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Nunca antes ha sido tan importante que los ecuatorianos acudan este domingo 19 de febrero a las urnas con una decisión bien tomada y bien reflexionada sobre su voto.

Su voto es el futuro de un Ecuador que ha vivido recientemente 12 meses turbulentos después de nueve años del presidente Rafael Correa, el gobierno de la “revolución ciudadana”, llamado así porque esta vertiginosa década tuvo un ADN: la revuelta de los forajidos contra el mediocre coronel del Ejército Lucio Gutiérrez.

Pero Gutiérrez, un militar nacido en la Amazonía y que decía representar a los pobres, traicionó a la mayoría del pueblo ecuatoriano al declararse “el mejor amigo” del entonces presidente George W. Bush, el invasor, y al entregarse en brazos del neoliberalismo y gobernar no para el pueblo que confió en él, sino para los empresarios y banqueros más trogloditas del Ecuador (entre ellos el actual candidato presidencial Guillermo Lasso).

A partir de la expulsión a Gutiérrez del poder y el ascenso de su vicepresidente, el pusilánime médico guayaquileño Alfredo Palacio, aparece la figura de un catedrático que era un invitado frecuente de algunos medios y que era miembro de un importante grupo de economistas antiglobalización y políticos de izquierda que venían configurando una propuesta para rearmar un Estado que había llegado al colapso al terminar el siglo pasado y empezar el nuevo con la feriado bancario y su peor herencia, la dolarización.

LOS SEÑORES DE LA QUIEBRA BANCARIA

La quiebra de importantes bancos, en especial guayaquileños, no fue una sorpresa: venía gestándose desde el gobierno de Sixto Durán Ballén, entre 1992 y 1996, cuando su vicepresidente, Alberto Dahik, representante de la oligarquía guayaquileña y de los medios de comunicación más poderosos de entonces, propuso (y logró) cambios que luego resultarían dramáticos en la Ley de Instituciones Financieras, aprobada por la mayoría socialcristiana, también de extrema derecha, que controlaba el Congreso Nacional.

Dahik, que también fue expulsado del poder por el grave delito de peculado al disponer a su arbitrio de los fondos reservados, se mantuvo prófugo en Costa Rica por más de 20 años, hasta que el presidente Rafael Correa le concedió el indulto. Dahik era, hasta entonces, un mimado de la gran prensa: había saltado a la política desde su columna en el diario El Universo.

Correa también perdonó al expresidente Gustavo Noboa Bejarano, quien reemplazó al peón de la banca corrupta, el presidente Yamil Mahuad, derrocado tras el feriado bancario y la dolarización justo en los albores del nuevo siglo, cuando ya se había firmado la paz con el Perú, país con el que Ecuador mantuvo un conflicto de medio siglo entre guerras, guerritas e incidentes fronterizos que alimentaban a los traficantes mundiales de armas y que empobrecían a los dos países.

EL PRINCIPIO DEL FIN DEL FEBREBORJISMO

Quizás en aquella decisión de Correa primó el espíritu mayoritario nacional de que terminara, para siempre, el reinado político, económico y jurídico del nefasto gran cacique de la extrema derecha, León Febres Cordero, quien fue presidente de la República entre 1984 y 1988 y dejó una estela de sangre, muerte, tortura y persecución a sus adversarios, en especial a un grupo de jóvenes alzados en armas, Alvaro Vive Carajo (AVC).

Febres Cordero, que luego fue alcalde de Guayaquil,  y el expresidente socialdemócrata Rodrigo Borja, que lideraba el poderoso partido Izquierda Democrática, se aliaron en el Congreso, formaron el llamado “febresborjismo” y se tomaron todos los poderes.

Así fue cómo el país sufrió una época oscura, de terror y de mediocridad, de abuso de poder, de corrupción, de reparto del pastel entre los poderosos de la Costa y de la Sierra para mantener el estatus quo.

LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO ECUADOR

Lo que vino después fue aquel histórico episodio de los forajidos, donde los quiteños y los ecuatorianos demostraron su valor, su coraje, su decisión y su capacidad de indignarse contra quienes desde Carondelet los traicionan.

Y fue de ese y otros grupos y movimientos sociales de donde salió el proyecto de refundar el Ecuador con la revolución ciudadana dirigida por el carismático y sorprendente Rafael Correa.

Él, y la gente que lo acompañó en un principio, ecuatorianos de enorme valor intelectual y político, aparecieron en la escena para enfrentar a los grandes poderes que controlaron la nación -y que, de alguna manera, aún no la dejan del todo-: la prensa de derecha, disfrazada -siempre- de “independiente”; la jerarquía católica -en manos de cardenales y arzobispos de clara orientación conservadora-; la banca privada -a cargo de quienes estafaron a millones de ciudadanos honestos y que, sin embargo, se enriquecieron más gracias a la crisis creada por ellos-; las fuerzas armadas -con una visión proestadounidense que permitió, incluso, la instalación de una base militar norteamericana en Manta y que les convertía en “árbitros de la democracia” en los golpes de Estado y en los derrocamientos a los presidentes; y, entre otros más, los gremios empresariales y los sindicatos acostumbrados a presionar para obtener ventajas políticas, presupuestarias o tributarias.

EL PROYECTO QUE SE QUEDA EN LA MITAD

Con el primer triunfo presidencial de Rafael Correa y la instalación simbólica en Montecristi, la tierra del legendario general Eloy Alfaro (ícono del liberalismo que trajo algunos vientos de libertad al país a principios del siglo XX), de la Asamblea Constituyente, empezó la revolución ciudadana, con un altísimo grado de adhesión y apoyo de millones de ecuatorianos basado en un elemento simultáneamente abstracto y concreto: la esperanza.

Y, a partir de entonces, comenzó lo que los propagandistas del gobierno de Rafael Correa llamaron “la década ganada”, una década al mando de un presidente carismático, un católico progresista que mostró su decisión de cambiar a fondo las estructuras sociales del Ecuador.

Correa trabajó duro gracias a su empuje y tenacidad y que la mayoría de estos años ha tenido grandes ingresos con un barril de petróleo que se vendía a un promedio de 100 USD.

Se construyeron hospitales públicos. Se multiplicaron las escuelas y colegios fiscales y se edificaron instalaciones dignas para la clase media baja y para los pobres. Se hicieron o ampliaron importantes carreteras. Se terminaron unas y crearon otras centrales hidroeléctricas. Se rehabilitó el ferrocarril. Se agilitaron los procesos burocráticos. Se dignificaron instituciones tan venidas a menos como el Registro Civil y los Correos del Ecuador. Se promovió el turismo. Se aprobaron decenas de leyes gracias a la mayoría absoluta que PAIS consiguió en las elecciones del 2013, entre ellas la Ley de Comunicación, que frenó, de alguna manera, los abusos de la prensa privada.

Sin embargo, la revolución ciudadana se fue convirtiendo en una suerte de tendencia personalista, de culto al mandatario, y hoy podríamos hablar de un correísmo que al no estar su líder en los próximos cuatro años podría desaparecer como es usual en el Ecuador: ahí están el velasquismo, está el roldosismo, está el febrescorderismo.

Y eso podría ocurrir porque el presidente Correa no ha tenido la suerte o el don de escoger como colaboradores a lo que el lugar común llama “los mejores hombres y mujeres del país”. Porque tenemos que ser directos: ni en el Gobierno ni en la actual lista de candidatos a asambleístas están esos “mejores hombres y mujeres”.

Muchos han fallado. Muchos no han dado la talla para construir una verdadera revolución. Muchos se han reciclado de la vieja partidocracia, tan combatida en las palabras por el Primer Mandatario. Muchos no han tenido la visión para crear un verdadero movimiento ciudadano y Alianza PAIS no ha tenido la suerte de estar manejada por talentosos dirigentes que fallaron en cuestiones esenciales para el futuro político del progresismo y de la izquierda.

