???????????????????????????????

Lo que escribo ahora lo hago el jueves 6 de noviembre de 2014, cuando me entero que la Corte Nacional de Justicia anunció su sentencia en el caso Fybeca (no “Gonzàlez y otros”, por favor, no seamos cómplices del poder económico y político que cambió el nombre del caso 15 años después).
La Corte ha dictaminado que cinco de los procesados tendrán una pena de 16 años de reclusión, que otros cinco serán condenados como encubridores a dos años de cárcel -aunque se suspendió la pena para éstos- y que uno de los detenidos es inocente.
Dice diario El Universo: “Según el juez Wilson Merino, los informes periciales del caso (ocurrido el 19 de noviembre del 2003 en una farmacia de la ciudadela Alborada en Guayaquil y donde murieron 8 personas y otras 3 desaparecieron), muestran que los fallecidos murieron de forma violenta y no hubo enfrentamientos porque “tienen disparos en la espalda”.
Por ello -dijo- no hubo uso progresivo de la fuerza, ni combate, y lo que ocurrió fue “un asesinato reprimido que se lo sanciona en la Ley con entre 16 y 25 años de reclusión mayor”.
Tras conocer la ridícula sentencia, han muerto mis esperanzas de que con la supuesta “nueva justicia” las cosas cambiarían y que la investigación tocaría a los presuntos autores intelectuales, aquellos que dominaban el Congreso de aquel tiempo y que pugnaban por “endurecer las penas” y hasta llegaron a plantear la pena de muerte para delitos cometidos in fraganti.
Demasiado ingenuo sería creer que fue un acto en el que policías rasos se aventuraron a cometer una masacre. Hubo estrategia, hubo un plan preconcebido, hubo la intención de conseguir respaldo ciudadano a aquellas propuestas legislativas salidas de lo peor de la partidocracia.
Todavía me pregunto por qué el Fiscal General, Galo Chiriboga, se adelantó hace dos semanas al fallo y en la práctica absolvió al líder político guayaquileño y a un general de la policía como supuestos autores intelectuales.¿Por qué Chiriboga los defiende y los “declara” inocentes?
Todavía me pregunto a quiénes no les conviene que se sepa la verdad.
Todavía me pregunto, y ahora con rabia y frustración extrema, cómo la gigantesca empresa Fybeca logró cambiar el nombre del caso para “limpiar su reputación”.
Lo que van a leer a continuación lo escribí hace seis meses, cuando aún creía que el anunciado cambio de la justicia podía, aunque redunde, hacer justicia.
Hoy me parece que la sentencia no se la cree ni la misma Corte Nacional y que la historia les hará pagar a los jueces su silencio, su ceguera y su dizque ingenuidad para no darse cuenta de la dimensión política de la masacre en Guayaquil.
Y quizás yo también merezca castigo por mi propia ingenuidad…
En todo caso, el texto que redacté hace meses sirve para que la impunidad no reine y para que muchos ecuatorianos sin memoria histórica tengan idea del contexto en que ocurrió este caso, el caso Fybeca..

