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Resulta insólito que la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se reúne entre el 18 y el 22 de este mes de octubre, no contemple en su agenda un tema crucial para el sostenimiento de la confianza del público latinoamericano en los medios afiliados a la SIP: la reciente confesión que hiciera Agustín Edwards, dueño del imperio mediático chileno de El Mercurio, en relación con sus vínculos con la CIA durante el derrocamiento del presidente Salvador Allende en 1973.

Un boletín de la agencia EFE, enviado desde Miami (EE.UU.), refiere que algunos de los asuntos que tendrán “especial relevancia” en la asamblea de la SIP serán los paneles sobre la situación de la libertad de prensa en la región, el espionaje atribuido a la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) y la Ley de Comunicación en el Ecuador.

Como es obvio, las conclusiones a las que lleguen los altos delegados del poderoso gremio empresarial continental son absolutamente previsibles: condenar lo que a ellos les parece “la grave situación de algunos países en relación con la libertad de prensa” y “lamentar” (suelen usar ese tipo de verbos) la vigencia de la Ley de Comunicación.

El boletín no refiere ningún tema autocrítico que podría tratar el organismo internacional.

Por ejemplo, su falta de apertura a toda tendencia ideológica, su impostado ejercicio democrático para dar espacio a todas las voces, sus censuras disfrazadas de “libertad de prensa” (hay recientes episodios en el Ecuador), su negación de espacios a la difusión de actividades de personajes que no son de su agrado, su manera de invisibilizar las obras de ciudadanos que no están en su “línea editorial” (léase ‘personas que no les hacen la venia’), el autocierre de medios por parte de los propios empresarios (revista Vanguardia), entre otros.

En el caso de Colombia, por citar otro ejemplo, ¿por qué no dijeron nada cuando se censuró y sacó de las páginas de El Colombiano al maestro Javier Darío Restrepo por criticar al entonces presidente Uribe? ¿Por qué no está en la agenda el caso de la periodista colombiana Claudia López, despedida de El Tiempo por criticar las relaciones de la familia Santos, hace poco exiliada “voluntaria” de su país por amenazas de grupos mafiosos?

¿Ninguno de aquellos casos merece la atención de la SIP?

Con tanta razón, el intelectual estadounidense Noam Chomsky denuncia que “existe un modo de tratar las noticias, elegirlas, limitarlas y relanzarlas, que siempre favorece a las élites”.

En su escasez de autocrítica, en esta reunión la SIP ni siquiera tomará en cuenta la transcendencia de la reciente noticia de que el dueño de un medio (y, en consecuencia, el mismo medio y sus periodistas) esté o haya estado relacionado con la tenebrosa Agencia Central de Inteligencia.

Un despacho de la agencia Prensa Latina (PL) informó hace cinco días que en una reciente audiencia judicial, Edwards -uno de los pilares de la SIP)- reconoció sus vínculos con la CIA, pero negó haber incidido en la planificación del golpe de Estado contra Allende.

Admitió que por encargo del presidente Richard Nixon, y a través del magnate de la Pepsi, en ese entonces Donald Kendall, viajó de Nueva York a Washington, donde fue recogido en el aeropuerto por el director de la CIA, Richard Helms.

El diario digital El Mostrador explicó que esas aseveraciones son parte de las declaraciones de Edwards ante el juez Mario Carroza, quien solicitó su testimonio.

Más allá de las previsibles conclusiones de la SIP acerca de los temas de su agenda, hay que “condenar” y “lamentar” (para usar su repetitiva terminología) que un poderoso gremio de periódicos latinoamericanos no mire, no escuche y no hable de un tema tan grave como es la credibilidad de sus medios por las relaciones con la CIA de uno de los mayores patriarcas de la Sociedad Interamericana de Prensa, con sede en Miami.

Pese a la relevancia de que el propio Edwards confesara sus vinculaciones con la CIA ante el juez Mario Carroza, casi ningún periódico latinoamericano ni ecuatoriano (afiliados a la SIP) publicó la información.

Las declaraciones de Edwards son parte de la investigación del juez Carroza en respuesta a una querella por la desaparición, tortura y muerte de cientos de militares del MIR chileno.

A ese gravísimo proceso contra los derechos humanos tras el golpe a Salvador Allende contribuyó la operación Colombo, que estuvo enmarcada bajo la sombra de la operación Cóndor, “la gran cacería de integrantes de izquierda, ejecutada en los años setenta por los servicios de inteligencia de las dictaduras militares de los países sudamericanos”.

El operativo Colombo fue montado por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en 1975 para encubrir la desaparición forzada de 119 opositores a la dictadura.

Mediante una confabulación entre la DINA y los medios de Edwards se pretendió que la opinión pública creyera que la muerte de esas personas fue resultado de supuestos enfrentamientos “con fuerzas de seguridad extranjeras y por pugnas internas”, cuando en realidad fueron ejecutados por la dictadura del nefasto general Augusto Pinochet, quien gobernó 17 años tras el golpe de septiembre de 1973.

El juez Carroza indaga el rol que jugaron los diarios de Edwards (miembros de la SIP) tanto en el derrocamiento de Allende como en las operaciones Colombo y Cóndor.

“Está declarando el principal agente de la CIA en América Latina del general Vernon Walters, también director adjunto de la CIA -estrictamente así como les he dicho”-, explicó el abogado querellante, Eduardo Contreras, citado por Radio Cooperativa.

Aunque Edwards admite ahora que Helms lo fue a buscar para una reunión conjunta con Kissinger, consejero de Seguridad Nacional de Nixon, niega que en esa conversación se acordaran los ejes para fraguar el derrocamiento de Allende.

Sin embargo, archivos desclasificados de la CIA (ver en este blog wp.me/p6j12-IM) evidencian que en esa cita, en la que también se menciona a Nixon, quedaron definidos los lineamientos para desestabilizar al gobierno de la Unidad Popular y las sumas de dinero que serían enviadas al diario El Mercurio como medio de subversión y propaganda.

Edwards, que seguramente tendrá representantes en la asamblea de la SIP, dice que ni recibió dinero de la CIA ni hubo relación entre El Mercurio con la agencia de espionaje, y que pese a ser dueño de la cadena periodística “no ha tenido influencia en la línea editorial del medio”.

¿No les parece que, al menos, la SIP (si fuera autocrítica) debería “conversar” entre sus agremiados sobre temas tan graves?