JUNTAS

Chimborazo, Tungurahua

¡Chaj, chaj, chaj! Bajo un intenso sol mañanero, el presidente de la Confederación de Juntas de Defensa del Campesinado, Raúl Vayas, eleva el azadón y lo clava una y otra vez para remover la tierra negra de los surcos.

“En Perú tuvieron que morir veinte mil campesinos para que se entendiera que se necesitaba una organización salida de las entrañas del propio pueblo para cuidar a su gente, a su ganado, a sus tierras, a sus cosechas”.

Vayas reflexiona en voz alta mientras deja el machete a un lado para agacharse y seleccionar, una por una, las papas, unas redondas, otras ovaladas, que entre las manchas de barro muestran un tonalidad inusual en la cáscara.

Es la variedad llamada perichola, de un color similar a la de la zanahoria. Su forma se parece a la pera y su sabor, a la mítica papa chola.

Ese tubérculo es el que mejor se cosecha en San Vicente de Liguinde, provincia del Chimborazo, sobre pequeños sembríos en un cerro a 2.800 metros de altura, al que se llega desde abajo, a un costado izquierdo de la carretera Ambato-Riobamba, por sinuosos, empedrados, difíciles y empolvados caminos estrechos y escarpados.

Vayas comparte el trabajo de la cosecha con sus familias y los vecinos en la chacra de Luis Oviedo, quien dice, orgulloso, que es “nacido, crecido y envejecido aquí en Liguinde”.

Los surcos en el rostro de Oviedo dejan ver que por su corazón ha pasado mucho sufrimiento, mucho esfuerzo, y eso le aumenta años.

Paga sesenta dólares a su tocayo Luis, un chofer que le trajo desde el mercado de Riobamba, y lamenta su situación: “Aquí se pierde plata y aquí mismo a uno le toca seguir. Se vive amargado en el campo”.

Oviedo, quien tiene 53 años y tres hijos, se protege del sol con un sombrero tipo camuflaje y calza envejecidas botas de caucho, de caña larga.

Es miembro de la Junta de Defensa del Campesinado de su parroquia porque considera que la organización que dirige Vayas, con más de 2’800.000 afiliados en 18 provincias del país, es la única que defiende sus intereses.

En San Vicente de Liguinde hace tiempo que no hay asesinatos, asaltos, cuatrerismo. Y eso, en medio de la incertidumbre por sobrevivir, es bastante para Luis.

Pero se trata de una seguridad que han logrado gracias al esfuerzo colectivo, al sentido comunitario de minga.

Como todos los miembros de su junta, por las noches se convierte en rondero al menos cuatro veces al mes, por turnos.

Las otras guardias la hacen sus vecinos, en un número aproximado de 25 cada jornada, armados de palos, toletes, látigos o fuetes, uno que otro machete y, en algunos casos, radiotransmisores para comunicarse entre los grupos si se produjera alguna circunstancia de peligro.

Al fuete, que es la principal arma que usan los ronderos, lo llaman “el psicólogo”.

Muchos de los campesinos han hecho bendecir sus látigos de cuero de res y lo guardan en un lugar especial, junto a la puerta de entrada, en sus pequeñas casas de bloque y un solo piso.

A media hora de allí, al borde de la madrugada, en medio de un silencio y una desolación sobrecogedora, ocho ronderos de la Junta de Defensa de Puñachisag esperan a sus compañeros para iniciar la vigilancia.

Uno de sus miembros, que prefiere no identificarse, explica que ellos no están de acuerdo con usar armas de fuego ni solicitar al Estado guardia especializada.

Si se presenta una contingencia en la que les toca actuar, les basta con atemorizar, imtimidar y advertir al intruso o al delincuente.

Por lo general, con eso basta para que los cuatreros, los ladrones y los presuntos asesinos no vuelvan por ahí.

Pero si estos persisten en su intento de asaltar a los vecinos o robar ganado o casas o motocicletas o camionetas de carga o la cosecha, el tratamiento es más severo: se los retiene hasta investigar sus antecedentes, se les exige devolver lo sustraído y se les conmina a pedir disculpas a los afectados y a la comunidad.

