A eso de las 11:30 de la noche del 10 de octubre de 2012, John Zuñiga, un policía de Nogales, Arizona, recibió una llamada sobre una actividad sospechosa en la calle junto a la frontera mexicana. La mayor parte de las llamadas que Zuñiga solía recibir se referían a pequeños hurtos en Walmart o a problemas de violencia doméstica, pero también ejercía como oficial de enlace con la patrulla fronteriza (Customs and Border Protection, CBP).

Aunque la seguridad de la frontera es responsabilidad de la patrulla, la policía de Nogales puede servir de apoyo si el delito se comete dentro del estado de Arizona. Por ejemplo, en el caso de que un grupo de narcotraficantes saltara la valla y entrara a su territorio.

En las últimas décadas, la población de Nogales se ha mantenido cerca de los 20.000 habitantes mientras la población de la ciudad al otro lado de la frontera, que también se llama Nogales, ha crecido hasta los 250.000. Dependiendo del lugar desde donde se mire, ambas ciudades parecen una sola Nogales, con  barrios de construcciones modestas que trepan de manera desordenada por las laderas de varias colinas.

Hace años que sus habitantes se refieren a la región como Ambos Nogales.

“Muchos tenemos familia en México”, me dijo el propio Zuñiga, de 38 años, que creció en el lado estadounidense. “Todavía recuerdo que cuando era niño, era normal que familiares del otro lado de la frontera se aparecieran en tu casa. Y no hacías preguntas. La gente pasaba de un lado a otro. La migración no era algo tan importante en ese entonces”.

Pero todo empezó a cambiar después del 11 de septiembre pues, según Zuñiga, la seguridad fronteriza se convirtió en un tema político. Ante un electorado que le temía al terrorismo y estaba descontento con la inmigración ilegal, el Congreso de Estados Unidos destinó 90.000 millones de dólares para reforzar la frontera durante 10 años.

Eso se tradujo en más de mil kilómetros de valla fronteriza y equipo militar para los guardias: drones, rifles de asalto y helicópteros Black Hawk. Además, el número de efectivos durante el segundo mandato presidencial de George W. Bush pasó de 11.000 a 20.000.

En 1995, en el sector de Tucson al que pertenece Nogales, había alrededor de 400 guardias de frontera. Hoy en día, ese número supera los 4000. Hay cámaras por todas partes —en torres, en drones, en los camiones que circulan por el desierto— y miles de detectores de movimiento, muchos de ellos escondidos en piedras o entre la arena.

 El sobrino de José Antonio, Diego, posa junto al pequeño altar que la familia del adolescente tiene en su casa. En esa foto, José Antonio tenía 15 años. Kirsten Luce para The New York Times

La valla que separa Ambos Nogales cuesta alrededor de 4,14 millones de dólares por cada kilómetro y medio, y mide entre 5,5 y 9 metros. La instalaron en 2011 para remplazar la anterior, hecha de páneles de acero.

Algunos agentes prefieren el diseño actual, de tablones superpuestos, porque les permite mirar al otro lado y ver qué sucede. Una serie de placas alineadas en la parte superior de la valla dificultan la escalada, pero no es totalmente imposible. Hay migrantes y narcotraficantes que todavía consiguen escalarla a diario.

Por eso la llamada que Zuñiga recibió en octubre de 2012 no tenía por qué ser diferente a las demás. Un oficial de la policía de Nogales, Quinardo Garcia, ya había llegado al lugar de los hechos, donde encontró dos hombres vestidos con ropa de camuflaje y bultos atados a la espalda. Estaban escalando la valla hacia los Estados Unidos. “Según mi formación y experiencia”, escribió García en el informe sobre lo sucedido, “identifiqué los bultos como marihuana e inmediatamente llamé a las unidades de apoyo”.

García persiguió a los hombres a pie, pero desaparecieron en un jardín de hierbas altas. Temiendo una emboscada, García decidió esperar a los refuerzos. Zuñiga llegó en cuestión de minutos junto a unos guardias de la frontera. Mientras revisaban el lugar, Zuñiga detectó a dos hombres que escalaban de regreso hacia México. “Cuando llegue ya no llevaban nada en sus espaldas”, me dijo.

Los policías y guardias fronterizos evitan escalar la valla por dos motivos: seguridad y jurisdicción. “Les ordené muchas veces que bajaran”, escribió Zuñiga en su informe. Uno de ellos tenía dificultades para mantener el equilibrio y parecía a punto de caer del lado de Arizona. “Entonces oí las piedras en el suelo”, sigue el relato de Zuñiga, “y cuando miré hacia arriba, lo único que pude ver eran piedras volando por el aire”.

La lluvia de piedras no es rara en la frontera. Las tiran desde el lado mexicano para distraer a los agentes y ayudar a los contrabandistas en la huida. “Cuando es de noche, no sabes de dónde vienen”, me dijo otro agente. “La situación es tensa”.

Lo que pasó después no está claro. En sus informes, Garcia y Zuñiga afirman haber oído disparos y también dicen que no pudieron identificar su origen. “Vi las piedras en el aire y corrí a buscar refugio”, me dijo Zuñiga. “Oí los tiros, pero no estaba seguro de quién disparaba. Pueden haber salido de cualquier lugar, de atrás, de México. Pero no presencié el tiroteo”.

 El punto donde el agente de la Patrulla Fronteriza, Lonnie Ray Swartz, disparó y mató a José Antonio porque, supuestamente, arrojaba piedras. Kirsten Luce para The New York Times

La CBP emitió un comunicado breve en los días siguientes. “Después de que las órdenes verbales de los agentes fueron ignoradas (para que detuvieran el lanzamiento de piedras contra ellos) uno de los agentes descargó su arma reglamentaria. Aparentemente uno de los sujetos resultó impactado”.

