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Por Guillermo Navarro Jiménez

El debate sobre la distribución de frecuencias, ha concentrado su atención en la asignación de frecuencias por tipos de medios y en lo procedimental, relegando a un segundo plano los principios fundamentales que contiene la Constitución respecto a la comunicación, así como normas expresas de la Ley Orgánica de Comunicación.

Efectivamente, en tanto las fuentes oficiales consideran que lo importante para la recuperación de derecho a la comunicación es el establecimiento de “un nuevo esquema de administración del espectro radioeléctrico” mediante un reparto equitativo: 33% para medios públicos, 33% para medios privados y el 34% para medios comunitarios, como lo establece la Ley Orgánica de Comunicación en el artículo 106, los potenciales afectados en la asignación de frecuencias defienden su  derecho, reclamando que el proceso  ha carecido de transparencia y que han sido objeto de un tratamiento discriminatorio.

El debate se ventila en la esfera pública, mediante una serie de declaraciones y comunicados emitidos por las fuentes oficiales, en tanto los posibles afectados han acudido, incluso, a movilizaciones en procura del apoyo político de fuerzas de la oposición, lo que no se ha hecho esperar, como es previsible en este momento en que se desarrolla el proceso electoral para designar Presidente de la República.

Por lo mencionado, el presente análisis pretende develar, sobre la base de los principios y las disposiciones constitucionales aprobadas respecto a la comunicación, y las disposiciones que contiene la Ley Orgánica de Comunicación,  si se han respetado o no los principios y disposiciones de esos cuerpos legales, para, sobre esa base, juzgar la pertinencia o no de la posición oficial, así como si el reclamo presentado por potenciales afectados,  tiene o no razón de ser.

Monopolización y oligopolización

La Constitución vigente contiene tres principios fundamentales, a saberse:

  1. El fomento de la pluralidad y la diversidad de voces;
  2. La garantía que la asignación de frecuencias se producirá “a través de métodos transparentes y en igualdad de condicionesprecautelando que en su utilización prevalezca el interés colectivo”; y,
  3. La decisión de no permitir: “…. el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los medios de comunicación social y del uso de frecuencias”.

El mandato constitucional de no permitir la concentración de frecuencias, se desarrolla en forma taxativa, inequívoca en el artículo 113 de la Ley Orgánica de Comunicación (en adelante LOC), cuando dispone:

“Art. 113.- Prohibición de concentración. – Está prohibido que las personas naturales o jurídicas concentren o acumulen las concesiones de frecuencias o señales para el funcionamiento de estaciones matrices de radio y televisión.

La autoridad de telecomunicaciones no podrá adjudicar más de una concesión de frecuencia para matriz de radio en AM, una frecuencia para matriz de radio en FM y una frecuencia para matriz de televisión a una misma persona natural o jurídica en todo el territorio nacional.

Quien sea titular de una concesión de radio, ya sea en AM o FM, puede participar en los concursos públicos para la adjudicación de no más de una frecuencia de onda corta.

En una misma provincia no podrá concesionarse una frecuencia para el funcionamiento de una matriz de radio o televisión a familiares directos de un concesionario con el que tengan parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad.”

Sin embargo, de lo explícito de las disposiciones antes mencionadas, tanto CORDICOM como ARCOTEL, argumentan que: “…  la ciudadanía recupera los derechos (el acceso y a la libre expresión GNJ) bajo un nuevo esquema de administración del espectro radioeléctrico mediante un reparto equitativo: un 33% para medios públicos, 33% para medios privados y el 34% para medios comunitarios”, a lo que agregan: “Es por ello que el Concurso Público de Frecuencias, convocado por ARCOTEL  el 16 de abril de 2016, es un  proceso histórico de distribución técnica, equitativa y transparente que garantiza la participación de todas y todos los ecuatorianos”.