Una década después de lo sucedido, parece llegar alguna brizna de luz a uno de los hechos policiales más oscuros en lo que va del siglo XXI en el Ecuador: el caso Fybeca.
Por fin, la Fiscalía denunció la actuación del grupo GEA, que operaba de manera irregular, y acusó a 31 policías.
“Vamos a demostrar que en este hecho los acusados cometieron un delito de grave violación a los derechos humanos por ejecuciones extrajudiciales”, dijo este jueves el fiscal Galo Chiriboga y describió una serie de hechos que forman parte del informe de la Inspectoría de Policía, pero que no fueron tomados en cuenta por los jueces de aquella época, que también eran policías.
“Se violentaron los protocolos de intervención, no se comunicó el suceso a la radio patrulla, se comprobó que habían movido los cuerpos para alterar la escena del crimen, se disparó a los asaltantes cuando estaban tendidos en el piso, boca abajo, pese a que solo dos de los presuntos delincuentes estaban armados”.
La medida judicial de Chiriboga incluye el arresto domiciliario contra quien fue el comandante de la Policía de esa época, general Jorge Poveda, creador del Grupo Especial Antidelincuencial (GEA) al mando del mayor Eduardo G., quien supuestamente ese día llegó de Esmeraldas “para capturar a un delincuente por una denuncia sobre la supuesta intención de atentar contra el alcalde Jaime Nebot”.
El caso Fybeca se produjo el miércoles 19 de noviembre de 2003. En Guayaquil. Y el estupor e indignación ciudadanos nacieron de una foto captada por el reportero gráfico Martín Herrera, de diario El Universo, cuando yo era Editor General de ese periódico.
Años después volví a ver a Martín. Conversamos. Recordamos. Llegamos a la certeza de que eran otros tiempos para el periodismo, porque en ese entonces el editor general era un periodista más, que se involucraba, compartía y se comprometía con los procesos que vivía cada reportero y cada fotógrafo.
En una ciudad de estructuras políticas verticales, nos jugábamos contra quienes dominaban con mano autoritaria, oligárquica, feudal, lo ideológico y económico en aquella ciudad, desde donde salía con fuerza la idea de ser mucho más drásticos en las penas judiciales contra los delincuentes.
¿Fue una coincidencia que hubiera ocurrido esa masacre justo cuando en el entonces Congreso Nacional la mayoría socialcristiana pugnaba por lo que llamaba “endurecer las penas” sin ninguna contemplación humana contra quienes cometieran delitos?
Estoy seguro de que no.
De que el caso Fybeca se armó entre los poderes más temibles y oscuros de la ciudad (civiles y policiales) con el propósito de tener un ejemplo concreto, vivo y nuevo de que los asaltantes y criminales necesitaban “una lección” y el país requería un hecho que apoyara la tesis.
Pero existen imágenes que cambian percepciones, que derriban versiones urdidas, que revelan la verdad cruda.
Porque cuando se armó la balacera en la farmacia Fybeca del barrio La Alborada, alrededor de las siete de la mañana, casi nadie contaba con la presencia de la mirada atenta del fotógrafo Martín Herrera.
Martín recordaba que esa semana le designamos para cubrir la sección Sucesos, junto al reportero Rafael Hernández, hoy en Ecuavisa.
Salimos a las seis y media de la mañana y en el escáner que captaba la frecuencia de la Policía no pasaba nada.
Entonces le propuse a Rafael ir al mercado Pedro Pablo Gómez, porque en aquella época había problemas con los policías metropolitanos, pero tampoco pasaba nada.
Regresamos al sector del cementerio y escuchamos en el escáner que la Policía pedía ambulancias para el sector de La Alborada.
Estábamos cerca, a unos diez minutos. Al aproximarnos encontramos un embotellamiento de unas tres cuadras a la redonda.
No podíamos avanzar en el auto y decidimos ir a pie. Tres mujeres corrían en sentido contrario. Hay una balacera y hay muertos, gritaron
”.
Lo primero que vio Martín fue un auto blanco y dos cadáveres en el piso. Comenzó a tomar algunas fotografías e intentó entrar a la farmacia. Observó muchos cuerpos tirados adentro, pero no lo dejaron ingresar.
Un policía se le acercó y le dijo que se marchara, que no debía quedar nadie allí. ¿Por qué? ¿Porque la idea era que nadie supiera que no fue un cruce de balas sino una masacre planificada?
En el parterre central de la avenida, Martín puso el teleobjetivo 80-200 y observó que por una pequeña calle peatonal un hombre empujaba a otro.
Martín no le vio la cara a la víctima, porque lo habían tapado con una camiseta.
Pero siguió con su cámara. Hizo la secuencia desde que vio salir a los dos hombres hasta que se embarcaron en la parte posterior de un jeep Pathfinder.
Pasó el momento, llegaron más periodistas “y yo no me di cuenta de lo que había fotografiado”.
Cuando la Policía les permitió entrar a la farmacia, a Herrera le sorprendió la ubicación de los cuerpos y la ausencia de vidrios rotos. Nada evidenciaba la balacera. ¿Por qué se limpiaron todas las huellas? ¿Para qué?
Cerca del mediodía, los jefes policiales hicieron una rueda de prensa y dijeron que no había ningún detenido. Pero Martín tenía la foto.
Publicamos la secuencia un día después en el Diario El Universo.
Gracias a esa página dedicada a lo que empezamos a llamar “el caso Fybeca”, la esposa del detenido, Dolores Guerra, reconoció a su esposo en la imagen del hombre tapado con una camiseta.
Así empezó la historia del oscuro caso Fybeca, gracias a la lúcida, profesional, atenta y ética mirada de Martín Herrera.
Pero se trata de una historia en la que aún hay mucho por revelar y contar.
¿Cuál era la relación política Nebot-Poveda en todo lo que ocurrió?
¿Qué intenciones ocultas -o no- se escondían en la posible planeación de la masacre, aparte de las que ya hemos descrito?
Es el tema de fondo que la Fiscalía aún debe investigar.

Fotografía de Martín Herrera, Diario El Universo
_________________________
El caso Fybeca para El Comercio es el caso de “una farmacia en Guayaquil”

Tomado de Mediaciones, de CIESPAL
Por Alexander Amézquita O. @ElViejoAlex

Este martes 19 de noviembre cerca de las 11h00, la redacción Guayaquil de El Comercio publicó la nota titulada “Familiares recuerdan con un plantón a los fallecidos en el caso de una farmacia en Guayaquil” (http://elcomercio.com/seguridad/Familiares-fallecidos-farmacia-Guayaquil-policia_0_1032496862.html).

En el cuerpo de la nota comentan lo siguiente:

La mañana de hoy, martes 19 de noviembre del 2013, se realiza en el norte de Guayaquil un plantón para recordar las muertes y desapariciones tras los incidentes ocurridos hace 10 años en una farmacia.