El sujeto alcanzado no fue ninguno de los dos hombres que había escalado la valla, sino un habitante de Nogales de 16 años, José Antonio Elena Rodríguez, que estaba en el lado mexicano de la frontera. Su autopsia revelaría que recibió 10 disparos mortales en la cabeza, pulmones y varias arterias. Iba desarmado, solo llevaba un celular. Falleció en la calle Internacional del Nogales mexicano, justo frente a un consultorio médico y bajo un cartel que dice “Emergencias médicas”. Seis meses más tarde, todavía se podían ver los agujeros en la pared. Alguien los había señalado con un marcador rojo.

La mañana siguiente al tiroteo, James F. Tomsheck llegó a la sede de la CBP en el edificio Ronald Reagan en Washington y se sumó a la reunión diaria que mantienen una docena de los oficiales del nivel más alto de la agencia. Seis años antes, cuando Tomsheck fue nombrado responsable de la oficina de asuntos internos, lo entendió como la cumbre de una larga y distinguida carrera.

Había pasado toda su vida adulta en las fuerzas de seguridad, primero como policía en Omaha, Nebraska, y después como miembro del servicio secreto. Había perseguido falsificadores en Detroit y había trabajado para la presidencia durante los mandatos de George H. W. Bush y Bill Clinton. Llegó a ser subdirector adjunto del Servicio Secreto. Supervisaba la mitad de las oficinas de la agencia. En 2006, Ralph Bassam, su antiguo jefe en el Servicio Secreto, lo fichó para la Customs and Border Protection.

Al principio los agentes de la patrulla fronteriza, creada en 1924, supervisaban la frontera (sobre todo la del norte) a caballo. En 2012 ya era una agencia cada vez más militarizada que mantenía sus reuniones matutinas en una habitación segura y sin ventanas en Washington. A esa habitación se le conoce como la instalación para la información sensible y compartimentada (SCIF, por sus siglas en inglés). Para entrar hay que dejar todos los aparatos electrónicos en la puerta y en ella se puede discutir abiertamente sobre información clasificada.

Aquel 11 de octubre, Tomsheck y sus colegas fueron informados de que un adolescente que tiraba piedras había muerto por los disparos de un agente de la patrulla fronteriza que había actuado en legítima defensa. Tomsheck me dijo que sintió “sospechas inmediatamente” sobre la versión oficial de los hechos. La cadena de mando de las patrullas tenía “un historial bien documentado de desinformación intencionada. Después de participar en este tipo de reuniones durante años, después de cada evento de estas características, hay un intento de darle la vuelta a los hechos y distorsionarlos para evitar que se entienda de manera clara lo sucedido”.

Parte del problema era la multiplicidad de agencias cuya autoridad se superpone en una situación como esta. Tomsheck estaba acostumbrado a líos burocráticos que rayaban en la parodia. El Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS), que absorbió a varias agencias para crear la nueva agencia de protección de fronteras (CBP) tras el 11 de septiembre, tenía la primera opción para abrir una investigación de comportamiento incorrecto por parte de un oficial. Y eso se decide en la oficina del inspector general (DHS-OIG). Solo si ellos se negaban, la autoridad de inmigración y aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) podía investigar. Y solo si ellos renunciaban podía inmiscuirse el departamento de Tomsheck. La posibilidad de compartir información entre agencias era mínima.

Más allá del Departamento de Seguridad Nacional, el FBI también podía abrir una investigación paralela sobre el comportamiento de la patrulla fronteriza. No obstante, y según Tomsheck, era normal que el DHS-OIG tratara de aislar al FBI. En muchas ocasiones “evitaban compartir información y cooperar”.

Ronald Hosko, director adjunto de la división de investigación criminal del FBI entre 2012 y 2014, describió a la DHS-OIG como un lugar “problemático” que consideraba que “compartir información era mal comportamiento”. Añadió que “se enfrentaban a nosotros cada vez que podían. Creo que era un intento deliberado de sus oficiales de mayor rango, y de su inspector general, de no colaborar con el FBI”.

El agente John Zuñiga, del departamento de policía de Nogales, Arizona, posa en el sitio donde Swartz disparó su arma. Zuñiga respondió al llamado de actividad sospechosa la noche en que mataron al adolescente mexicano al otro lado de la frontera. Kirsten Luce para The New York Times

Pero a Tomsheck no le molestaba trabajar con el FBI. Su oficina tenía un agente de enlace que compartía información con ellos a diario. Poco después del tiroteo, los agentes de Tomsheck en la oficina de Nogales descubrieron que el informe de la patrulla fronteriza no era “coherente” con la información que surgió a partir de una visita al terreno. “Y eso desató una discusión con el FBI sobre un posible tiroteo problemático”, según Tomsheck.

Una semana después del incidente, Tomsheck estaba en la sede del FBI viendo las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la frontera. Las imágenes no se han hecho públicas. Según él, el video muestra “claramente” cómo los contrabandistas de marihuana tratan de escalar la valla mientras los dos policías de Nogales y un guardia de la patrulla fronteriza los miran. “No parecen estar preocupados por su seguridad”, dice Tomsheck de los oficiales. “No sacan sus armas. Tienen las manos en las caderas. Están de pie y miran. Si hubiera que ponerle un título al video sería ‘Otro día en la frontera’”.

Entonces se suma a la escena otro agente de la patrulla fronteriza. Apenas sale de su vehículo, según la versión de Tomsheck, el agente camina hacia la valla, saca su arma y comienza a disparar. No llegó a interactuar con los demás agentes en el lugar.

“Disparó el cargador completo. Doce balas. Cargó y disparó al menos un cargador más”, según Tomsheck. “Los demás parecen estar en estado de shock. No hay audio, pero no hay duda de que están pensando ‘¿Qué sabe él que nosotros no sabemos?’”.

Tomsheck dice que las imágenes “muestran que José Antonio no estaba tirando piedras cuando le dispararon”. Describe el tiroteo como la muestra “más escandalosa” de uso excesivo de la fuerza de todos los casos que ha revisado dentro del CBP y que le “enfada y enferma. Aunque hubiera tirado piedras, lo que podría ser cierto pese a no existir ninguna evidencia. Es la prueba de que un miembro de la patrulla fronteriza le disparó a un niño desarmado”.