El proceso termina, en estos casos, con la entrega del presunto delincuente a la policía del cantón y el inicio de una demanda para que se indague, se enjuicie y sentencie.

En el cantón Quero, donde funciona la pequeña oficina matriz de la Confederación, el abogado Armando Freire Ojeda se esfuerza por mantener vivos los procesos judiciales y por ayudar a los miembros de las juntas.

Con gorra de lana y una gruesa chompa impermeable, Freire trabaja hasta medianoche en un ambiente donde predominan fotografías y frases del Che Guevara, un afiche de la reciente campaña electoral con una leyenda que dice: “Chimborazo con Gabriela Rivadeneira, lista 35” y un cuadro con el retrato del general Eloy Alfaro.

En la oficina contigua, más estrecha y pequeña que la anterior, el decorado se complementa con frases escritas en cartulina, letras mayúsculas y pegadas sobre la pared.

Una dice: “Quien mal anda, mal acaba”. Otra, “El que dice lo que quiere, oye lo que no quiere”.

Freire, graduado en Derecho en la Universidad de los Andes (Uniandes), exhibe detrás de su escritorio el título académico.

Está orgulloso del trabajo que hace en beneficio de los campesinos más pobres e incautos, pero expresa que todavía hay que trabajar muchísimo para que sus clientes (por decirlo así), confíen en la administración de justicia.

Él no desearía que esa falta de fe se desborde. Ordena cientos de carpetas que ha revisado ese día y comenta que hay miles de campesinos perjudicados por chulqueros, prestamistas tramposos y abogados sin ética.

Freire lamenta dos cosas:

“Una, que la fiscalía ordinaria no dé seguridad jurídica. Dos, que el presidente Rafael Correa sí quiera cambiar el país, pero que ciertos mandos medios no funcionen”.

En el cantón Montalvo, Manuel Vayas, dirigente de la Junta del Campesinado, tiene la misma frustración.

Dice que la gente de su entorno ha logrado capturar delincuentes peligrosos, como un famoso ladrón robacarros que asolaba la provincia, pero afirma que si los miembros de la junta no presionaban, no se hubiera dado la sentencia de prisión de cinco años por robo agravado.

Mucho más allá, a la una de la mañana, en Quimchicoto, un grupo de ronderos, instalado en la entrada principal, impide el acceso a su parroquia mediante una tubería de metal convertida en una especie de control o peaje gratuito.

Quien pretenda ingresar en la noche o en la madrugada con vehículo o a pie tiene que demostrar que vive allí o debe justificar las razones de su presencia.

Solo cuando todo está claro se le permite pasar, pero si su actitud es sospechosa se le conmina a marcharse y no volver.

Manuel Chimbiulco, arropado con una gruesa cobija para calmar el intenso frío y sosteniendo un tolete, lamenta que en Quimchicoto todavía se produzcan robos de ganado y asaltos a casas, pero él y sus compañeros de ronda tienen la esperanza de que con una vigilancia más rigurosa y estricta vayan desapareciendo esos males.

Ninguno de ellos está de acuerdo con la idea de que se permita portar armas a determinados grupos de agricultores, hacendados, camaroneros, pescadores o productores.

A ellos les basta con los mecanismos de intimidación y advertencia que usan contra quienes intentan delinquir en sus cantones y parroquias.

Y saben hasta dónde pueden ir: hasta la presión a las autoridades judiciales o hasta la retención y el castigo directo mientras investigan al sospechoso.

Chimbiulco confiesa que él y sus compañeros consideran que la violencia atrae más violencia y que no desean que al Ecuador llegue la secuela de muerte y horror que ocurrió en Perú con tantos campesinos muertos bajo el cruce de balas entre el ejército y los terroristas.

O lo que pasó en Colombia cuando se armaron los hacendados y crearon grupos paramilitares para combatir a los guerrilleros.

Los ronderos de las juntas del campesinado confían en la persuación, en el susto y, por último, el rigor con el que, en algunos casos graves, toca retener al individuo, investigarlo y hacerle pasar por el “psicólogo”.

Al golpear contra el cuerpo semidesnudo del presunto delincuente, el fuete de cuero de res suena chaj, chaj, chaj.

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