fotografia-reporteros

Rubén Darío Buitrón

El próximo gobierno, incluido el del candidato oficial Lenin Moreno (hasta ahora con las mayores cifras de preferencia en el electorado), ya no podrá seguir la misma línea que manejó durante casi diez años el equipo del actual presidente, Rafael Correa.

El discurso del socialismo del siglo XXI, por ejemplo, se fue desvaneciendo de a poco entre las manos de la propia gente que lo amasaba porque la realidad hizo aterrizar, de muchas maneras, la retórica y lo puso en tierra firme.

Si llegara Moreno, o en su lugar otro de los candidatos que están ya en carrera, el país deberá sentir un cambio en la forma de comunicar y de usar los espacios, tanto gratuitos como pagados, que salgan del Estado como mensajes a la población.

El paradigma deberá ser al revés de lo que ha sido durante esta época: menos discurso político-partidista-proselitista y más contenido social formativo, educativo, constructor de una nueva sociedad, que es lo que queremos todos los que sin interés personal amamos el Ecuador.

Por supuesto que el futuro gobernante deberá defenderse si se lo ataca, pero la manera en que  realice esa defensa no debe sobredimensionarse para que los ciudadanos tampoco asuman que (a menos que la agresión sea extrema,  como ocurre con ciertos periodistas) quien ha proferido el ataque político es solo un adversario ideológico, nada más.

A nadie puede quedarle duda de que cuando Colombia nos atacó bombardeando nuestro territorio, el presidente de entonces, Álvaro Uribe, se convirtió en nuestro enemigo, un enemigo que recientemente volvió a mostrar su vileza con su propio país, al que con su influencia y con la ayuda de poderosos medios privados le negó la paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC.

Por eso es necesario dimensionar.

Porque nuestro país, con el próximo gobernante, está obligado como sociedad a dar un paso de gigante en la construcción de los consensos y de los disensos sabiéndolos procesar: no todo lo que expresa el adversario es negativo ni todo lo que dice el mandatario es positivo.

Se impone consolidar e institucionalizar lo que en esta fase fue, en muchos casos, un simple posar para las cámaras y los boletines de prensa: la “socialización” de los proyectos y las leyes, que no fue real.

Si persiste la Constitución del 2008, también habrá que reconvertir a entidades como las Superintendencia de Comunicación (Supercom) o el Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom).

Supercom debería pasar de una entidad que actúa, consciente o inconscientemente, con sentido de revancha y de dedicatoria. Los llamados medios públicos, de los cuales ya vamos a hablar, fueron tocados de paso, mientras que los medios privados estaban no bajo una lupa sino bajo un microscopio. La Supercom debió ser más justa y equilibrada.

Cordicom, en cambio, fue desmoronándose en el camino. Primero, un exceso de rotación de sus principales miembros, que entraron y salieron por diversas causas, incluso algunos desacuerdos internos que nunca salieron a la luz, pero que demostraron que algunos de sus directivos ni siquiera tenían claro qué hacer con el organismo.

La Secretaría de Comunicación (SECOM), en cambio, que cumple otro rol, también deberá enterrarse y renacer. La Secom se transformó en un aparato político de defensa y ataque, de ataque y defensa, reduciendo su rol a un juego de tenis de mesa.

La Secom deberá ser, al mismo tiempo, más prudente y más contundente. Ha hecho bien su papel de difundir todo aquello que los medios privados, declarados adversarios del Gobierno, nunca difundieron. Ha hecho bien en organizar encuentros del Presidente con la prensa nacional e internacional.

Pero ha hecho mal en satanizar o liderar la satanización de todos los periodistas y  de los medios, generalizando un discurso de que todo aquel que se oponga o que cuestione la gestión oficial es “prensa corrupta”, lo cual la misma experiencia de trabajar en medios privados pequeños y asesorar a prensa de algunas provincias me hace decir, con sobra de conocimientos, que sí existen periodistas y medios que luchan por hacer bien su trabajo.

Los espacios públicos con los que cuenta la Secom debieran servir para grandes campañas de identidad de los ecuatorianos, para elevar su autoestima, para formar a la población en los grandes temas de salud, de educación, de convivencia, de corregir malos hábitos, de adecuado comportamiento social en lo que interesa a la comunidad.

A la Secom le ha faltado cultivar en el ecuatoriano un elemento cultural de nuestros ancestros: el sentido de minga, de trabajo colectivo, de solidaridad cotidiana.

El nuevo presidente deberá cumplir la palabra que no pudo cumplir el actual: vender los medios incautados de televisión, de radio y de prensa.

Porque en este punto no ha existido la transparencia ni la ética adecuada: si bien el régimen ha repetido muchas veces que su intención es lograr que alguien compre esos medios y ha dicho que no hay ofertas, en realidad los usó como si fueran oficiales y les dio un manejo político favorable a él en la información difundida en sus espacios noticiosos.