Si no presentaban cargos contra el agente, pensó Tomsheck, sería como “decir que todo se vale en la frontera”.

La mañana del 11 de octubre de 2012, pocas horas después de que Tomsheck se enterara del tiroteo, Roberto Montiel conducía hacia un juzgado cuando recibió una llamada de una vieja amiga, Taide Elena. Nacido en Nogales, Arizona, Montiel trabajó como juez durante 20 años antes de abrir un despacho especializado en asuntos penales y familiares. Elena, inmigrante mexicana, como los padres de Montiel, había trabajado para Montiel como empleada doméstica. “Mi madre murió en sus brazos”, me dijo Montiel.

Aquella mañana Elena estaba fuera de sí. Llorando, le dijo: “Necesito tu ayuda, ¡mataron a José Antonio!”.

Elena era la abuela de José Antonio. Aunque había emigrado a los Estados Unidos veinte años antes, la familia de su hijo se quedó en Nogales, México. Vivían en La Capilla, un barrio a cuatro cuadras de la frontera, bautizado por una iglesia colonial blanca donde José Antonio y sus amigos solían jugar baloncesto.

Según la familia del joven, eso es lo que estaba haciendo la noche del 10 de octubre. Estaba caminando por la calle Internacional para encontrarse con su hermano mayor, Diego, que trabajaba en un Oxxo.

La familia no sabía mucho más. Así se lo explicó Elena a Montiel. Las autoridades mexicanas les habían informado de lo sucedido pero nadie los había contactado desde Estados Unidos. Los reportes de la policía de Nogales solo nombraban un herido: Tesko, el perro policía que llegó a la escena con Zuñiga. En su informe, Zuñiga escribió que a su perro le habían pegado con una piedra.

No tenía sentido. Eso fue lo que dijo Elena. Su nieto era un buen chico. ¿Por qué le iba a disparar la migra? Se preguntaba una y otra vez: “¿Van a hacer algo con este asesinato?” .

“Le expliqué la complejidad de un caso como este, que implicaba a dos países”, recuerda Montiel. No conocía muchos casos de tiroteos transfronterizos pero prometió averiguar si alguien consideraba presentar una acusación penal. Le pidió a Luis Fernando Parra, otro abogado, que le ayudara. Compartían oficina. Parra estaba especializado en casos migratorios y ya habían trabajado juntos en casos transfronterizos que implicaban lavado de dinero o problemas familiares.

Parra usó sus contactos en el Consulado de México para conseguir la autopsia y los informes de balística que se manejaban en la investigación. Lo que descubrió fue alarmante: incluso si, como sostenía la CBP, José Antonio hubiera tirado piedras contra los agentes –algo un poco extraño teniendo en cuenta el control que ejercen los carteles sobre barrios como La Capilla, donde tienen vigilantes con radios y binoculares que monitorean el movimiento de las patrullas por la frontera– la autopsia mostraba que los orificios provocados por los disparos tenían una trayectoria “de atrás hacia delante” con puntos de entrada “tras el pabellón auditivo” y en la “región posterior” del cuello, torso y músculo deltoide.

En otras palabras, le dispararon por la espalda.

Antes de que la autopsia se hiciera pública ya había comenzado a debilitarse la versión oficial de la muerte de José Antonio. Solo hacía falta pararse cerca de la valla, justo donde había ocurrido el tiroteo. En ese lugar el muro tiene seis metros de alto y está sobre un promontorio rocoso. Del lado mexicano, la caída desde la base es de otros siete metros y medio.

Desde la calle Internacional parece imposible tirar piedras que puedan pasar por encima o por el espacio entre los tablones, de unos centímetros apenas. “Está totalmente claro”, en palabras de Tomsheck, que visitó el lugar junto al FBI, que “no era posible que José Antonio hubiera lanzado algún objeto pudiera causar una herida en el lado estadounidense desde el lugar en el que estaba cuando recibió los disparos. Ni siendo pitcher de las ligas mayores hubiera podido hacerlo”.

 Un grupo de niños juega afuera de una escuela primaria cerca de donde ocurrió el tiroteo, en Nogales, México. Varias cámaras de vigilancia están colocadas a lo largo de la valla fronteriza en el lado de Arizona.CreditKirsten Luce para The New York Times

En los meses siguientes a la muerte de José Antonio, Parra y Montiel jugaron un papel de defensa de los intereses de la familia. Recopilaron información de las autoridades mexicanas, donde aún existe una investigación abierta, y la compartieron con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. No se había presentado ninguna demanda en Estados Unidos pero Parra me dijo que, al igual que Montiel, estaba “absolutamente” convencido de que habría una acusación criminal contra el agente de la patrulla fronteriza en Arizona.

Los agentes fronterizos en Estados Unidos suelen ser inmunes a la transparencia que se le exige a la mayoría de los miembros de las fuerzas de seguridad a nivel estatal y local. Una investigación realizada en 2013 por The Arizona Republic reveló que, desde 2005, los miembros de la CBP han matado a al menos 42 personas, la mayor parte en territorio estadounidense.

Sin embargo, las identidades de los agentes no se han hecho públicas y los acusados se enfrentaron a “pocas, si es que alguna, repercusiones públicas, incluso en casos en los que la justificación del uso de armas de fuego se encuentra bajo duda”. En 13 de los casos estuvieron implicados ciudadanos de Estados Unidos, y en al menos tres se trataba de adolescentes desarmados que recibieron tiros por la espalda.

Desde el punto de vista legal, la complejidad de un tiroteo transfronterizo no servía más que para aumentar la confusión en el caso de José Antonio. Si el agente de la patrulla fronteriza hubiera estado en México cuando le disparó al adolescente, podría haber sido arrestado y juzgado por las autoridades mexicanas.

Del mismo modo, si José Antonio hubiera estado en suelo estadounidense, la mayoría de los juristas están de acuerdo en que habría sido sujeto de derechos constitucionales. Pero la presencia de la frontera en la ecuación creaba un espacio fuera de la ley, un limbo jurídico.

