fotografía militares privilegiados

Por Rubén Darío Buitrón

Un puñado de militares pasivos, dolidos porque debieron devolver parte de un pago exagerado de una asambleísta (entonces ministra del gobierno de Alianza PAIS) por terrenos donde ahora funciona en Guayaquil el parque Samanes, inició una suerte de resistencia pasiva contra el presidente de la República, cuando este pidió revertir parte de ese dinero y reveló que en las Fuerzas Armadas había desigualdades graves entre la tropa y la oficialidad.

Más allá de que la hoy vicepresidenta de la legislatura también debió sufrir un severo llamado de atención o ser destituida por Alianza PAIS debido a su grave error administrativo cuando era ministra de Ambiente, era obvio que a los mandos, que gozan (aún) de muchos privilegios, no iba a gustarles que el Presidente sacara a la luz lo que ninguno de los presidentes anteriores (rehenes de los militares por diversas razones, como Velasco Ibarra) se atrevía a decir.

¿Por qué, por ejemplo, los oficiales tenían lujosos casinos y la tropa no contaba con lugares cómodos para su relax?

¿Por qué, por ejemplo, los oficiales comían en vajilla de cerámica y la tropa en platos y utensilios de hojalata?

¿Por qué los altos mandos se retiran con altas pensiones mensuales (de cuatro a cinco mil dólares) y la tropa con salarios ínfimos?

¿Por qué, además del retiro salarial privilegiado, luego se les nombraba para altas funciones en empresas militares y públicas donde ganaban otro monto importante (incluso en el gobierno de Rafael Correa)?

¿Por qué tenían hospitales militares privados (exclusivos para ellos) mientras el ciudadano civil solo podía acudir a los centros médicos públicos, siempre escasos de medicinas y con una atención deficiente al ciudadano común?

¿Por qué controlaban escuelas y colegios militares para formar a sus hijos como una casta que heredería su posición de élite?

¿Por qué tenían comisariatos militares donde solo sus miembros podían ingresar para adquirir artículos importados, traídos muchos de ellos en aviones de carga pertenecientes al Estado, desde otros países?

El Presidente ordenó que se cambiaran estos y otros privilegios, como la ley del ISSFA, y los militares, que según la Constitución de la República deben obediencia al poder civil, ahora se niegan a hacerlo, en una actitud abiertamente anticonstitucional y abiertamente antidemocrática.

Si realmente quisieran aportar a la construcción de una verdadera democracia, los militares tendrían que admitir que ellos y los civiles y militares gocemos de los mismos derechos y obligaciones. Que no existan inequidades ni privilegios entre unos y otros.

Construir una sociedad democrática no es imponer caprichos de un sector o de una élite privilegiada, por más preparada que esté para defender nuestras fronteras y (como en ciertos casos de la historia contemporánea) atacar a sus propios compatriotas, como la masacre de Aztra en la dictadura militar de finales de los años 70.

La democracia se fortalece con disensos y consensos, eso es cierto, pero nunca con privilegios de grupos específicos que creen ser superiores a los demás.

No es democracia ninguna estructura jerárquica impuesta de manera jerárquica.

La obediencia forzada, como un edificio de columnas rígidas durante un fuerte sismo, tiende a quebrarse el día que las tropas sean más conscientes y exijan un trato más humano y el cese de prebendas para los altos mandos.

Entendámoslo de una vez: los militares no son dueños de la Patria.

Deben respeto al poder civil, sea quien fuere el Presidente.

Por eso y otras razones, los civiles no podemos confiar en ellos.

Nunca más deberemos dejar ni apoyar ni pedir que se vuelvan “los árbitros de la democracia”, con golpes de Estado donde ellos terminan poniendo a un civil obediente a ellos y a los gobiernos de los Estados Unidos.

Cabe recordar que EE.UU. auspició desde los años 60’ en Panamá la “Escuela de las Américas”, nefasto lugar donde el Pentágono instruía (¿lavaba el cerebro? ¿hacía lobotomías?) a los militares latinoamericanos y por donde pasaron los futuros dictadores, los futuros torturadores, los futuros criminales como los del Cono Sur, entre los años 70 y 80 (Pinochet, Videla, Viola, Stroessner, entre los más viles).

Hoy, en redes sociales, algunos oficiales ecuatorianos, unos pocos dando la cara y la mayoría escondiéndose en la cobardía de avatares y apodos, insultan con los peores epítetos al Primer Mandatario, a quien tienen la obligación de respetar (todos tenemos esa misma obligación, nos guste o no lo que hace el Presidente).

Para cerrar el círculo de prepotencia, y como si las FF.AA. fueran un país aparte, el Consejo de Disciplina Militar niega el pedido de sancionar al capitán Ortega, quien dirigió al Jefe de Estado una carta desafiante y retadora.

El Consejo de Disciplina, cuya decisión ya ha sido bloqueada por una jueza civil, actuó bajo el supuesto de que ese tipo de sanciones solo se ejecutan cuando un militar inferior se subleva contra un superior.

¿Y el Presidente no es el Comandante de las Fuerzas Armadas, según la Constitución de la República?

14. Ejercer la máxima autoridad de la fuerza pública, designar a los integrantes del alto mando militar y policial, otorgar los ascensos jerárquicos a los oficiales generales y aprobar los reglamentos orgánicos de la fuerza pública, de acuerdo con la ley.

15. Asumir la dirección política de la guerra.

16. Mantener el orden interno y la seguridad pública.

Con razón, el graffitti popular sentencia: “Si militarizamos a los civiles, ¿por qué no civilizamos a los militares?”.