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Si los ciudadanos empiezan a reaccionar, a perder el miedo y a señalar nombres y circunstancias puntuales, es probable que el caso Edwards sea el principio del fin de la impunidad con la que se manejaron los grandes medios en América Latina desde 1959, esos grandes medios agrupados, como para blindarse y protegerse, en gremios empresariales regionales con insólitas sedes (¿por si acaso?) en Miami, Estados Unidos.

Será el principio del fin de todos los medios, propietarios, accionistas y periodistas que hicieron fila frente a las embajadas norteamericanas para recibir instrucciones o entregar información.

El uno de enero de 1959 había estallado la revolución cubana, que luego se declararía socialista y marxista, y las grandes oligarquías latinoamericanas y los gobiernos de Estados Unidos, iniciando con el venerado Kennedy, empezaron a temer que “el cáncer se propagara”, como llegó a decir el cruel dictador chileno Augusto Pinochet para justificar sus brutales asesinatos, torturas y desapariciones tras el golpe de 1973 contra el presidente democráticamente electo Salvador Allende.

El primer síntoma acaba de producirse, justamente, en Chile.

Un hijo de una víctima, que busca justicia a los 40 años del golpe, ha presentado este 11 de septiembre la primera querella contra Agustín Edwards, el poderoso y reverenciado propietario de la mayor cadena de periódicos en el país sureño: El Mercurio, La Segunda y Las Últimas Noticias.

Edward ha sido llamado por un juez que recibió la demanda de Juan Carlos Chávez Pilquil, quien, según el periodista Chistian Buscaglia, “tenía 26 meses de vida cuando secuestraron a su padre, Ismael, en el marco de la operación Colombo”.

La querella se debe, entre otras cosas, a un titular publicado por el periódico La Segunda: “Exterminados como ratones”.

Según la información de Christian Buscaglia, la denuncia contra “Don Agustín”, como lo llaman sus empleados, se debe a que, además de la brutalidad del titular, fue una noticia fabricada desde las oscuras oficinas de los represores chilenos:

“La Operación Colombo fue un montaje destinado a encubrir la desaparición forzada de 119 opositores al régimen militar y hacer creer a la opinión pública nacional e internacional que éstos habían fallecido en enfrentamientos con fuerzas de seguridad extranjeras y víctimas de purgas internas. Vengo a decir al señor Edwards y a todos quienes estuvieron involucrados –dijo el demandante- que esto recién comienza”.

El rol de la cadena de diarios encabezada por Edwards -ver mi post “El hombre invisible del golpe en Chile” http://wp.me/p6j12-1Hu está claro para muchos, menos para El Mercurio -ver el filme “El diario de Agustín” http://vimeo.com/2426402.

Edwards, dueño -entre otras empresas- de la cadena de diarios de El Mercurio S.A.P., ahora está denunciado como autor intelectual del delito de homicidio.

Pero la complicidad alcanzó a otros medios de comunicación internacionales.

Buscaglia precisa que La operación incluía la publicación de dos listas con sus nombres en medios extranjeros, O Día en Brasil y Lea en Argentina (medios inexistentes, creados por el fascismo chileno solo para ese momento), donde se daba cuenta de la aparición de cuerpos de “guerrilleros” chilenos en Argentina tras supuestos enfrentamientos y con la policía, reproducidas por medios locales.

Entre los nombres está el del padre de Juan Carlos, de 22 años.

Como también queda claro en “El diario de Agustín”, El vespertino La Segunda -del consorcio Mercurio S.A.P.- fue el primero en publicar la noticia en Chile, con un titular que viola toda ética y entregando información que sabía falsa: “Exterminados como ratones: 59 miristas chilenos caen en operativo militar en Argentina”. Luego lo harán también Las Últimas Noticias y el propio El Mercurio.

Por eso, la querella sindica a Edwards como “autor intelectual-mediato, en su condición de colaborador directo de la represión iniciada por agentes del Estado al servicio de la Junta Militar, a partir del 11 de septiembre de 1973, del delito de homicidio calificado de las personas que pasamos a enunciar”, entregando la lista de estos 119 chilenos/as asesinados, con fecha de desaparición, militancia, edad y actividad.

Juan Carlos explicó a Buscaglia que “con esta querella buscamos establecer la responsabilidad de Edwards como autor intelectual de ese crimen tan deleznable, como es el caso de los 119, siendo él uno de los gestores del golpe”.

“Es también –concluye- un homenaje al presidente Salvador Allende y a todas las víctimas de la represión de la dictadura. Vengo a decir al señor Edwards y a todos quienes estuvieron involucrados que esto recién comienza, que vamos a perseguir a todos los civiles involucrados en el golpe de estado y los crímenes de lesa humanidad, a todos los que han encubierto estos crímenes y han participado en estos montajes para eludir su responsabilidad”.

Gracias al ciudadano chileno Juan Carlos Chávez, la hora de rendición de cuentas de los militares, de los civiles, de los empresarios, de los medios, de los periodistas, de la iglesia, de los sindicatos y de los partidos políticos que participaron en conspiraciones contra el Estado de Derecho, debe llegar no solo a Chile.

“La reivindicación de las ratas” empezará a expandirse por toda la América Latina humillada, herida, torturada, desaparecida, asesinada y pisoteada por dictaduras militares, empresarios amorales y gobernantes corruptos obedientes de las órdenes de prepotentes embajadores de Washington.

Una América Latina que desde el triunfo de la revolución cubana ha sido sistemáticamente arrebatada, allá y acá, de su derecho de construir un nuevo modelo de región desde la autonomía popular y desde sus propios errores y virtudes, pero, siempre, aunque no guste al poder conservador, desde la mayoritaria voluntad democrática.