En 2010 hubo un tiroteo similar en Texas. Un agente de la patrulla fronteriza llamado Jesus Mesa Jr. le disparó a un joven de 15 años, Sergio Adrián Hernández Güereca. Lo mató. Acusaron a Sergio de tirar piedras desde Ciudad Juárez a través del río Bravo y la justicia de Estados Unidos decidió que un ciudadano mexicano en suelo mexicano no estaba protegido por las garantías de la Constitución de los Estados Unidos.

Lee Gelernt, un abogado de la American Civil Liberties Union, ayudó a la familia de José Antonio. Señala que los disparos de Nogales plantean “preguntas importantes sobre la aplicabilidad de la constitución que la justicia tendrá que resolver”.

Y también plantea preguntas sobre exactamente qué significan nuestras fronteras. Desde el principio, esta historia subvierte la tensión dramática que rodea un crimen. La muerte de José Antonio no es el tipo de historia de “busca al asesino”, que implica buscar el arma homicida, informes científicos sobre la escena y la caza de un homicida desconocido. Los hechos más relevantes, incluyendo la identidad del agente de la patrulla fronteriza que disparó, se sabían inmediatamente después del tiroteo. Al menos las autoridades los sabían. Las dudas en torno al caso eran de carácter territorial, de competencia y, sobre todo, de carácter filosófico.

En Asuntos Internos,  las responsabilidades de Tomsheck incluían establecer los niveles de acceso del personal a la información y la conducta impropia de los funcionarios. Descubrió pronto que, cuando se trataba de infracciones serias, particularmente las que tienen que ver con el uso excesivo de la fuerza, su departamento tenía poco poder.

“Nuestro mandato era exigir la rendición de cuentas sobre el comportamiento de la patrulla fronteriza, pero nuestra autoridad para hacer ese trabajo era poca o ninguna”, según me explicó. “Desde el primer día se opusieron de manera activa a todos los pasos que dimos”.

De manera gradual, Tomsheck se dio cuenta de que avanzaba más trabajando junto al FBI en casos de corrupción, ayudándolos a investigar asuntos que luego pasarían al Departamento de Justicia. En uno de esos casos, en 2007, Tomsheck ayudó en la acusación contra Eric Macias, un agente que, utilizando su pase profesional, atravesó el control de seguridad de un aeropuerto con cinco kilos de cocaína en su equipaje de mano. Reconoció su culpabilidad por el delito de aceptar sobornos de narcotraficantes y lo condenaron a seis años de prisión.

 Kirsten Luce para The New York Times

Tomsheck me contó que llamó por cortesía a David Aguilar, el entonces jefe de la patrulla fronteriza. Solo le informaba del arresto de Macias. Esperaba agradecimiento, lo que encontró fue rabia. “Me dijo: No entiendes nada. No hacemos las cosas como tú. Nosotros arreglamos nuestros problemas. Me dijo que al actuar de esta manera, generábamos vergüenza en las familias de los agentes caídos en acto de servicio”. (Aguilar rechazó dar su punto de vista a través de un portavoz de su departamento).

En 2011, el número de casos por conducta inapropiada en la CBP era tan notorio –entre 2005 y 2012, el promedio de agentes de la institución arrestados era de uno al día, 144 de ellos por corrupción– que la agencia decidió redefinir el concepto de conducta inapropiada y sus categorías. Dividieron los casos entre los que ponían en riesgo el desarrollo de una misión y los que no. Y solo estos últimos llegarían a ser conocidos por el Congreso de Estados Unidos.

John Sandweg, que comenzó a trabajar en el DHS en 2009 como asesor de Janet Napolitano y luego sería director de la autoridad fronteriza ICE, confirma el relato ofrecido por Tomsheck de la competencia entre agencias. “Una fuente de tensión importante”, según Sandweg, era que el DHS-OIG “creía firmemente” que asuntos internos violaba las normas al compartir información con el FBI en vez de hacerlo con la oficina del inspector general y que los retrasos, inevitables al manejar los casos de corrupción, le preocupaban especialmente a Napolitano.

Sandweg dice que ese retraso era inevitable porque “mientras el Congreso dobló el número de agentes de la patrulla fronteriza, nunca le dio los recursos necesarios a la oficina del inspector general para manejarlos, ni el número adecuado de investigadores”. Pero no está de acuerdo con el punto de Tomsheck sobre los límites políticos para desarrollar su trabajo: “Es ridículo, nos centrábamos en buscar casos de corrupción. Punto”.

A Tomsheck también le preocupaba el modo en que aumentaba el tamaño de la patrulla fronteriza. Cree que revisar los expedientes de los nuevos funcionarios se convirtió en una tarea imposible. “Cuando duplicas el tamaño de una agencia a esa velocidad, acabas contratando a gente con una preparación mínima”.

Hablé con uno de los investigadores de asuntos internos de la CBP de aquella época.

E. (como quiere que se le identifique porque sigue vinculado de algún modo a la agencia) trabajó como agente en Texas más de 20 años y ahora lo hace en una empresa de seguridad privada. También cree que el incremento de las contrataciones creó problemas en la CBP. “Vi a algunos superiores, a los que había conocido desde siempre, decir: ‘Tenemos que trabajar con lo que nos mandan’. Se hicieron de la vista gorda con muchas cosas en aquella época. Tenían que llenar los cupos”.

En 2010, Tomsheck testificó ante un subcomité del senado sobre los resultados de un estudio interno que decía que un 60 por ciento de los agentes e inspectores de la CBP que habían pasado por una prueba de polígrafo no estaban calificados para servir en la agencia.

Tomsheck pensó que muchos de los problemas de la CBP podían atribuirse a la contratación de agentes sin experiencia en el cumplimiento de la ley. A los agentes nuevos, explica, “se les aseguraba que no eran parte de la estructura tradicional sino de una agencia de carácter militar con la atribución de proteger la frontera. Yo oía a la gente utilizar la palabra ‘policía’ de manera despectiva, lo que me pareció ofensivo. En aquella época, tenía 30 años de experiencia. Yo era policía. Pero no era lo que los mandos de la CBP querían que sus agentes pensaran. Llegaron a pensar que la ley no les aplicaba en la misma manera que al resto de las fuerzas de seguridad del país”.

