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El poderoso edificio donde funciona la Corte Nacional de Justicia (CNJ) fue sede de Filanbanco, en Quito. Es uno de los lugares donde se fraguó la crisis de 1999 y donde abundan los mitos.

Pablo Cisneros, de 26 años y uno de los 338 empleados de la CNJ, no cree en hechos sobrenaturales.

Pero a él y a sus colegas les cuesta asumir que no fue verdad lo que un día ocurrió.

Su jefa, Paulina Puga, le había pedido que recogiera, de piso en piso y oficina en oficina, datos básicos para mejorar el ambiente laboral: fecha de nacimiento, profesión, cargo, departamento donde trabaja…

La idea de la asesora de comunicación del presidente de la CNJ era publicar esos datos para que los conociera todo el personal y cada área celebrara, a su modo, el cumpleaños de los compañeros y las compañeras.

Pocos días después, a Pablo le sorprendió una llamada. Empalideció.

Del otro lado de la línea, una compañera le reclamaba por la supuesta broma pesada que había hecho: publicar el nombre y felicitar por el cumpleaños de un compañero que había muerto dos años atrás.

Él jura que esa persona, a la que luego, efectivamente, vio en fotografías junto a sus antiguos colegas, fue la misma que le dio sus datos particulares.

Y hasta ahora no se explica cómo sucedió si, en verdad, aquel funcionario había fallecido mucho antes de que Pablo ingresara a trabajar en la CNJ.

Algunos de sus compañeros aseguran haber visto un gato negro muerto, colgado de una pared de la biblioteca, o afirman haber escuchado pasos y ver cómo, sin que nadie las accionara, en la noche se encendían y apagaban las luces de ciertos pisos.

La explicación que se dan a ellos mismos, para atenuar sus miedos y para aplicar su sentido común, es sencilla: en ese mismo edificio funcionó la sede de Filanbanco, de los hasta ahora prófugos hermanos Roberto y William Isaías, quienes viven en Miami, Estados Unidos.

Y, sí, por ahí puede estar la explicación: desde que en 1999 estalló la crisis financiera, decenas de miles de clientes perdieron todo su dinero.

Estafados por una entidad bancaria en la que confiaban, con su economía personal y familiar quebradas, a muchos se les deterioró la salud, otros emigraron a Europa y otros murieron por infarto o por graves enfermedades que no pudieron remediar por falta de dinero.

Quizás, dicen, esa energía, esa vibra, esos llantos y sufrimientos son los quedaron como ecos y señales y apariciones y presencias.

Quizás, dicen, son esas almas y espíritus los que todavía deambulan por pasillos y oficinas del antiguo Filanbanco.

El contraste era profundo entre lo que les ocurría a unos y la vida que se daban otros.

Once años después, aún quedan huellas de las excentricidades de los dueños y los altos directivos de lo que fuera aquella entidad financiera.

En el edificio de ocho pisos y tres subsuelos, existía un helipuerto, conectado con un ascensor de uso exclusivo que bajaba directamente a las bóvedas, y una sofisticada suite amoblada, con vidrios blindados, como si fuera la más lujosa habitación de un hotel cinco estrellas.

Ahora todo eso tiene un sentido útil y colectivo: es de todos los ciudadanos.

Según una placa conmemorativa, fabricada en mármol, la nueva historia del edificio, ubicado en las avenidas Amazonas y Naciones Unidas, empieza el 21 de noviembre de 2002.

Armando Bermeo Castillo presidía la Corte Suprema de Justicia (antes de que se llamara CNJ) y el mandatario Gustavo Noboa firmó el decreto para adquirir el inmueble.

En esta nueva historia existen personajes y escenarios más frescos y esperanzadores.

Empleados y funcionarios de elevados niveles profesionales.

Raúl Paucar, analista uno, es el más nuevo, el recién llegado. Tiene 30 años y trabaja en el área de Informática.

La empleada con más años allí es Ana María Vinueza (54), coordinadora jurídica del juez Jorge Blum.

En la planta baja, junto a un gigantesco y antiguo óleo con marco de madera labrada, que representa el ejercicio de la justicia, funciona el “call center”.

Dos jóvenes indígenas de Saraguro, provincia de Loja, se capacitan para atender llamadas pero, sobre todo, para guiar a los usuarios y ciudadanos interesados en información sobre procesos, salas, juicios, audiencias…

Claudia Quishpe (33 años) y Luiza Gualán (32), ataviadas con sus hermosos e impecables trajes típicos en tonos negros y blancos, eran maestras en su comunidad y tenían títulos universitarios.

Pero vinieron a Quito porque ganaron un concurso y quieren estudiar Derecho (Claudia) y Administración (Luiza) para volver a su pueblo con más conocimientos y servirlo mejor.

En el Mezzanine está la Oficialía Mayor. Cada día ingresan decenas de juicios (no hay cifra exacta), se les asigna un número y pasan a la sala de sorteos, donde todo es electrónico y digital, “sin posibilidad de trampa”.

En el Subsuelo 1 está el enigmático archivo general.

Millones de “fojas”, si hablamos en lenguaje jurídico.

Juicios históricos como el caso Restrepo (el de más abundante documentación), el de la Mochila Escolar (del expresidente Abdalá Bucaram), el del exministro de Finanzas, Jorge Gallardo.

Hay cientos de miles de cintas de audio, fotografías, recortes de periódicos, grabaciones, videos, casetes, disquetes.

Pruebas y contrapruebas en polémicos procesos por testamentos, divorcios, herencias, acusaciones laborales.

Copias auténticas de los oficios de presidencia, de los resúmenes de sesiones de pleno, de las decisiones judiciales.

Sobresalen, como ejemplares para no olvidarlos jamás, decenas de enormes libros empastados y escritos a mano: extensos textos de audiencias y sentencias elaborados con aquella caligrafía estética y precisa que salía de hábiles manos y delicadas plumas y tinta.

Entre los primeros proceso que aún se guardan con celo y cuidado está uno, de principios del siglo pasado: se trata del verbal sumario por indemnización de trabajo, seguido por Nataly Coba contra Antonio Chiarello, gerente de la Industrial Cigarrillera y Comercial S.A.

Un asistente de Luis Vivas (64 años), jefe del archivo, usa la ironía para describir los grandes cambios institucionales: “Ahora, aquí, todo es diferente, ordenado y limpio. Ni ratas hay, porque ya se fueron”.

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Fotografía de Carlos Silva, cortesía Diario Expreso.

La imagen corresponde a una audiencia de apelación por el sistema de videoconferencia. Los jueces están en Quito y el ciudadano perjudicado (que ese día quedó en libertad por orden de la Sala), se encuentra en la Corte de Portoviejo, Manabí, junto a su abogado.