategia de la descalificación que pretende diluir cualquier sombra o duda sobre la gestión gubernamental.
Gracias a su gesto de dignidad en El Aromo, gracias a que no se dejó cegar por los himnos de la demagogia, a Martha Roldós va dedicado el nacimiento del periodismo majadero.