En un caso de 2011, un patrullero de la frontera le disparó a un contrabandista de marihuana de 19 años de nacionalidad estadounidense. Fueron cuatro veces, en la espalda y en el muslo, mientras trataba de escalar la valla desde Douglas, Arizona, hacia México. Lo mató. El agente, Lucas Tidwell, nunca fue acusado.

Un año más tarde, un albañil de 37 años, Guillermo Arévalo Pedraza, estaba en un pícnic en un parque en la parte mexicana del río Bravo cuando un agente de la patrulla fronteriza le disparó desde un bote. El informe de la CBP afirmó que los agentes habían recibido pedradas. Ni siquiera mencionaba que Arévalo murió a causa de los disparos. Ningún agente fue sancionado. (La CBP solo confirma hechos pero no comenta sobre casos específicos).

 La abuela de José Antonio, Taide Elena, afuera de la casa de la familia en Nogales, México. Elena es la propietaria, pero ella vive en Nogales, Arizona. Muchos de los habitantes del área tienen familiares en ambos lados de la frontera. Kirsten Luce para The New York Times

El agente E. está familiarizado con el caso Arévalo. Tenía vínculos profesionales con los agentes que iban en la lancha, me confirmó. “Conociendo los detalles, la distancia, siete cargadores, sin causa justificada, fue con intención”, dijo. Y continuó: “Incluso si lanzó piedras desde esa distancia y el agente temía ser herido. Si fue así, podía haber hecho algo muy simple: sentarse”. Según E., el mexicano “fue ejecutado”.

James Wong, que trabajó para Tomsheck entre 2008 y 2011, había sido policía en Luisiana. No solo confirma la versión de Tomsheck de lo sucedido en asuntos internos, sino el que la militarización de la agencia ha llevado a sus miembros a transitar por un terreno incómodo.

“Cuando empecé en esto, a principios de los setenta”, me contó, “nos repetían cada día que no disparas por la espalda a alguien que huye a menos de que te estén disparando por encima del hombro. El uso de la fuerza letal para prevenir que alguien escape es ilegal. Pero la patrulla fronteriza cree que es la primera línea de defensa de Estados Unidos y he oído a muchos agentes decir ‘No vamos a entregar un palmo de suelo americano’, que viene a ser algo así como ‘Ni un paso atrás’. Si piensas de ese modo, estás creando las condiciones para una confrontación de consecuencias fatales”.

Cuando Wong le preguntaba a los agentes sobre el uso de la fuerza mortal para responder al lanzamiento de piedras, la respuesta típica era: “Si nunca te has vestido de verde no lo entenderás. La patrulla fronteriza se compara con los Marines. Sin ofender. Mi yerno es Marine. Pero si formas parte una fuerza de seguridad de carácter policial ese no debería ser tu modelo a seguir”.

Una tarde de septiembre de 2015, visité la cuadra de la calle Internacional de Nogales donde sucedió el tiroteo. Un perro tiraba con fuerza de la cadena que le ataba a una casa descuidada. Varias de las barras que forman la valla estaban llenas de pegatinas con la cara de José Antonio, al estilo Shepard Fairey. El artista había elegido un tono amarillo caramelo para la cara.

Llevaba unos 20 segundos junto a la valla cuando se me acercó el primer vehículo de la patrulla fronteriza. Un minuto más tarde apareció otro del que salió un agente de uniforme verde, chaleco antibalas y arma. “No estás autorizado a pasar nada a través de la valla”, dijo. Levanté la libreta y me identifiqué como reportero. Dudó y contestó: “Si te veo haciendo algo, tendré que actuar en consecuencia”. Le dije que estaba de acuerdo y regresó al vehículo. Se sentó y siguió mirándome.

Mientras caminaba de regreso a mi auto alquilado, el agente me hizo señas y me preguntó sobre qué escribía.

Conocía el caso. “Una historia triste”, dijo. Bajó la voz y dijo, en tono conspirativo, “la cosa es que fue legítimo”. Se refería a los tiros. No dio más explicaciones, solo dijo que a él también le habían tirado piedras y “era terrorífico”. Señaló una sección de la valla un poco más allá, sobre la misma calle, y me explicó que era un punto de salto habitual. Lo era. Cuando me acerqué a mirar, el color de las barras se había desgastado por el uso y había dejado manchas blancas.

Un poco más allá de ese trozo de valla vivía José Antonio, en uno de los barrios históricos de Nogales. Cuando visité el lugar de su muerte, en la esquina de la calle Ingenieros con la calle Internacional, alguien ya había llenado los agujeros de bala en la pared del consultorio médico, pero también habían puesto pósteres con la cara del joven en los que se leía la palabra “¡JUSTICIA!”.

Eran más de las ocho de la noche pero un grupo de niños de uniforme pasó caminando. Venían de la escuela. La sobrepoblación hace que en México los niños vayan a la escuela por jornadas. Uno llevaba una pelota de baloncesto en la mano. Una niña, un ukelele.

El hermano de José Antonio, Diego, con su hijo Diego. Kirsten Luce para The New York Times

José Antonio vivía cerca de esa esquina, en la parte alta de una pequeña colina de roca y frente a una escuela. Su casa está rodeada de viviendas destartaladas. Hay que subir un poco para llegar al jardín, rodeado por un muro a medio construir. Por dentro, la sala es modesta, con paredes de yeso agrietado. Habían erigido un pequeño altar sobre una mesa, con una foto de José Antonio a los 15 años y flores, velas y ángeles de cerámica alrededor. Era la misma foto de los pósteres. José Antonio se veía joven, con una camiseta bajo otra camiseta polo a rayas y con una expresión tranquila.

Araceli Rodríguez, la madre de José Antonio, vestía una blusa roja y jeans cuando la visité. Toda la familia habla español. Con el pelo recogido hacia atrás, la boca fija en una mueca melancólica, ansiosa. Creció en Navojoa, una ciudad pequeña cerca de la costa del golfo de California. A los 18 años se mudó a Nogales junto con la familia de su hermano y pronto conoció a quien sería su marido, Román Elena Zojo.