En consecuencia, según CORDICOM y ARCOTEL, la desconcentración se produce por el nuevo esquema de administración del espectro radioeléctrico y no por el cumplimiento de las disposiciones constitucional y legal que prohíbe la asignación concentrada de frecuencias en determinadas personas, naturales o jurídicas. Siendo esto así, el recordar que la monopolización u oligopolización reduce el número de prestadores de servicios de comunicación y, concomitantemente, controlar los contenidos de los productos comunicacionales, es irrelevante para ARCOTEL y CORDICOM.

Percepción no sólo ilegal e inconstitucional, sino también equívoca, ya que la realidad demuestra que, en el caso del sector privado, inexorablemente, se observa una tendencia a la monopolización o a la oligopolización, como quedó demostrado en el Informe de la Comisión Auditora de la Concesión de Frecuencias.

Restricción a la diversidad de voces que igualmente se registra en el caso de los denominados “Medios de Comunicación Públicos de Carácter Oficial”, cuya definición y funciones se establecieron ilegalmente en la LOC en el artículo 83[1], puesto que éstos se han convertido en medios de propaganda gubernamental, en voces únicas, antes que en medios que apoyen a la diversidad de voces.

Si lo antes aseverado podría ser objetado por ARCOTEL y CORDICOM, vale acudir a la realidad de las concesiones que han aprobado, las cuales muestran, en forma fehaciente e irrefutable, que, en evidente violación de la Constitución y de la Ley Orgánica de Comunicación, han concedido frecuencias a determinadas personas que conforman conglomerados monopólicos a nivel nacional, como es el caso de las frecuencias de radio y de televisión  concedidas al señor Jorge  Yunda Machado (candidato a asambleísta por PAIS) para sus estaciones de radio y televisión que operan bajo la denominación de Canela, o al señor Remigio Ángel González González, quien, de acuerdo a la información proporcionada por el diario El Universo, no sólo controla medios de comunicación radiales o televisivos, sino también medios impresos[2].

El Universo afirmaba que: “Con la venta del Grupo El Comercio, en diciembre pasado, se desveló en el país la figura de Remigio Ángel González González, un empresario mexicano-estadounidense de 71 años que en Ecuador maneja 16 medios de comunicación, diez de ellos nacionales (el 16%), incluyendo al diario capitalino, con el que se estrena en el mundo de los impresos en el país.

Entre los medios que controla están, según los registros de la Superintendencia de Compañías revisados por este Diario hasta el jueves pasado, tres canales de televisión (RTS, Red TV Ecuador y Tropical TV), once radios (Galaxia, Fabu, Alfa Stereo, Joya Stereo, Metro Stereo, Platinum, La Fabu, Tropicálida, RQP, Arpeggio y Radio Quito) y dos diarios (El Comercio y Últimas Noticias).

 En la mayoría de los medios ejerce su control a través de parientes, abogados o empleados, una práctica que se repite en los países donde tiene negocios y que él mismo ha reconocido.

 “¿Por qué mentir? En Guatemala utilizo el nombre de mi esposa, en Chile tengo a chilenos, en Perú tengo a peruanos (…). Yo manejo un consorcio de compañías y dejo que mis amigos y parientes controlen todo. Yo no violo ninguna ley”, le aseguró al periodista Will Weissert, corresponsal de la agencia Associated Press, en el 2002.[3]

Concentración que se profundiza y consolida con la salida al aire, el 1 de febrero del 2016 del nuevo canal Televicentro, que puede ser visto en los canales 5 en Quito y 11 en Guayaquil, que presenta tres noticieros con el sello editorial de diario El Comercio. Esta concesión comprueba una vez más que ARCOTEL concedió esta frecuencia sin que medie un concurso público que dispone la LOC. A lo que debemos agregar que para posibilitar la salida al aire de Televicentro, ARCOTEL autorizó que se mueva la señal de RTS del canal 5, al canal 11, canal que no existía en el norte de Quito, en tanto que en Guayaquil le asignaron el canal 11.

