Anuncios

Vida y milagros de la crónica en México

Sefchovich, Sara.jpg

“Vida y milagros de la crónica en México” presenta 12 años de trabajo e investigación por parte de una estudiosa de los géneros y sus contenidos. Este, más que un libro polémico, obliga a entrever los conceptos que tenemos de crónica y a rever de qué manera observamos la realidad respectiva.

Vida y milagros de la crónica en México contempla que como es la crónica literaria un género al que no muchos han prestado atención, ha transitado por caminos de crecimiento e independencia, teniendo su origen casi en el uso del español, nuestra lengua.

No hablamos sólo de crónica del narco, como los que dan premios a algunos periodistas nos quieren hacer ver, sino de crónica de todo, contar el país cuándo nos pasa. Crónica frívola, crónica de espectáculo, crónica deportiva, crónica como casi toda “la literatura mexicana funciona como tal”, dice Sara Sefchovich.

“Una carta de Hernán Cortés que un poema de Bernardo de Balbuena, un recuerdo de Guillermo Prieto que una novela de Rafael Delgado”, quien incluye como parte de la crónica tanto la descripción de una calle de Luis González Obregón como el recuento de una cena de intelectuales de Alfonso Reyes o bien “los intentos de comprensión del indio de Ricardo Pozas que los análisis de tipos urbanos de Carlos Monsiváis: todo apunta a cumplir con los objetivos y funciones de la crónica. ¡Hasta las canciones y poemas!”.

De esta manera, marca que no existen fronteras de género claras y definitivas, donde incluye como crónicas los textos de José Joaquín Fernández de Lizardi y Vicente Riva Palacio, Mariano Azuela y José Revueltas, José Emilio Pacheco y José Joaquín Blanco. “Y las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, el Duque Job y Elena Poniatowska son, además de lo que se proponen, novelas y poemas.”

Sara Sefchovich es articulista en El Universal, con una obra traducida a siete idiomas y llevada al cine, teatro y radio, es autora de los libros de ensayos La suerte de la consortePaís de mentiras y El cielo completoMujeres escribiendo, leyendo, así como de las novelas Demasiado amorLa señora de los sueños y Vivir la vida.

–Tú dices que la crónica literaria es lo mejor de la literatura mexicana, ¿por qué?

–Tenemos grandes novelistas, grandes poetas, pero el tema del conjunto, como género, el que más ha sido importante y que más ha desarrollado todo lo que pasa en México, el que más ha lucido en términos de narrar, es la crónica. En la novela encuentras pésimos trabajos, como decía Max Aub, como decía Rosario Castellanos: “el mundo se está cayendo y la novela mexicana no da una”. Por supuesto rescatamos a los grandes, pero en términos de la crónica puedes rescatar a los grandes y a los chiquitos porque la crónica funcionó todo el tiempo. Es un género que tuvo mucha libertad, por el simple hecho de que nadie le hizo caso. Salía en periódicos y en revistas que morían al día siguiente, no en sacrosantos libros y los escritores pudieron aprovechar esa libertad.

–Tú hablas de un abanico bastante amplio de cronistas.

–Lo que quise hacer es un recorrido en cierto sentido histórico, para demostrar cómo ha sido importante en determinados momentos y para demostrar como en ciertos momentos no le dimos importancia. Mucha de la literatura mexicana que no es oficialmente crónica, como un poema, una novela, una canción, también puede funcionar como crónica. La preocupación de los escritores mexicanos ha sido siempre hablar de qué es este país, cómo somos, ha funcionado como crónica siempre. En esa voluntad recorrí los momentos más significativos y me quise detener en el momento de esplendor de la crónica literaria, que es el último cuarto del siglo XX.

–Es realmente sorprendente lo que haces

–Sí se puede demostrar que todo en la literatura mexicana funciona como crónica

–Cómo somos y qué diferentes somos entre sí…

–Es cierto. Los mexicanos no existen, las mujeres no existen, no existe la cultura. Hay cosas que sí nos unen, podemos decir como decía Carlos Monsiváis que no somos iguales a los paraguayos, la diversidad es muy importante. Hubo momentos en que se buscaba lo que nos une, en otro lo que nos separa y momentos en donde quieres contar hechos frívolos, otros en los que quieres narrar hechos profundos. Lo más emocionante de verlo tan ampliamente.

–Tú rescatas mucho la tradición oral, ¿qué sentido tiene en la crónica?

–Toda. Lo que la crónica trata de hacer es que está recogiendo la realidad tal cual es, eso no se puede, cuando llegas como cronista y lo reúnes y lo organizas, estás reconstruyendo esa realidad. Pero lo que sí permanece es esa voluntad y lo haces como si lo contaras a alguien. En México es muy importante, hay mucho más de tradición oral que de escrito. Me pregunto en determinado capítulo del libro para qué se escribe todo eso en un país donde tan poca gente lee. Qué estamos esperando de eso.