No quería hablar mucho de él. Tenían cuatro hijos juntos, pero él terminó en la cárcel en 2009 después de un secuestro en el que la víctima murió. Estuvo diez años tras las rejas. La pareja se separó. Poco después de recuperar la libertad, apareció muerto en Nogales, México, con una bolsa de plástico en la cabeza y un letrero sobre el cuerpo que decía “Los bajadores”. Las noticias locales del momento dijeron que estaba involucrado con el tráfico de drogas y de migrantes a través de la frontera. Cuando mataron a su padre, José Antonio tenía 13 años. Lo había visitado en prisión alguna vez, pero nunca se conocieron bien.

Para sacar adelante a sus cuatro hijos como madre soltera, Araceli trabajaba limpiando un banco en Navojoa, a nueve horas en autobús de Nogales. Las dos niñas más pequeñas vivían con su madre, mientras que los dos chicos vivían en Nogales y los cuidaban Taide Elena y una tía. Araceli dijo que hablaba con sus hijos y los visitaba cada vez que podía.

Diego, el hermano de José Antonio, de 22 años, alto y delgado, con una sutil barba de candado, habló conmigo sentado en una silla de la cocina, justo bajo el marco de una puerta medio torcido. Desde la calle, una música norteña se abría paso a través de los agujeros agrandados en la malla metálica de una puerta. Cuando le pregunté qué hacía con su hermano para divertirse, la cara se le puso roja y empezó a llorar.

Seis meses después de la muerte de José Antonio, una pareja de fiscales adjuntos de Estados Unidos concertaron una cita con Araceli y con Diego. Parra recuerda que las entrevistas tuvieron lugar dentro de una habitación de la estación de paso fronterizo de Nogales.

Pese a vivir tan cerca de la frontera y tener familiares al otro lado, a ninguno de los miembros de la familia del lado mexicano les habían aprobado una visa para entrar a Estados Unidos. “El interrogatorio fue duro. Pero la familia está totalmente segura de que José Antonio no estaba metido en nada”.

El Departamento de Justicia también entrevistó a varios testigos en México.

Un guardia de seguridad de 34 años, Isidro Alvarado, les contó a los investigadores que caminaba por la calle Internacional, unos seis metros detrás de José Antonio, cuando vio que dos personas los pasaron corriendo y tomaron un desvío lateral. Segundos después, escuchó los tiros y José Antonio cayó al suelo.

 De izquierda a derecha: el hermano de José Antonio, Diego; la novia del adolescente al momento de su muerte, Luz; su madre, Araceli, y su abuela, Taide Elena. Hay una cruz y una fotografía en el sitio donde lo mataron. Kirsten Luce para The New York Times

Otro testigo, el dueño de un restaurante que vive en la acera de enfrente del consultorio médico, entraba a su casa cuando oyó que pasaba algo junto a la valla. Les dijo a los investigadores que vio a los dos contrabandistas tratando de escalar de regreso a México. Entonces, cuatro hombres comenzaron a lanzar piedras desde el lado mexicano y pasaron corriendo frente a su casa. Luego, los tiros. Cuando terminaron los disparos salió de nuevo y se encontró con el cadáver de José Antonio.

Después de la entrevista, la familia Rodríguez no recibió más noticias del Departamento de Justicia. Parra y Montiel tampoco, ni sobre el punto en el que se encontraba la investigación ni sobre los cargos que se presentarían contra el agente.

La familia no lo sabía, ya tenía bastante con el dolor, amplificado por el silencio de las autoridades, pero el incidente enturbiaba la situación en el interior de la administración fronteriza.

A finales de 2012 las noticias sobre lo que le había pasado a José Antonio habían aumentado el escrutinio sobre la agencia. Tomsheck también le había dicho al director adjunto de la CBP, Thomas Winkowski, que había un “problema de uso de la fuerza” dentro de la agencia.

En respuesta a esta presión externa, la CBP encargó un estudio independiente a una organización sin ánimo de lucro, el Police Executive Research Forum (PERF) para que revisara todos los incidentes registrados entre enero de 2010 y octubre de 2012 en los que un agente hubiera utilizado fuerza letal: 67 casos y 19 muertes.

El informe, demoledor, se filtró en febrero de 2014 y describía a agentes que “se ponían de manera intencional frente a la ruta de salida” de sospechosos que huían en vehículos “y creaban así una justificación para el uso de fuerza letal”.

En el caso del lanzamiento de piedras, los autores señalaban que “en demasiados casos no se cumplen los requisitos de razonabilidad objetiva para el uso de la fuerza letal”. Recomendaba que la CBP “entrene a sus miembros para disminuir la posibilidad de enfrentamiento buscando refugio, saliéndose del alcance del enemigo y usando armas de menor letalidad”. El informe también recomendaba que “los oficiales y agentes deberían tener prohibido el uso de fuerza letal sobre sujetos que lanzan objetos que no pueden causar daño físico severo o muerte”.

El informe no mencionaba detalles específicos, pero ciertos casos de tiroteos fatales que cubrió la investigación ya eran públicos y revelaban resultados problemáticos. En 2010, Miguel Torres Vazquez, un agente fronterizo en Douglas, Arizona, mató a un migrante sin documentación llamado Jorge Alfredo Solís Palma. Vazquez alegó que Palma había tirado piedras.

El mismo año, en Eagle Pass, Texas, el agente Taylor Poitevent persiguió a una camioneta que conducía Juan Mendez Jr., ciudadano estadounidense de 18 años. Mendez había tratado de huir con 104 kilos de marihuana que alguien había pasado de manera ilegal por el río Bravo.

Poitevent le disparó a Mendez por la espalda después de que ambos se agarraran a golpes en un jardín residencial. El verano siguiente, otro agente, Dorian Diaz, mató a Jesús Yáñez Reyes, migrante indocumentado. Diaz argumentó que Reyes tiraba piedras desde un árbol en el lado mexicano de la valla cerca de la frontera entre San Diego y Tijuana. No hubo acusación penal contra ninguno de los agentes.