Es ineludible agregar que esas frecuencias estaban concesionados a GamaTV, razón por la cual y en el objetivo de posibilitar la concesión a Gonzáles, el gerente de GamaTV, Claudio Moya Rossel, solicitó el 5 y el 7 de agosto del 2016, el canje del canal 11, cuya concesión mantenía en el sur de Quito y el sur de Guayaquil, por otras frecuencias, petición en la que insiste el 17 de agosto, la misma que fue aprobada el 18 de agosto. El mismo 17 de agosto, fecha en la cual GamaTV solicitaba el canje, las empresas de González solicitaron las frecuencias de esos canales que hoy ocupan RTS y Televicentro, replicando el ilegal denominado procedimiento “devolución- concesión”, denunciado en el Informe de la Comisión de Auditoría de la Concesión de Frecuencias.

En conclusión, ARCOTEL y el CORDICOM insisten en que la redistribución por tipo de medios es el mecanismo idóneo para fomentar la pluralidad y la diversidad, puesto que si hubiesen reconocido y respetado  el principio constitucional y la disposición legal sobre concentración y monopolización, no podrían haber concedido frecuencias sin concursos públicos, a conglomerados que concentran una gran cantidad de medios nacionales tanto de radio como de televisión como quedó demostrado.

Observaciones al procedimiento

Tanto la Ministra de Telecomunicaciones Alexandra Ávala, como CORDICOM y la Directora de ARCOTEL, Ana Proaño, sostienen que el procedimiento para la concesión de frecuencias contempla dos fases, una primera que se inicia con la presentación por parte de los postulantes, a y según ARCOTEL, del plan de gestión, de viabilidad financiera y el estudio técnico, y, una segunda en que CORDICOM evalúa el proyecto comunicacional y elabora el informe vinculante[4].

Al respecto es ineludible señalar que los responsables de los organismos mencionados no se atienen a dispuesto en la LOC respecto al procedimiento a seguir. Efectivamente, si bien la LOC contempla las dos fases, la responsabilidad atribuida al ARCOTEL y al CORDICOM, no son los que señalan las autoridades en sus comunicados y declaraciones.

Efectivamente, si se estudia el contenido del artículo 110 de la LOC, todos los solicitantes deben presentar al ARCOTEL para participar en el concurso público para la concesión de frecuencias:

“1. El proyecto comunicacional, con determinación del nombre de medio, tipo de medio, objetivos, lugar de instalación, cobertura, propuesta de programación e impacto social que proyecta generar;

  1. El plan de gestión y sostenibilidad; y,
  2. El estudio técnico”.

En consecuencia, si es cierto que ARCOTEL sólo exigió a los solicitantes la presentación del plan de gestión, la viabilidad financiera y el estudio técnico, como lo afirmó la directora de ARCOTEL, y obvió la presentación del proyecto comunicacional, no sólo incumplió lo dispuesto en el artículo 110 de la LOC, por lo que los concursos serían ilegales, sino además porque impediría el desarrollo de la segunda fase del concurso y la definición de las concesiones solicitadas. Conclusión que contraría la posición de la directora de ARCOTEL, quien asevera que no existen argumentos jurídicos para detener el proceso en marcha.

En relación a la segunda fase del concurso, la CORDICOM, en su carta publicada en los medios de comunicación social, asevera que: “La Ley determina como obligación del Cordicom la evaluación del proyecto comunicacional y la elaboración de del informe vinculante para la asignación de frecuencias”. 

Es  válido afirmar que se desconoce lo dispuesto en la LOC.

Efectivamente, la LOC dispone que la CORDICOM, una vez que ARCOTEL remita los expedientes de hasta los cinco solicitantes mejor puntuados, debe revisar el proyecto comunicacional, esto es una vez que ARCOTEL lo haya calificado en la primera fase del concurso.