–Existe eso sí el afán de educar en la crónica…

–Por supuesto, existe el afán de educar y el afán de decirle a la gente cómo lo tiene que leer y cómo lo tiene que entender. La gente que me pintas aquí a mí no me parece tal héroe, es algo que la gente puede decir. Lo importante es el debate y la perspectiva de que no hay símbolo para ser neutrales. Siempre debes tomar un lado en la partida, tal como decía Monsiváis. La crónica que nosotros más valoramos es la que fue liberal en el siglo XIX y de izquierda en el siglo XX, pero también en México tenemos crónicas que son efectivamente lo contrario y quiso enseñar a la gente otra manera de ver el país.

–Hablas de crónicas frívolas, políticas, no necesariamente las crónicas tienen que contar un hecho del narco o de un crimen…

–Por supuesto que no. Lo terrible de la crónica de hoy y de la novela de hoy es que están haciendo eso. Eso es terrible, pero no es todo lo importante de México, no es lo único que está pasando. Así pasaba con la novela de la revolución, tal como decía Solana, “100 mil personas están pasando por el mismo pasto como si no hubiera otra cosa”. Todos lo miran de una misma manera, que se ha vuelto un lugar común y me parece que es importante destacar que hay otras maneras de contar y otros hechos tan importantes como ese. El problema somos los escritores. Cuando Gabriel García Márquez se volvió famoso, todos empezaron a escribir como el “boom” y hoy estamos en lo mismo. Ha llegado a un punto esto de que sólo están buscando llamar la atención, hoy es la violencia supuesta o imaginada del narco.

–Es un libro necesario y útil

–Es un libro para que el que estuve trabajando 12 años de mi vida, con el primer curso que di, no es un libro totalmente académico y tiene una visión amplia general, que puede ser contrarrestada o no, pero que ayuda a pensar las cosas de una manera más abierta y diferente.

____________________________

Ciudad de México, 18 de noviembre, revista SinEmbargo

Anuncios

El twitt en manos de los políticos, un arma de destrucción masiva

Twitter Trump

Yo, como ustedes, había escuchado de los “influencers”, esas celebridades de las redes sociales que por tener un elevado número de seguidores de cierto perfil  son contratadas por empresas para que anuncien –abierta o veladamente– sus productos o servicios.

Pero ni el “influencer” más grande se puede comparar al poder de la cuenta de Twitter de Donald Trump, que es más bien un arma de destrucción masiva.

El 6 de diciembre y sin motivo aparente, Trump escribió en su Twitter:

 

Las acciones de Boeing cayeron, costándole a los accionistas de la empresa más de mil millones de dólares. Eventualmente, la acción se recuperó, pero el mundo financiero comenzó a ponderar los riesgos que representa un desplante trumpiano.

En esa reflexión estaban cuando el presidente tuiteó en contra de Lockheed Martin, un enorme contratista militar que está desarrollando el F-35, la nueva generación de aviones de combate estadounidenses.

 

El tuit provocó una caída de 4 mil millones de dólares en el valor de las acciones de la empresa: 28 millones de dólares por cada carácter tuiteado, según The Guardian.

Estamos ante un nuevo riesgo financiero. Los corredores de Wall Street lo llaman ya el “riesgo del tuit presidencial”.

Desde luego, hay quienes comienzan a buscar formas de sacar ventaja de esto y crear algoritmos que puedan predecir el comportamiento de las acciones de una empresa víctima de un cambio de humor de Su Majestad Donald I.

Y también hay, desde luego, los mal pensados que se preguntan: ¿y si, digamos, los hijos o los funcionarios cercanos a Trump quisieran hacer dinerito con algunas acciones? ¿No sería cosa de pedirle a papá que se aviente un tuit rabioso contra tal o cual empresa, para comprar las acciones baratas cuando bajen?

El famoso inside trading, ganancias con información privilegiada, es una tentación muy grande para gente que cree que sentarse un trono de oro es una necesidad básica.

Un lado más siniestro del poder del Twitter de Trump es su capacidad para canalizar la agresión de sus seguidores contra personas específicas. Un ejemplo reciente es Chuck Jones, líder sindical de los trabajadores de Carrier, la famosa empresa que se iba a cambiar de Indiana a Monterrey, México, trayendo alrededor de 2 mil empleos.

Trump amenazó a la empresa vía Twitter con represalias, y mediante negociaciones que terminarán costándole mucho dinero a los contribuyentes de Indiana, se logró un acuerdo para no llevarse a México 800 de esos empleos. Trump afirmó que salvó 1,100 puestos de trabajo, pero Chuck Jones lo corrigió. Grave error. Ofendido, el nuevo monarca exclamó en Twitter:

 

Hasta aquí el berrinche es inocuo. Pero desde ese momento, Chuck Jones comenzó a recibir amenazas de muerte al teléfono.

Este es un caso más de cómo Trump ha hecho poco a poco del discurso de odio algo normal, facilitando la violencia verbal.

Como dijo un editorialista del Washington Post: “Trump va a hacer que un día maten a alguien”.

O tal vez no. En México hay, desde luego, quienes son muy optimistas y reportan que enviados de Trump se han reunido con los dueños del dinero en nuestro país, y que las perspectivas de negocios son alentadoras.

Pero yo me pregunto ¿qué pasaría si el Generalísimo Trump amanece de malas y decide lanzar un tuit abriendo una investigación contra alguna empresa mexicana por supuestas prácticas monopólicas en Estados Unidos?