Cuando se filtró el informe, Tomsheck ya tenía una copia desde hacía un año. Muchos dentro de la institución no le daban credibilidad. “La opinión de la patrulla fronteriza es que muchas de las recomendaciones no eran válidas”, me dijo Tomsheck. “Lo vi como un ejemplo más de los intentos de la CBP por desarrollar pautas de conducta distintas a las políticas de uso de la fuerza comunes a las fuerzas de seguridad de Estados Unidos”.

En mayo de 2014, tres meses después de la filtración del informe, el nuevo comisionado de la CBP, Gil Kerlikowske, publicó un nuevo manual de uso de la fuerza que incorporaba algunas de las recomendaciones del informe.

 Un dibujo del agente de la Patrulla Fronteriza, Lonnie Ray Swartz, en el juzgado. Maggie Keane

El mes siguiente, Tomsheck recibió una carta de Kerlikowske que llaman coloquialmente “3R”. La carta le obligaba a renunciar, retirarse o buscar una reasignación. Él presentía que lo iban a sacar de su puesto en asuntos internos. Su enfrentamiento constante con los mandos de la CBP lo habían convertido en una persona impopular y el informe se había filtrado después de que él le diera una copia, contra la voluntad de los mandos de la CBP, a la oficina del inspector general de la DHS. El Congreso de Estados Unidos le había pedido copias a la CBP desde el otoño pasado pero solo había recibido copias del sumario.

Una hora después de recibir la carta del nuevo comisionado de la CBP, Tomsheck vio una noticia sobre su destitución en la página web de Los Angeles Times. En ella, un funcionario de Homeland Security al que no se nombraba decía que Tomsheck había fracasado en darle seguimiento a los casos de abuso y a las quejas por uso excesivo de la fuerza.

“No lo vi venir”, me dijo Tomsheck. Una año más tarde reconoció que esa acusación “todavía me persigue”. La rechazó con firmeza pero aún así fue replicada por medios de todos el país entre los que se incluyó The New York Times. Tomsheck dijo que “puede afirmarse que nadie fue más agresivo que yo a la hora de tratar la cuestión del uso de la fuerza. Buscaban un chivo expiatorio para resolver el hecho de que en realidad eran responsables de una conducta muy inapropiada”.

El punto de vista de Tomsheck recibió apoyo de algunos colegas, entre los que se encuentran su colaborador James Wong, Ronald Hosko, quien fue director adjunto de la unidad de investigación criminal del FBI, y el excomisionado de la CBP Ralph Basham.

A Tomsheck también le pareció sospechosa su reubicación. Su nuevo cargo, director ejecutivo de programas de la CBP, no existía hasta días antes de que se lo dieran y le pareció extraño que lo trasladaran a la agencia con la que había estado en “conflicto permanente” como responsable de su departamento de asuntos internos. “Creo que el puesto se creó para arrinconarme y silenciarme”, dice.

Cuando supo de su traslado, Tomsheck presentó una queja ante las autoridades federales en la que argumentaba que se habían tomado represalias contra él porque había criticado abiertamente el comportamiento de la CBP en temas de uso excesivo de la fuerza y corrupción. La queja pasó a ser parte de un proceso de conciliación laboral confidencial entre la CBP y Tomsheck.

En septiembre de 2014, el secretario de Homeland Security, Jeh Johnson, aumentó las competencias de Asuntos Internos de la CBP para investigar a sus propios agentes y nombró provisionalmente a un exagente del FBI, Mark Morgan. Le encargó también revisar los 67 incidentes del informe.

En junio pasado, un informe independiente encargado por Johnson describió a Asuntos Internos como un departamento con muy poco personal y recomendó que la agencia estuviera a cargo de las investigaciones en lugar de la oficina del inspector general del DHS. El mismo mes se hicieron públicos los hallazgos de Morgan: según la revisión interna, solo cuatro de los 67 incidentes de uso de la fuerza merecían ser objeto de mayor investigación.

 Una imagen familiar donde aparece José Antonio, al centro, meses antes de su muerte. Fotografía cedida por Taide Elena.

A medida que se acercaba el segundo aniversario de la muerte de José Antonio, los abogados le recomendaron a la familia que ejerciera el único recurso que le quedaba: que demandaran al agente que le había disparado.

El caso tenía que presentarse como una demanda del tipo John Doe, nombre genérico que se usa cuando la identidad del sospechoso no es pública. La CBP no había informado si el agente había sido retirado de su puesto, mucho menos si había recibido cualquier medida disciplinaria.

Parra y Montiel le pidieron a ACLU, una asociación de defensa de los derechos civiles, que les ayudara y se asociaron con Gelernt, quien ha actuado como observador en materia de derechos humanos en la prisión de Guantánamo y ha litigado ante la Corte Suprema. “La cuestión constitucional que plantea el caso de José Antonio, es decir, en qué medida se aplica extraterritorialmente la constitución, es algo que la ACLU ha trabajado en diferentes contextos”,  me dijo Gelernt.

“Desde cierto punto de vista, es una cuestión de sentido común y juego limpio que la ley permita que la familia pueda presentar esta demanda. No puede ser que un agente de Estados Unidos abra fuego contra niños mexicanos a través de un hueco en la valla y no haya consecuencias. En una ciudad por la que la gente camina junto a la frontera tiene que existir algún grado de reciprocidad en el imperio de la ley. No puede darse la situación de que cualquiera que viva en una ciudad fronteriza de México o Canadá corra el riesgo de que le disparen y no tenga la posibilidad de hacer valer sus derechos”.

Pero tras el fracaso de la demanda previa que la familia de Sergio Adrián Hernández Güereca presentó en Texas (y que ha sido apelada) Gelernt asumió que el caso sería difícil y que si el juez federal permitía que la denuncia progresara, el caso podría llegar a la Corte Suprema.