Revisión que por definición, debería tener por objetivo determinar lo que se debe corregir, enmendar o reparar. Como a lo expuesto puede acotarse que la LOC también dispone que el CORDICOM en base a su evaluación emita el informe vinculante, vale preguntarse: ¿Cómo puede el CORDICOM revisar y evaluar los proyectos comunicacionales si ARCOTEL no exigió su presentación para su análisis en la primera fase del proceso? ¿Para qué sirve la primera fase el concurso si se omite le proyecto comunicacional? ¿Cabe en la segunda fase volver a recalificar a los solicitantes sobre la base de un solo requisito, el mismo que no fue solicitado como lo exige la LOC? ¿Es factible comparar cualidades distintas, cuyos objetivos son igualmente distintos como es el caso de los medios privados y los comunitarios? ¿No será que la segunda fase es una suerte de instancia inquisitorial, en la que se decide quien sí o quién no puede acceder a una frecuencia, de acuerdo a criterios ideológicos o políticos?, como lo advertimos oportunamente.

La instancia que decide la concesión o no de una frecuencia, es un organismo en el cual actúan hoy sólo 3 de sus 5 miembros, ante lo cual cabe preguntar: ¿tres ecuatorianos sobre cuya sapiencia en el campo de la comunicación expresamos nuestras reservas, deben ostentar el poder de asignar o negar frecuencias sobre la base de su opinión sobre el proyecto comunicacional? Amén, por cierto, de las prácticas corruptas que denunció el ex asambleísta Gerardo Morán respecto a las coimas solicitadas por el consejero de la CORDICOM, Marcos Párraga Quinteros, delegado ante ese organismo por su calidad de asesor del Vicepresidente de la República.

Porcentaje por acciones afirmativas

Tanto la Ministra de Telecomunicaciones como la directora de ARCOTEL y los directivos de CORDICOM, admiten que se estableció un porcentaje inicial de 15% en favor de los solicitantes de frecuencias para medios comunitarios.

Acción que califican como acción afirmativa, disposición que se admite casi sin reparo alguno, sin considerar que la Constitución de la República establece que: todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a acceder al uso de frecuencias del espectro radioeléctrico en igualdad de condiciones (artículo 16), disposición que se reitera en el artículo17, en el cual se establece que el Estado, para fomentar la pluralidad y la diversidad en comunicación: “

“1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el interés colectivo”.

Principios constitucionales que se reitera en la LOC, tanto en el segundo como en el sexto considerando como en el artículo 34, por lo que el otorgar un porcentaje sólo para quienes solicitan se les asigne una frecuencia para medios comunitarios, desacata el principio igualdad de condiciones, el cual se expresa en forma reiterada en la Constitución vigente y se desarrolla en la LOC.

Adicionalmente a lo antes expresado, es necesario precisar que si bien la LOC establece el Principio de acción afirmativa cuando dispone en el artículo 11:

“Art. 11.- Principio de acción afirmativa. – Las autoridades competentes adoptarán medidas de política pública destinadas a mejorar las condiciones para el acceso y ejercicio de los derechos a la comunicación de grupos humanos que se consideren fundadamente, en situación de desigualdad real; respecto de la generalidad de las ciudadanas y los ciudadanos.

Tales medidas durarán el tiempo que sea necesario para superar dicha desigualdad y su alcance se definirá para cada caso concreto.”

Simultáneamente lo limita a favor de los “… grupos humanos que se consideren en situación de desigualdad real; respecto de la generalidad de las ciudadanas y los ciudadanos, por lo que establecer el porcentaje en favor de todos los solicitantes de frecuencias para medios comunitarios viola este principio.

Ejemplificando, si se han presentado solicitudes por parte de congregaciones religiosas, es evidente que se viola la LOC, puesto que aquellas no se hallan en situación de desigualdad real, por el contrario, disponen de un poder económico e ideológico que las ubica en una posición privilegiada y, de ninguna manera, en una situación de desigualdad real, como lo exige la LOC.

Adicionalmente a lo antes expresado, es necesario señalar que la LOC, en aplicación del principio de acción afirmativa, acota los alcances de las acciones afirmativas, cuando dispone en el artículo 86, primer párrafo:

“Art. 86.- Acción afirmativa.- El Estado implementará las políticas públicas que sean necesarias para la creación y el fortalecimiento de los medios de comunicación comunitarios como un mecanismo para promover la pluralidad, diversidad, interculturalidad y plurinacionalidad; tales como: crédito preferente para la conformación de medios comunitarios y la compra de equipos; exenciones de impuestos para la importación de equipos para el funcionamiento de medios impresos, de estaciones de radio y televisión comunitarias; acceso a capacitación para la gestión comunicativa, administrativa y técnica de los medios comunitarios”.