¿Y si un día amanece de peores y dice que le va a pedir al FBI que investigue a algún empresario mexicano por, no sé, lavado de dinero? Creo que todavía no comprendemos cabalmente el tamaño del poder que tiene en manos este personaje.

__________________________________

Luis Espino, de la revista Letras Libres

Sergio Ramírez y la revolución sandinista

Ramírez, Sergio Nicaragua

Por Carlos Fuentes, escritor mexicano

Hace 35 años, los (mayoritariamente) jóvenes rebeldes del ejército sandinista entraron en Managua.

Había caído la petrificada dictadura del clan Somoza, inaugurada en 1933 por el pater familias Anastasio Somoza Debayle y continuada por sus delfines Luis y Anastasio júnior.

Tacho padre fue el asesino de César Augusto Sandino, el heroico luchador por una causa que parecía imposible: la independencia de Nicaragua, territorio ocupado de hecho por los Estados Unidos de América desde 1909 y elevado a protectorado por el astuto e irónico Franklin D. Roosevelt: «Somoza es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta».

La revolución sandinista recibió la bendición del entonces presidentede Estados Unidos Jimmy Carter, pero, naturalmente, fue objeto de una política de sabotaje implacable por parte del presidente Ronald Reagan.

Asimismo, internacionalmente, el sandinismo ganó entusiastas apoyos (el mío, desde luego) y rechazos igualmente fervorosos. De haber seguido el apoyo de Carter, ¿habrían los sandinistas llevado a cabo en paz su programa de reformas sociales?

¿O el radicalismo revolucionario le era inherente al Gobierno de Managua, independientemente de la política seguida por los EEUU?

Nadie vivió estas cuestiones con mayor intensidad crítica que mi amigo Sergio Ramírez, vicepresidente de la Nicaragua sandinista de 1979 a 1990.

Franco y reservado. Cándido y sagaz. Directo y calculador. Libérrimo y disciplinado. Devoto de su mujer, sus hijos, sus amigos. Intransigente con sus enemigos. Elocuente en el foro. Discreto en la intimidad. Firme en sus creencias éticas. Flexible en su acción política. Religioso en su dedicación literaria.

Un hombre de complejidad extrema, disfrazada por la tranquila bonhomía externa y revelada por el ánimo creativo en constante ebullición.

En rigor, la vida de Ramírez posee dos grandes laderas: la política y la literaria. No se entiende la primera sin la segunda, aunque ésta, la vocación literaria, acabe por imponerse a aquélla, la actuación pública.

Cuando visité por primera vez Managua en 1984, en medio del fervor de la fiesta revolucionaria, lo primero que me llamó la atención fue el carácter inacabado de la ciudad.

Los destrozos del gran terremoto del año 1972 no habían sido reparados -ni por la dictadura somocista antes ni por la revolución sandinista ahora-. La catedral era una ruina. Las calles no tenían nomenclatura. La ciudad le daba la espalda al lago. Lo usaba, además, para vaciar en él las aguas negras.

Pregunté a diversos funcionarios del sandinismo el porqué de este abandono. La respuesta estaba en sus miradas antes que en sus palabras. Nicaragua estaba en guerra.

La pequeña nación centroamericana, tantas veces invadida y humillada por los gobiernos de los Estados Unidos de América, se defendía nuevamente contra el Coloso del Norte.

El respaldo constante de Washington al dictador Somoza y sus delfines se había convertido en feroz oposición, ciega y arrogante, contra la modesta afirmación de independencia del régimen sandinista.

Visité, con Sergio Ramírez, con la admirable Dora María Téllez, los hospitales llenos de niños mutilados y civiles heridos, víctimas de la Contra, dirigida y armada por Washington.

¿Cómo no estar con este heroico grupo de hombres y mujeres que habían cambiado para siempre la ruta histórica -dictadura, humillación- de Nicaragua con una promesa de dignidad, por lo menos de dignidad? Bastaba esto para no indagar demasiado en pecados o pecadillos subordinados a dos cosas.

Las políticas internas de la revolución; la campaña alfabetizadora, en primer lugar. Y sus políticas externas: la afirmación de la soberanía frente a los EEUU.

Sergio Ramírez lo dice con belleza, nostalgia y anhelo: «Inspirados en un enjambre de sueños, mística, lucha, devoción y sacrificio, queríamos crear una sociedad más justa…». Éste era el fin. Ramírez cuestiona hoy los medios: “pretendimos crear un aparato de poder que tuviera que ver con todo, dominarlo e influenciarlo todo».

Los sandinistas se sentían con el  poder de barrer con el pasado, establecer el reino de la justicia, repartir la tierra, enseñar a leer a todos, abolir los antiguos privilegios…, restablecer la independencia de Nicaragua y devolver a los humildes la dignidad».

Era el primer día de la creación. Pero en el segundo día, el dragón norteamericano empezó a lanzar fuego por las narices.

¿Cómo iba a ser independiente el patio trasero, la provincia siempre subyugada? La política de Ronald Reagan hacia Nicaragua atribuía a los sandinistas fantásticas e improbables hazañas contra Norteamérica: el Ejército Sandinista de Liberación Nacional, dijo Reagan por televisión, podía llegar en 48 horas a Harlingen, Tejas, cruzando velozmente a Centroamérica, todo México y la frontera del río Bravo.