No hay olvidar que la propaganda es una simple herramienta. Y que, como toda herramienta, puede ser usada bien o puede ser usada mal, según las intenciones de quien la porte.

Como dice Virginia Beadoux en el libro La propaganda gubernamental, “la función histórica de la propaganda ha sido alimentar el miedo, el odio y la ignorancia; pero cuando está guiada por buenas intenciones también tiene el potencial positivo de servir a fines constructivos, pacíficos e informativos”.

La comunicación social es decisiva para una sociedad. Lo saben los grandes medios privados, en especial los llamados “de referencia”, cuya línea editorial ha sido abiertamente contraria a la línea política del gobierno.

Pero lo saben también quienes manejan, desde el círculo más alto del régimen, todos los medios que no son públicos sino gobiernistas, aunque es necesario recordar que cuando se les incautó a los exbanqueros Isaías, con sobra de razones por la deuda que hasta ahora no pagan al Estado y los ciudadanos que confiaron en ellos, se prometió en voz alta que dichos medios se venderían o (en un gran sueño que luego se esfumó) serían propiedad de los propios empleados y  trabajadores en calidad de accionistas.

La propia constitución lo dice y es una deuda que el actual gobierno nos quedará debiendo. Solamente existen tres tipos de medios: los privados (33% de frecuencias), los públicos (33%) de frecuencias, y los comunitarios (34% de frecuencias).

La Carta Magna no habla de medios “oficialistas” ni gubernamentales”. Y eso es lo que son los medios actuales mal llamados públicos.

Porque un medio público se define por sí mismo como una herramienta manejada por los ciudadanos y desde los ciudadanos, según su manera de administrarlos tanto en sus finanzas como en sus contenidos.

Yo no creo en la neutralidad y, por tanto, cada medio, sea del carácter que fuere, tomará su camino ideológico, político y ciudadano. O al revés.

Pero no cabe, según la misma Constitución, que diez años después de asumido y ejercido el poder, el gobierno no haya podido efectivizar esa distribución democrática y plural de los medios.

La maestra Pilar Núñez, recientemente fallecida y de quien siempre admiraremos su claridad conceptual, abogaba siempre, desde los debates en Montecristi, porque el Estado configurara un sistema de comunicación social propio, coexistiendo con lo privado, lo público y lo comunitario, pero precisando que aquel sistema debe orientar sus contenidos hacia lo social, lo pedagógicamente colectivo, lo que rinda frutos cívicos, educativos, culturales, estéticos, patrióticos.

Pilar no pudo convencer a los integrantes de su mesa durante la elaboración del proyecto y muchos años después, apenas en el 2013, entró en vigencia una Ley de Comunicación en la que nunca hubo una socialización adecuada, en la que no se contó con el criterio de todos los actores de la comunicación.

Pilar diferenciaba muy bien lo que era libertad de expresión, libertad de prensa y abusos en los dos casos. Hoy me parece que nadie lo tiene claro.

Basta recordar que quienes presidían la comisión legislativa fueron dos personas absolutamente lejanas al periodismo pero muy cercanas al gobierno: Betty Carrillo y Mauro Andino.

Yo no estoy contra la Ley, porque –lo he dicho siempre- nos la merecíamos hace rato. Durante muchísimos años la prensa y los periodistas, consciente o inconscientemente, abusamos de nuestro supuesto “cuarto poder”, pusimos y botamos gobiernos, influimos para que el Estado se mueva a nuestro ritmo.

Estoy en contra de una ley con vacíos, con dedicatorias, con exceso de poder a los funcionarios de control, con imprecisiones, con ambigüedades, con generalidades, insensible ante la diaria realidad de los medios y los periodistas.

Estoy contra una ley que no promueve la transparencia, otro de los temas que se planteó en Montecristi pero que quedó en el aire: ¿no debería prohibirse que los medios dejen de llamarse a sí mismos “independientes” si en realidad tienen una línea política u otra? ¿El Telégrafo no debería decir que está con el Gobierno y Ecuavisa no debería decir que está con el candidato Guillermo Lasso?

Señores candidatos a la Presidencia y a la Asamblea: desde mi modesta condición de ciudadano, exijo que a necesidad de una Ley de Comunicación democrática, equilibrada, justa, precisa, cuya normativa no huela a dedicatoria sino a una Ley de verdad.

A una Ley que precise qué y cómo se define el linchamiento mediático. A una Ley que sirva para regular, no para controlar. A una Ley que no atemorice, sino que norme. A una Ley cuyos artículos no se puedan alterar al capricho del funcionario.

A una Ley que la cumplamos todos sin miedo, sin autocensura, con sentido ético no impuesto sino propio, conscientes de que periodística manejamos, metafóricamente, material explosivo para la sociedad.

Anuncios