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foto empleado feliz

Cerca de 500 mil ciudadanos son burócratas, sin que esta palabra signifique, necesariamente, un estigma.

Según recientes cifras del presidente de la República, ese número corresponde a las cinco funciones del Estado más 168 organismos creados por Ley.

Pero, aparte de ellos, hay más empleados públicos en organismos como las empresas públicas, gobiernos autónomos descentralizados, instituciones financieras públicas, funcionarios de seguridad social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Si fuéramos simplistas, podríamos decir que el movimiento oficialista en el poder, Alianza PAIS, tendría por lo menos medio millón de simpatizantes seguros. Pues, en ese simplismo con el que ahora muchos pretenden analizar las cosas, ser empleado público significa ser “del Gobierno” o “correístas”, según los brillantes estigmatizadores malintencionados que, en realidad, son incapaces de analizar la realidad desde lo profundo y lo contextual.

Me consta, de lo que he podido observar, que la mayoría de empleados públicos no están en sus puestos porque son militantes de izquierda o, peor, revolucionarios.

Ocho años antes de que asumiera el poder el presidente Rafael Correa, había cerca de 400 mil burócratas y muchos de ellos, son personal de nombramiento.  ¿Cuántos de ellos se han ido?

Casi ninguno, porque son empleados a quienes no se los puede destituir pues no son de libre remoción, trabajan décadas en las dependencias estatales y, quién sabe, su tendencia política podría ser cualquiera: quizás, por simple deducción, la del político que de una u otra manera los vinculó al servicio público y con quien, de una u otra manera, también se sienten vinculados a esos influyentes o exinfluyentes políticos o, visto de otra manera, altos funcionarios o exaltos funcionarios.

Todo eso quiere decir que en el 2015 ser empleado público no implica ser militante revolucionario o “correísta”.

Por tanto no se puede creer que el oficialismo tiene en ese sector medio millón de votos seguros.

Al contrario, hace unos dos años conocí de una institución pública donde la mayoría de ellos, según una encuesta informal que realizó un experto en mercadeo que trabajaba allí –y que, por supuesto, se declaraba abiertamente “anticorreísta”- al menos el 70 por ciento del personal votaría por el candidato a la Alcaldía de Quito que representaba a la oposición al Gobierno. Y ese candidato ganó el 23F.

Ser empleado estatal en la época del régimen de Rafael Correa no significa, por tanto y de ninguna manera, ser de izquierda, creer en el Che Guevara o aspirar a que se produzca una revoluciòn en la que todos los ciudadanos del país disfruten de iguales condiciones económicas y sociales y de un futuro de progreso y bienestar.

Quizás a eso se debe, digo yo, a que en empresas públicas como la telefónica CNT, la aerolínea TAME, la Agencia Nacional de Tránsito, ciertos medios de comunicación llamados públicos y algunos ministerios y dependencias del Estado la atención es todo, menos revolucionaria.

Y, si vamos más allá, quizás exista, en el fondo, además de la actitud burocrática y mediocre de muchos de los empleados y funcionarios llamados “de carrera”, un abierto boicot al proceso que lleva adelante el gobierno de Rafael Correa.

Por eso no creo que exista la meritocracia.

Porque muchos de los que trabajan sino algunos que dirigen las dependencias del Estado –ministerios, empresas, secretarías, etc.- no están allí porque ha habido un proceso riguroso de elección (“talento humano”, que le llaman ahora) sino porque, al igual que lo ocurría antes, han llegado a las funciones que ocupan por compadrazgos, amistades, compromisos electorales, parentescos, sociedades secretas o cualquiera otra razón.

Creo que a la revolución de PAIS le hace falta crítica y autocrítica.

Creo que debería derogarse el artículo 232 del Código Penal, que indica: “El que faltare al respeto a cualquier tribunal, corporación o funcionario público, cuando se halle en ejercicio de sus funciones, con palabras, gestos o actos de desprecio, o turbare o interrumpiere el acto en que se halla, será reprimido con prisión de ocho días a un mes“. Porque podría ser una suerte de alcahuete de los malos funcionarios.

Creo que a la revolución de PAIS le hace falta aplicar estrictos mecanismos para que quienes tienen la obligación de servir al ciudadano, que paga sus impuestos y que cumple sus obligaciones cívicas, sean realmente lo mejor que existe en el país.

Por ejemplo, el inesperado regreso a la vida pública de la exministra de Obras Públicas Paola Carvajal, ¿será suficiente para cambiar una de las peores empresas públicas del Estado?

No lo será, a menos que Carvajal limpiara todas las oscuridades que impiden a TAME ser una gran empresa.

Pero para eso se requiere desprenderse de las viejas taras que nos han hecho un país oscuro que recién intenta buscar la luz al final del túnel.

En especial, la tara principal: articular un fuerte discurso político y propagandístico en contra de la partidocracia y la larga noche neoliberal, pero seguir, ojalá inconscientemente y no a propósito, con las obsoletas prácticas de reclutar no lo mejor, sino lo que está a la mano, lo que alguien recomienda a alguien por algún compromiso o lo que más distante está a una meritocracia que limpie las instituciones de personajes oscuros, vagos, boicoteadores o, simplemente, que no les importa dar un buen servicio sino, tan solo, esperar la jubilación.

Créanmelo: si la actitud del empleado público fuera revolucionaria, ni siquiera desde el punto de vista ideológico sino, tan solo, desde el cumplimiento excelente de sus deberes laborales, el país cambiaría profundamente. Y no hablo de votos. Hablo de vida cotidiana.

O, si quieren, no se necesita ser revolucionario para ser empleado público ni ser empleado público para ser revolucionario. Se necesita algo simple: ser ético, ser honesto, ser consecuente, tener actitud y compromiso frente al trabajo personal.

Mucho más al fondo, esa actitud de buscar la excelencia se volvería una maravillosa plaga que nos contagiaría a todos, a los que trabajamos en lo privado o en lo público, y que, más allá de peleas, disputas y confrontaciones que podrían llegar a convertir al Ecuador en un violento campo de batalla, haría que el país entero cambie, por lo menos, su actitud consigo mismo.

Porque, no hay duda, la revolución empieza por la excelencia y el sentido del deber de cada uno de los ciudadanos, en el puesto o lugar que ocupen.