El agredido se convertía en agresor «potencial». No: la agresión real estaba en la guerrilla de la Contra, con el comandante Cero, en los puertos nicaragüenses minados, en el desprecio total de Washington hacia las normas jurídicas internacionales.

Nicaragua se vio obligada a defenderse. Pero, una vez más, la cuestión se planteó de modo radical.

¿Se defiende mejor a la revolución con medidas que limitan la libertad o con medidas que la extienden? La revolución sandinista intentó ambas cosas.

Se equivocó al amordazar periódicos e imponer dogmas, sobre todo económicos, que, con o sin agresión norteamericana, no habrían sacado a Nicaragua de la pobreza, sino que aumentarían la miseria.

La reforma agraria fracasó porque no se escuchó a los interesados, los propios campesinos.

No se les dio confianza suficiente a los que la revolución quería beneficiar.

E, innecesariamente, se le retiró la confianza a quienes no se oponían sino que diversificaban a la revolución: la incipiente sociedad civil y los críticos internos de la revolución.

En cambio, la revolución se impuso a sí misma la unidad a toda costa. «Dividirnos era la derrota. Los problemas de la democracia, de la apertura, de la tolerancia, iban a arreglarse cuando dejáramos atrás la guerra».

Antes de la piñata, hubo la piña: todos los sandinistas unidos contra los enemigos reales e imaginarios, presentes o potenciales. Pero «uno se equivoca pensando que las amistades políticas tienen una dimensión personal, íntima».

La unidad frente al mundo ocultaba las diferencias de carácter, agenda, sensibilidad y ambición dentro de éste o cualquier otro grupo gobernante: revolucionario o reaccionario, estable o inestable.

Al cabo, los dirigentes no sólo dejaron de escucharse entre sí. «Dejamos de escuchar a la gente». Los sandinistas, nos dice Ramírez, supieron entender a los pobres desde la lucha, pero no desde el poder. Se rompió el hilo entre el Gobierno y la sociedad.

El modelo escogido no ayudó. Reflexiona Ramírez: «Probablemente, con o sin la guerra, el sandinismo hubiera fracasado de todas maneras en su proyecto económico de generar riqueza, porque el modelo que nos propusimos era equivocado».

¿Habría otro? Seguramente.

¿Faltó previsión, imaginación, información? Sin duda.

Pero hoy que el mundo es incapaz de proponer un nuevo paradigma de desarrollo que evite los extremos del zoológico marxista y del salavajismo capitalista, ¿podemos criticarle a Nicaragua que no haya intuido proféticamente que es posible un capitalismo autoritario exitoso, como el que hoy practica China? «Mejor haberse equivocado antes y no ahora».

Es triste y dramática la conclusión de Ramírez: el pueblo ya le tenía miedo al Gobierno. «Una población desgarrada, cansada de conflictos». Y éste es, acaso, el singular triunfo de la revolución nicaragüense: «La revolución no trajo justicia para los oprimidos ni generó riqueza ni desarrollo. En cambio, respetó la voluntad electoral del pueblo». Trajo democracia. Ni Lenin ni Mao ni Castro hubiesen soltado así el poder.

La revolución trajo democracia y al cabo trajo corrupción. El código de ética que era el santo y seña de los jóvenes sandinistas fue destruido por los propios sandinistas. «Las fortunas cambiaron de manos y tristemente, muchos de los que alentaron el sueño de la revolución fueron los que finalmente tomaron parte en la piñata».

Sergio Ramírez no se rebajó a recoger los cacahuetes del poder. No se arrodilló ante el dinero. Tenía la fuerza de un proyecto propio, personal, irrenunciable: la literatura.

Sergio Ramírez, sin perder nunca su primera vocación, la de escritor, atendió activamente a su segunda musa, la política.

Tal es la lección vital de Ramírez: la revolución no fue ni un fracaso absoluto ni un triunfo indiscutible, sino como lo deseaba María Zambrano: Revolución es Anunciación.

La revolución en profundidad, a semejanza de la libertad misma, no se cumple totalmente, jamás: ambas son una lucha, palmo a palmo, por la cuota de felicidad posible que, dijo ya Maquiavelo, Dios nos ha dado a todos los seres humanos.

________________

http://www.cervantesvirtual.com

El periodismo misógino o la cultura de la violación sexual

La cultura de la violación o el periodismo misógino

Por Miguel Álvarez Peralta, InfoLibre

Imaginemos que un señor que trabaja en un estanco denuncia haber sufrido un robo con agresión.

El ladrón, en su defensa, alega que robó pero lo hizo sin violencia. Imaginemos que después un presentador de televisión pregunta a su público si cree que realmente hubo agresión o en realidad el denunciante miente para vengarse del ladrón. Sería extraño, ¿verdad? ¿Por qué dudar del denunciante? ¿Por qué alguien iba a llevar a juicio una agresión que no existe?