La falta de dirigentes capaces de entender lo que es significa una verdadera meritocracia es una de las deudas que dejan estos diez años.

Dirigentes incapaces de escuchar a quienes, con espíritu patriótico, pasaron años pidiendo la depuración de burócratas que desprestigiaban la tarea gubernamental, con el agravante de que algunos de esos burócratas profesionales terminaron manchando al régimen con actos de corrupción.

Dirigentes que más bien tacharon de “traidores” o “ciegos” y dejaron fuera del proceso a quienes exigían un proceso riguroso de crítica y autocrítica dentro de AP para mejorar y corregir cosas que no se hicieron bien o quedaron a medias.

A medias, como la construcción de un verdadero sistema de comunicación e información con medios realmente públicos y no gubernamentales, la generación de nuevas industrias para crear empleo, el amiguismo y compadrazgo en ciertos sectores de la administración pública y, lo más esencial, la inoperancia (o el quemimportismo) en su trabajo de fortalecimiento de la estructura del movimiento con la creación de una escuela de jóvenes líderes y colectivos de reflexión capaces de dar continuidad al proyecto político.

En esta década el país cambió. Mucho. Pero las paradojas de la vida son así: cambió mucho y, sin embargo, la llamada “década ganada” termina debiendo aún bastantes cosas a quienes creemos que en el Ecuador (es evidente) aún mucha desigualdad, mucha inequidad, mucha pobreza. Que aún hay miles de compatriotas sin vivienda propia, sin atención de salud eficiente, sin empleo seguro, sin universidad, con una ley de comunicación que se quedó a medias, mientras un puñado de vivos, como en el caso Capaya, el caso Delgado y el aún incierto caso Odebrechet, huyen del país o quedan en la impunidad.

LOS CAMBIOS URGENTES

No creo que ningún candidato presidencial dé la talla para continuar el proceso y cubrir todo esos vacíos que dejan estos diez años, incluida la derrota -nunca admitida- del 23F en las alcaldías y prefecturas, cuando una confiada AP perdió sus bastiones municipales en Quito, Cuenca y otras ciudades importantes.

Pero si el aspirante del oficialismo gana las elecciones y quiere pasar a la historia, tendrá que decidirse a depurar a los malos elementos (cercanos y no cercanos), sacar del gobierno a tanto reciclado de la vieja partidocracia, abrir un diálogo nacional para escuchar a quienes fueron sacados del proceso por pedir la autocrítica, construir un movimiento político no dependiente de un solo líder para evitar la orfandad política y ser drástico con quienes intentarán aprovechar sus nuevos cargos en beneficio personal.

No obstante, para eso debe ganar la mayoría legislativa. Lo cual ayudó mucho a Correa a gobernar con sus propias leyes, pero esa mayoría esta vez no es seguro que Moreno logre.

Y debería exigir a los dirigentes políticos de AP que cumplan su misión de educar políticamente a los ciudadanos, como es su deber en una revolución.

Si no ganara, en cambio, será una enorme frustración para quienes desde las calles y los barrios han luchado en forma honesta y humilde, y muchas veces sin ser tomados en cuenta por los altos dirigentes del movimiento.

La gran prensa volverá a ejercer su enorme poder en contra del bien común, volverá a maipular impunemente las conciencias y los antiguos poderes se reacomodarán para sacar el máximo provecho económico de su posición.

Y hay que empezar de nuevo a construir desde las bases del pueblo, pero ahora sí de manera implacable, decidida y hasta el último aliento, el profundo y radical proceso de cambio social que necesitan y exigen las mayorías silenciosas del país, un proyecto revolucionario limpio, honesto, sin trampas, democrático. Una revolución de revolucionarios, no de burócratas devenidos en supuestos revolucionarios para cuidar su puesto, su salario y sus intereses personales.