Disposición que limita las acciones afirmativas a la creación y fortalecimiento de los medios de comunicación comunitaria, a la vez que dispone que éstas se relacionarán, entre otras, al crédito, exenciones de impuestos, acceso a capacitación comunicativa, administrativa y técnica. Disposición que, en respeto al principio de igualdad de condiciones, no incluye como acción afirmativa la concesión de un porcentaje favorable a los solicitantes de frecuencias para medios comunitarios, como si lo hace, en el artículo 107, a favor de:

“Las personas jurídicas o naturales concesionarias de las frecuencias de radio y televisión abierta, cuyo plazo expiró, podrán concursar para obtener o renovar su propia frecuencia u otra diferente respetando la distribución que haga la autoridad de telecomunicaciones para medios privados y comunitarios. A estas personas se les reconocerá un puntaje adicional equivalente al 20% de la puntuación total establecida en el correspondiente concurso como reconocimiento a la experiencia e inversión acumulada en la gestión de un medio de comunicación”.

En consecuencia, la inclusión del porcentaje observado en favor de todos quienes solicitan una frecuencia para medios comunitarios, viola la LOC por lo antes expresado.

Igualmente, cuando el CORDICOM califica como acción afirmativa en el reglamento para la concesión de frecuencias, probó el porcentaje en mención, irrespetó el principio constitucional de igualdad de oportunidades y los alcances que la LOC estableció en el artículo 86 para las acciones afirmativas, violación que proporciona otro argumento legal adicional por el cual debe detenerse el proceso de adjudicación de frecuencias. Proceso que debería reiniciarse corrigiendo el irrespeto a las disposiciones constitucionales y todas las ilegalidades que hemos mencionado y precisado, y el incumplimiento por parte de ARCOTEL de lo dispuesto en la Décima Disposición Transitoria de la LOC, que reza:

“DÉCIMA.- De conformidad con el informe presentado el 18 de mayo de 2009 por la Comisión para la Auditoría de las Concesiones de las Frecuencias de Radio y Televisión, creada por disposición constitucional las frecuencias de radio y televisión que no hayan sido otorgadas por autoridad competente; las que no han iniciado la operación en el plazo señalado en el contrato de concesión; las que no hayan pagado las tarifas de uso de concesión durante seis meses consecutivos; las que se hayan arrendado por más de dos años o transferido bajo cualquier modalidad el uso de la frecuencia a terceros; y, las que han convertido estaciones repetidoras en matrices o viceversa, serán revertidas al Estado por la autoridad de telecomunicaciones, aplicando el debido proceso establecido en el reglamento que para estos efectos dicte la autoridad de Telecomunicaciones”.

Incumplimiento que es fácil de demostrar. Basta comparar el número de frecuencias que debían revertirse en aplicación del informe que se elevaban a más de 800 frecuencias, con el número de frecuencias que han sido revertidas y que son objeto del concurso, las cuales, no superan las 300 frecuencias, como lo reconoce el propio ARCOTEL.

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[1] Este tipo de medios no fue incluido en la versión del Proyecto de Ley Orgánica de Comunicación que se discutió en primera en la Asamblea Nacional, por lo que su inclusión en la versión propuesta para el segundo debate violó la Ley de la Asamblea Nacional.

[2] Para el análisis de los grados de concentración de medios de comunicación, es de especial importancia el determinar la propiedad cruzada, esto es la propiedad de medios impresos, televisivos e impresos, por el enorme poder y la restricción de voces que ello genera o ejerce.

[3] Véase, El Universo: “ Un magnate de Estados Unidos controla 10 medios nacionales”, edición del 22 de febrero del 2015.

[4] Véase: Carta publicada por el CORDICOM, 25 de enero del 2016