Para que el cuestionamiento no fuese tachado de improcedente y absurdo, haría falta tener indicios sólidos que autoricen a cuestionar públicamente el relato de la víctima.
Recientemente, Nacho Abad, presentador del programa Espejo Público, ponía públicamente en cuestión a la mujer que ha denunciado por violación a ese grupo de hombres autodenominado La Manada.
Preguntó a su público en Twitter si creía la versión de la denunciante o pensaban que hubo “sexo consentido”, como afirman los presuntos violadores.
Hay indicios que apuntan a la primera hipótesis (la llamada telefónica de la denuncia, los antecedentes de alguno de ellos, la descripción que hacen de los vídeos quienes han tenido acceso, las conversaciones de WhatsApp, la confesión de haber robado el móvil, etc.).

Si no aporta un solo dato, testimonio o indicio que justifique abrir ese debate, tan sólo la versión de acusados que enfrentan 22 años de prisión, ¿por qué no le pareció al periodista una pregunta absurda?

Es más, ¿qué es lo que hace que otros periodistas salgan a defenderle en su cuestionamiento?

Y, aún peor, ¿por qué más de 3.000 personas aceptaron tomar parte en la absurda encuesta? ¿Cómo es posible que más de 300 decidieran “apostar” a que la denunciante miente? Hay algo que hace que este debate parezca más razonable en el caso de la chica que del hipotético cajero, al menos para una parte de la población. Ese algo se llama cultura de la violación

Este concepto, forjado por la teoría feminista allá en los años 70, describe la matriz de opinión compuesta por clichés, suposiciones, estereotipos y actitudes hacia el género femenino, que producen el efecto de trivializar o legitimar diferentes formas de agresión sexual.
A menudo, a través de la broma, la relativización, la insinuación o la ironía, culturalmente más eficaces que la afirmación explícita, se reproducen patrones de pensamiento que normalizan formas cotidianas de abuso masculino.

En el machuno mundo periodístico abundan los ejemplos.

Hace poco Lucía Méndez relataba en su columna la respuesta de un jefe de Redacción cuando le comunicaron que varias estudiantes en prácticas le estaban esperando: “Que se vayan lavando, que ahora voy”. Si alguien le hubiera afeado su conducta, la respuesta sería previsible: “Mujer, es una broma”.

La cultura de la violación no es cosa de otros, de algunos, de los agresores. Tampoco es explícita, salvo casos patológicos.

Es una parte del medio cultural en que nos hemos constituido todos y todas, uno de los pilares del patriarcado.
Cuando alguien cree que la ropa que viste una mujer agredida es relevante en el juicio, o que si inicialmente coqueteó con su agresor hay que dudar de su denuncia, eso es cultura de la violación.
Para que el cuestionamiento no fuese tachado de improcedente y absurdo, haría falta tener indicios sólidos que autoricen a cuestionar públicamente el relato de la víctima. Recientemente, Nacho Abad, presentador del programa Espejo Público, ponía públicamente en cuestión a la mujer que ha denunciado por violación a ese grupo de hombres autodenominado La Manada.
Preguntó a su público en Twitter si creía la versión de la denunciante o pensaban que hubo “sexo consentido”, como afirman los presuntos violadores. Hay indicios que apuntan a la primera hipótesis (la llamada telefónica de la denuncia, los antecedentes de alguno de ellos, la descripción que hacen de los vídeos quienes han tenido acceso, las conversaciones de WhatsApp, la confesión de haber robado el móvil, etc.).

Si no aporta un solo dato, testimonio o indicio que justifique abrir ese debate, tan sólo la versión de acusados que enfrentan 22 años de prisión, ¿por qué no le pareció al periodista una pregunta absurda?

Es más, ¿qué es lo que hace que otros periodistas salgan a defenderle en su cuestionamiento?
Y, aún peor, ¿por qué más de 3.000 personas aceptaron tomar parte en la absurda encuesta? ¿Cómo es posible que más de 300 decidieran “apostar” a que la denunciante miente? Hay algo que hace que este debate parezca más razonable en el caso de la chica que del hipotético cajero, al menos para una parte de la población. Ese algo se llama cultura de la violación

Este concepto, forjado por la teoría feminista allá en los años 70, describe la matriz de opinión compuesta por clichés, suposiciones, estereotipos y actitudes hacia el género femenino que producen el efecto de trivializar o legitimar diferentes formas de agresión sexual.

A menudo a través de la broma, la relativización, la insinuación o la ironía, culturalmente más eficaces que la afirmación explícita, se reproducen patrones de pensamiento que normalizan formas cotidianas de abuso masculino.

En el machuno mundo periodístico abundan los ejemplos. Hace poco Lucía Méndez relataba en su columna la respuesta de un jefe de Redacción cuando le comunicaron que varias estudiantes en prácticas le estaban esperando: “Que se vayan lavando, que ahora voy”. Si alguien le hubiera afeado su conducta, la respuesta sería previsible: “Mujer, es una broma”.

La cultura de la violación no es cosa de otros, de algunos, de los agresores. Tampoco es explícita, salvo casos patológicos. Es una parte del medio cultural en que nos hemos constituido todos y todas, uno de los pilares del patriarcado.

Cuando alguien cree que la ropa que viste una mujer agredida es relevante en el juicio, o que si inicialmente coqueteó con su agresor hay que dudar de su denuncia, eso es cultura de la violación. Cuando se pregunta a la víctima si había bebido alcohol, es cultura de la violación. No hay prenda ni gesto que incite o sirva de atenuante a una agresión.