¿Por qué no se menciona el nombre de la farmacia donde acontecieron los hechos? Aunque pueda parecer menor, es un hecho importante de resaltar.

Luego de 10 años, de todos los discursos periodísticos, judiciales, gubernamentales y sociales construidos, vertidos y deconstruidos sobre el Caso Fybeca, un ejercicio de cuidado en el lenguaje, de preocupación básica del periodismo judicial, como es el hecho de no mencionar el nombre de la farmacia donde acontecieron los sucesos del mencionado caso, llama la atención.

El cumplimiento de una norma ética es siempre bienvenido, sobre todo si protegen derechos de sujetos vulnerables, y en especial si las mismas han sido resultado de consensos, profesionales y sociales, sobre la práctica periodística.

Se entiende, en general, que los nombres de implicados en una investigación judicial deben protegerse a fin de precautelar la presunción de inocencia, y que cuando estos salen a la luz en ausencia de sentencias emitidas por un juez, deben ser mencionados en calidad de investigados. Pero no hay las mismas especificaciones respecto a los escenarios de un hecho susceptible de investigación judicial.

El caso Fybeca adquirió ese apelativo por el escenario en el tuvo lugar, y es tan significativo ese proceso de nominación, que la propia Fiscalía General del Estado, órgano encargado de las investigaciones, emite boletines enunciando el mencionado caso como Caso Fybeca.

Sólo como muestra, entre el 13 y el 14 de noviembre, la Fiscalía emitió al menos 6 boletines sobre la reapertura de investigaciones y nuevas indagatorias, y en todos ellos se refiere al caso como Caso Fybeca, aquí el link http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/buscar.html?searchword=fybeca&ordering=newest&searchphrase=all).

En ese contexto, cuando la propia Fiscalía ha optado por utilizar el tipo de nominación que lleva 10 años circulando en la prensa, en investigaciones académicas sobre la cobertura de prensa, en el discurso social más amplio y en la memoria colectiva por su vinculación a las violaciones de derechos humanos cometidas y aún impunes en el país, es por lo menos paradójico que El Comercio decida referirse al hecho despojándolo de un elemento de identidad como el nombre de la farmacia.

¿Qué busca el diario con esta estrategia? ¿Acaso protegerse de una normativa mucho más exigente sobre la protección de la honra, los derechos de réplica o la responsabilidad ulterior? Si ese fuera el caso, no deberíamos preguntarnos primero a quiénes se refiere la honra, y si su protección cobija de igual manera el nombre de una empresa comercial que no está siendo injuriada, ni siquiera vinculada en la investigación, sino simplemente mencionada como el escenario donde tuvieron lugar unos hechos que se investigan en un proceso judicial.

¿Será tan perjudicial para un medio que una empresa comercial decida solicitar una aclaración sobre su mención en un caso judicial, para especificar que ella no está siendo investigada? Es por demás obvio que seguramente no lo hará como no lo ha hecho en los 10 años previos. Además, ¿cuál es la responsabilidad ulterior de un medio que para referirse a un caso utiliza el tipo de nominación que ya ha utilizado el órgano de investigación judicial autorizado?

¿Dónde se protegen los derechos de las mujeres demandantes de justicia y de memoria, a quienes con una nota de estas características se les despoja de una posibilidad real de identificación por parte del lector? Argumentar que es obvia la referencia del titular al Caso Fybeca es una aseveración sin sustento si pensamos, por ejemplo, en lectores más jóvenes, extranjeros o simplemente desprevenidos. Que el “plantón para recordar las muertes y desapariciones” sea mencionado como un hecho genérico acaecido en una farmacia, invisibiliza el hecho de que existe una sanción social, por lo menos una desaprobación social, que tiene un nombre aceptado incluso en los estrados judiciales: Caso Fybeca.

Michel Foucault aseguraba que el mayor poder de dominación es el poder de “nominación”, la capacidad de otorgarle nombres a las cosas, a los hechos, resignificarlos, como cuando una minoría étnica es capaz de revertir el poder opresor representado en una forma despectiva de nombrarlos, para apropiarse de esta forma y dotarla de un significado positivo.

De la misma forma, pero en sentido contrario, despojar de la nominación que permite un cierto ejercicio de poder, en este caso sobre la memoria, es despojar a esas mujeres del plantón, y a la sociedad en general, del poder de sanción social sobre el hecho, que es mucho más importante que el prestigio de una marca.

Por lo tanto, con esta práctica, El Comercio no juega ninguna carta ética. Si de proteger y promover derechos se trata, lo único que logra el diario es despojar de los mismos a quienes han luchado por configurar una memoria colectiva, por evitar que un hecho de violación de los derechos humanos caiga en el olvido. Despojarlo de una forma de nombrarlo para convertirlo en una mención genérica y sin anclajes es promover precisamente el olvido.