El caso Rodríguez contra John Doe se presentó el 29 de julio de 2014. “En el momento del tiroteo, los agentes no se encontraban bajo la amenaza de José Antonio ni de nadie cerca a él”, dice la denuncia. “Su muerte no tuvo sentido ni justificación”.

Ese noviembre, la familia de José Antonio consiguió su primera victoria legal cuando el juez federal de Arizona, Raner Collins, ordenó que se hiciera público el nombre del agente: Lonnie Ray Swartz. Eso fue lo único que se hizo público. Nada más. Ni siquiera una fotografía. Y Swartz no compareció ante el tribunal como tampoco lo hicieron Araceli ni Diego, que todavía no podían entrar a Estados Unidos.

El juez rechazó la petición de inmunidad que presentó la defensa de Swartz siete meses después, lo que contradecía la decisión del caso Hernández, en el que otro juez había decretado que la familia no tenía derecho a presentar la denuncia. Collins también entendió que José Antonio “no era sospechoso de haber violado ninguna ley ni se le había acusado de nada”, que había “estado visible y no se había escondido”, que los testigos “dijeron que no presentaba amenaza y que caminaba con normalidad por la calle”, que no era “ciudadano de un país con el que Estados Unidos estuviera en guerra” y que “en vista de la información y el raciocinio, Swartz no había advertido verbalmente antes de abrir fuego”.

Swartz apeló la decisión. Y mientras el caso avanzaba por la vía civil, llegó otra sorpresa. La que las partes implicadas habían dejado de esperar: en septiembre se anunció la acusación federal en Tucson, Arizona, contra Swartz por homicidio en segundo grado. Según el documento, Swartz, “armado con una pistola semiautomática P2000, mató de manera ilegal con premeditación y malicia”. El 9 de octubre de 2015, el día antes del tercer aniversario de la muerte de José Antonio, Swartz compareció ante un juez de Tucson por primera vez.

Es el primer miembro de la patrulla fronteriza que se enfrenta a cargos por disparar a través de la frontera. The Arizona Republic lo describió como un “hombre alto, de pelo corto, pelirrojo y bigote rojo claro”. Un representante del sindicato de guardias explicó que lo habían transferido a Nevada y que debido a la acusación estaba en situación de baja administrativa.

¿Por qué ahora? Tomsheck había visto las pruebas recopiladas por el FBI, los videos, la autopsia y las transcripciones de las entrevistas y todo lo que estaba en manos del Departamento de Justicia en los meses posteriores al suceso. “No puedo comprender cómo pasaron tres años para llegar a la acusación”, dijo.

La decisión de Collins, su dureza, puede haber jugado un papel importante. “Dejó bien claro que el caso civil debía avanzar pero fue más allá al afirmar, con un lenguaje firme, que se trata de un caso claro de uso excesivo de la fuerza”, dijo Tomsheck. “Podría haber generado un escenario en el que si no presentan una acusación penal contra Swartz, el Departamento de Justicia tendrá que dar muchas explicaciones”.

El sindicato de la patrulla fronteriza publicó un comunicado en el que afirmaba apoyar a Swartz “al 100 por ciento”. Swartz se declaró no culpable. Collins decretó una orden de protección de las pruebas, lo que significa que por el momento miles de páginas de documentos y videos que muestran el tiroteo que cobró la vida de José Antonio, aportadas por el fiscal, no serán hechos públicos.

La familia de José Antonio se alegró al conocer la acusación contra Swartz. Diego dijo que la versión de las piedras no era más que una “sarta de mentiras”; Elena, que “esa es la excusa que siempre ponen. Él no era un delincuente”.

Elena solía ir a México para visitar a sus nietos. La noche antes de su muerte, José Antonio la acompañó hasta el puesto de control de la frontera. “Era un buen chico, centrado, tenía metas”. Ya le había comprado el reloj que había pedido para Navidad aunque todavía era octubre. Lo dejó adentro del ataúd.

A Araceli y a sus hijos les dieron permiso para estar presentes durante la acusación. Fue la primera vez que entraron a Estados Unidos. En la corte, a Araceli le impactó el tamaño de Swartz. “Era un hombre grande, inmenso”, dijo.

No podía entender cómo un hombre de ese tamaño pudo sentirse amenazado por su hijo. No lo miró directamente a la cara y él nunca miró hacia donde estaba sentada la familia. Ella no quiere ver el video ni ninguna de las pruebas que existen sobre la muerte de su hijo. “Quiero recordarlo como era cuando estaba vivo”. Tiene intención de asistir a todas las sesiones del juicio, “a todas en las que ese hombre esté presente”. La siguiente está convocada para este mes.

Cuando la visité en su casa, Araceli me había dicho, secándose las lágrimas: “Hay veces en que pensamos en José Antonio y nos imaginamos que aún está con nosotros. Es increíble que no sea así”.

Debe ser difícil que te pidan evocar el retrato de un niño que se fue para siempre, fijar en el tiempo a una persona que crecía; inevitablemente será un intento incompleto. Según su familia, José Antonio era un chico reservado. Prefería los días nublados. Diego solía reírse de él porque lloraba viendo “El rey león”. José Antonio sabía que su hermano podía ser delicado, un tanto hipocondríaco, y una vez lo engañó para que saliera de una poza en la que nadaban diciendo: “Parece que te van a estallar los ojos, ¿cuánto tiempo llevas ahí?”. Tenía novia. Regañaba a su hermano por tener el brazo tatuado y no quería tatuarse, le daba miedo que eso limitara sus posibilidades de entrar al ejército a los 18 años, un plan que había acordado con varios amigos. Por el mismo motivo estaba dedicado a terminar la secundaria. Ya había tenido que dejar de estudiar un tiempo porque su familia no podía pagar la colegiatura.

El lunes después de su muerte iba a regresar a clases.

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Mark Binelli es colaborador de la revista Rolling Stone. Su segunda novela, ‘‘Screamin’ Jay Hawkins’ All-Time Greatest Hits”, será publicada en mayo por Metropolitan/Henry Holt.
Tomado de The New York Times