En los últimos días viene saliendo a la luz una ola de casos de acoso en el mundo del cine, lo que no puede explicarse en base a los hábitos de ese sector, ni al perfil de las agredidas, sino a una permisividad fomentada mediante la cultura de la violación.

Cuando una buena parte de la pornografía y por tanto de las fantasías eróticas tanto de hombres como de mujeres incluye formas simbólicas o físicas de violencia en distinto grado, según recogen multitud de estudios sobre la cuestión, ello evidencia una omnipresencia implícita de la cultura de la violación.
Cuando la propia ONU es incapaz de evitar que sus cascos azules reciban año tras año cientos de denuncias por agresión sexual, tenemos la evidencia de los efectos más brutales de la cultura de la violación. Soldados europeos que de forma sistemática aprovechan situaciones en que se saben impunes para abusar.

Es un concepto analítico, no es una exageración. Según la Fundación Mujeres, cada ocho horas se comete una violación contra mujeres en España, pero solo el 20% de las veces se produce denuncia y sólo el 1% termina en sentencia.

Según la Agencia Europa de Derechos Fundamentales, una de cada 20 mujeres ha sido violada desde los 15 años de edad, y casi el doble ha sufrido algún tipo de violencia sexual antes de esa edad.
La cultura de la violación es un hecho, y aunque sea a base de actitudes, bromas, presuposiciones, de subtexto y no de razonamiento explícito, esta cultura no explícita es la matriz que produce esas cifras.

En relación al caso de La Manada cabe exigir que se deje trabajar a la justicia y se eviten juicios mediáticos, aludiendo a la presunción de inocencia y el derecho a la defensa como en cualquier otro caso. Esa fue la respuesta esgrimida por el periodista que lanzó la encuesta cuando se vio forzado a borrarla.

Pero, precisamente por ese argumento, preguntar al público si cree que la denuncia es real o inventada fue absurdo e irresponsable.
La pregunta en sí constituye cultura de la violación, precisamente porque atenta contra la presunción de inocencia no sólo de los acusados (la encuesta ya es en sí misma un juicio mediático) sino también de la denunciante, al indicar que podría estar cometiendo un delito de calumnia o de falsa acusación.

Es esta actitud la que normaliza que para estos delitos, a diferencia de otros, se culpe e investigue a las víctimas, un fenómeno que el feminismo denomina revictimización. 

En este caso, el juez ha aceptado como prueba el informe que la familia de un acusado pagó a un detective privado que siguió a la denunciante después de que se produjera la denuncia, mientras que rechaza como prueba conversaciones de whatsapp de La Manada.
Si en otros delitos no es tan habitual que se sospeche de víctimas y denunciantes, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo se supone que debe actuar o no actuar una mujer para demostrar que ha sido violada? La sospecha parece recaer así sobre ella, algo que según el experto Miguel Lorente las denunciantes sufren entre un 15% y un 20% de los casos. Una vez más, cultura de la violación.

¿Cómo se cambia esto? ¿Cómo se acabó con otro tipo de abusos antes normalizados y hoy erradicados? Las expertas hablan de generar entornos que eviten culpabilizar a quien denuncia, con lo que podrán aflorar más denuncias.

Por ejemplo, mediante una combinación de protección específica, políticas públicas de prevención y concienciación, y apoyo a la acción cultural transformadora. 
También insisten, con razón, en que los hombres hablemos y dejemos de considerarlo un tema ajeno.
Hablemos, pues, no dejemos de criticar cuando desde ciertas cavernas mediáticas se arroje la sombra de la sospecha sobre mujeres que se atreven a denunciar. Periodistas y profesores tenemos una especial responsabilidad en este terreno.
Cumplamos con ella..
________

Por qué los medios nunca hablan de los medios

Los medios no quieren dar información sobre los medios. Pero es hora de que se empiece a publicar información sobre la información. Nos hablan de la gran democracia, de la gran apertura, del gran mercado libre de la información, pero en lo que respecta a los medios seguimos sometidos a una censura formidable”.

Juan Manuel Alegría *

Debe ser verdaderamente difícil para un docente, que imparte clases de periodismo, decirle a sus alumnos que esos ideales que les trasmite encontrarán una barrera cuando ellos sean profesionales.

La mayoría no será libre para decir o escribir lo que considera debe ser dicho.

La mayor censura que enfrentarán será la del mismo medio: una, condicionada por el poder y, otra, por el poder económico que financia al medio; con variantes intermedias por las simpatías partidistas, ideológicas o morales de los dueños, directores o editores, o por su propio interés mercantil.

Los nuevos periodistas, si desean sobrevivir en ese medio, como los que los antecedieron (sigo hablando de la mayoría) aprenderán cómo escribir, de qué quieren los jefes de que se hable y qué no se debe decir.

Hace unos veinte años, el maestro Bernardo Díaz Nosty, autor del Libro Negro del Periodismo en España, realizó una encuesta en su país con directores de medios sobre las presiones en su labor.

La mayoría aceptó que lidiaba básicamente con tres presiones: la empresarial-publicitaria; la política y, finalmente, la de los lectores. Las primeras dos son muy claras, la última ocurre porque el público no quiere que su medio se aparte de lo que le gusta leer (tema que ya tratamos en El público, indefenso e ignorante ante los medios en la edición de septiembre).

Por ello, el periodista se acomoda. Afirma José Manuel Burgueño: “El periodista difícilmente puede sustraerse de la ideología o la presión de su empresa. Redactores y hasta columnistas se adaptan sensiblemente al medio, porque las manipulaciones de los grandes grupos son de carácter colectivo y global”.

Y cita a Bernardino Hernando: “Por eso es frecuente escuchar algunos codificadores o escritores de periódico, con toda la ingenuidad del mundo, decir cosas como esta: ‘Me dan toda la libertad. Nadie me dice lo que tengo que escribir’ […]. El caso de articulistas que escriben en medios diferentes y hasta contrapuestos, y adoptan una personalidad distinta en cada uno de ellos no es infrecuente […] Eso es manipulación en grado… metafísico. La más peligrosa […]. El periodista cuenta lo que ve, es cierto, pero lo que ve está filtrado previamente de manera inconsciente. No hay manipulación intencionada, pero sí o baja calidad informativa o frivolidad irrespetuosa por parte del codificador”. (Los renglones torcidos del periodismo).

En una entrevista para El País, Serge Halimi, escritor y periodista de Le Monde Diplomatique, fue entrevistado por Miguel Mora, quien le dijo: “Afirma usted que el periodista trabaja bajo una doble censura invisible, la que ejerce su medio y la suya propia”.

Halimi respondió:

“Son complementarias. El periodista ha integrado el grado de libertad que tiene. Sabe muy bien lo que no se quiere que diga. Si algo le compromete lo más mínimo, lo deja a un lado y escribe sobre algo que no le comprometa: así, convierte su vocación en profesión. Sabe que casi todo lo que escribe es accesorio: eso es periodismo de mercado y pone al redactor en la misma situación de la mayor parte de los asalariados. Es como la cajera de un supermercado: quizás quisiera dar los productos más baratos, pero no lo puede hacer”.

Miguel Mora insistió: “Bueno, todo oficio por cuenta ajena tiene sus servidumbres”.

El también profesor en la Sorbona, indicó: “Sí, pero el periodista se proclama libre, proclama que escribe libremente. Y eso no es exacto. Es una impostura, una ilusión”.

Mora inquirió: “¿Propone entonces un periodista quijote y probo?”

El autor de Los nuevos perros guardianes (Periodistas y poder) es contundente:

“No exageremos. Los periodistas rara vez toman muchos riesgos. […] ¿Cómo se puede hablar sobre la corrupción política sin reconocer que el sistema mediático está también corrompido?

“¿Cómo se puede denunciar la corrupción económica cuando el periodista acumula dinero, favores, canonjías? Se puede ser más o menos probo o puro, pero lo que no se puede es arrogarse el puesto de árbitro de la moral. Si hicieran lo mismo que las cajeras, no lo reprocharía. Reprocho la hipocresía. Y la ignorancia. Porque muchos se creen efectivamente libres.

“Por eso es necesario informar sobre la práctica profesional de los periodistas. Si los periodistas no hablan, nadie lo hará. Ellos tienen el monopolio de informar. Muchos dicen estas cosas en la redacción, pero no en público. Tenemos aún cierto margen de maniobra, pero muchos no exploran todas sus posibilidades, y otros muchos han dejado ya de luchar”. (El País, 21 de agosto de 2002).

***

Las grandes audiencias forman su criterio por lo que leen en su periódico, programa radial o televisivo favorito, pero desconocen las razones por las que esa información es publicada, por qué el medio tiene ese enfoque sobre determinado asunto y por qué un tema es más importante que otro.

El público tendría una visión mayor si conociera a quiénes están detrás de los medios.

Pero si es difícil saber qué tiraje tienen los medios impresos, mucho más lo es saber quiénes son los dueños o los verdaderos dueños, así como cuáles son sus auténticas ganancias o los motores que los mueven sobre su enfoque editorial.

Desde hace mucho se ha hablado de que la noticia es tratada como mercancía. La pérdida de credibilidad en los medios tradicionales y el deslizamiento paulatino a los barrancos de las bajas ventas se debe a que ese periodismo que deja de lado los códigos de ética y que, en lugar de asumir el papel de contra-poder que le ha otorgado la sociedad, se ha convertido en aliado del poder político y financiero y está al servicio de los intereses del grupo que es su dueño, por eso ya no explican cómo funciona el mundo.

Ya sabemos que, para obtener la “amabilidad” de la prensa, un gobierno le compra “publicidad” (sin hablar de los convenios para ese medio en los otros negocios que posee el grupo de dueños). Así mismo ocurre con las marcas que se anuncian. Es probable que hace un siglo a una empresa no se le ocurriera más que solicitar que su anuncio quedará atractivo y bien hecho. Hoy, los dueños de las empresas también participan en la política, tienen intereses en ella, simpatizan con un aspirante un alto cargo, son afines a una religión o movimiento moral o desean beneficios extraordinarios para su empresa y usan su poder financiero para presionar en los medios en busca de su cometido.

Dado que tradicionalmente un medio subsiste por la publicidad de sus anunciantes, muchas veces accede a incumplir con la ética periodística.

Por eso mismo, a diferencia de hace varias décadas, uno sabía por el periódico que una persona leía o traía bajo el brazo, con qué se identificaba política o ideológicamente, hoy ya muy pocos lo cargan, porque en los medios ya no es tan obvia esa identificación, excepto en algunos medios militantes de izquierda (que también aceptan publicidad del gobierno).

Esta “camuflación” (porque en el fondo sí hay una identificación o compromiso político) se debe a que se pretende captar a esa masa que ha estado emigrando de esos medios o fascinar a los potenciales lectores con información banal, como destacar los atractivos físicos de una mujer o escándalos de cualquier tipo o esa casi obsesión por explotar una misma noticia, que más que periodismo es entretenimiento.

Si hace 30, 40 o más años un editor se tiraba de los cabellos por la falta de noticias, ahora le sobran y las usa a toda su potencia; de tal manera que ya existe un término para la sobreabundancia: la infoxicación.

Ese exceso de “información” provoca que el lector brinque de una nota a otra, donde prima lo interesante a lo relevante, por lo que no puede procesar o profundizar en todo lo que le llega.

Un ingenuo cree que porque tiene acceso a más información está mejor informado. No es así.

Esa es otra vertiente de la censura: se nos embute de tanta información irrelevante que perdemos de vista lo que nos serviría para explicarnos un asunto notable (y si lo buscamos con detenimiento, es probable que no lo encontremos o lo hallemos disminuido), o como dice Pierre Bourdieu: “ocultar mostrando”.

Por desgracia no hay medios tradicionales importantes o influyentes que sean hechos por ciudadanos o periodistas. Así que, salvo contadas excepciones, los medios tienen dueños que no son periodistas.

Y cada vez más, por diversas razones un medio exitoso se ha aliado, ha sido comprado o absorbido por un conglomerado. Sobre este punto, el periodista Pascual Serrano señala:

“Recordemos que los dueños de los medios no son ni siquiera empresarios de la comunicación, sus dueños son emporios empresariales con acciones e intereses en todos los sectores, desde multinacionales de las telecomunicaciones que controlan las vías de difusión de la información hasta grupos bancarios imprescindibles para la financiación. Y su viabilidad depende de grandes anunciantes del tipo de empresas de hidrocarburos, automovilísticas, grandes almacenes. Estos medios no son ningún cuarto poder, son el poder del dinero. (Desinformación. Cómo los medios ocultan el mundo)”.

Serrano añade que por esas razones los principios éticos están reñidos con el espíritu de mercado, ya que esos medios defenderán a los bancos que son sus anunciantes harán mutis en los casos de la contaminación ambiental si la provocan las marcas anunciantes, y cita lo dicho por un periodista estadounidense de que en su país se podría escribir en contra de un presidente demócrata o republicano, “pero lo que nunca se podía publicar es la noticia de que se hubiese descubierto una mosca en una botella de Coca-Cola”. De ahí podemos colegir que una empresa (también) se anuncia para que no se hable mal de su producto.

Sabremos si un medio recibe publicidad de una empresa cuando dice en la nota: “están involucradas una empresa trasnacional y una importante marca de automotores” y no se citan los nombres de las mismas.

Así, el periodista deja de serlo y se convierte en lo que considera Pierre Bourdieu: un empleado al servicio de intereses mercantiles, como lo plasma en dos conferencias televisadas que impartió en el Collège de France en marzo de 1996, que poco después aparecieron en forma de libro: Sobre la televisión (Anagrama) y que causaron gran polémica por su crítica a los periodistas y a la televisión.

El problema es más grave cuando el medio está inserto en un grupo mediático, ya que este tiene intereses en varios ramos comerciales. Un ejemplo: el Grupo Prisa creado poco después de la aparición de El País, entre cuyos principales accionistas se hallan Amber Capital, Familia Polanco, Telefónica, HSBC, el presidente del Grupo IAMSA, Caixabank, Banco Santander y Caja Madrid, entre otros. Tiene influencia en más de 20 países en los sectores de prensa, radio, televisión y editorial.

No alcanzaría este espacio para informar todo lo que abarca Prisa; aparte de El País edita otros diarios como Cinco DíasAs, también varias revistas y es dueño del diario online The Huffington Post. Era dueño de varias editoras de libros que vendió en 2014 a Ramdom House y se quedó con Editorial Santillana.

Prisa Radio es el grupo de radiodifusión más grande del mundo en español; posee más de mil 250 emisoras, contabilizadas las propias y asociadas en México, España, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Chile y otros, así como franquicias en varios más.

En televisión, el año pasado vendió Canal a Telefónica pero es accionista de Mediaset España, que opera varios canales de televisión. Sus tentáculos alcanzan también al cine con División de cine (DC), dos empresas que producen y distribuyen filmes. La película “Todo sobre mi madre” de Almodóvar fue producida por Prisa-Telefónica; también “Los otros” de Alejandro Amenábar con Nicole Kidman. Sobre ello señala Ramón Reig con su estilo irónico:

“Así, no ha sido extraño observar cómo el lanzamiento de Los otros permita a Alejandro Amenábar y Nicole Kidman acaparar portadas y numerosas páginas y espacios en El PaísEl País Semanal, Unión Radio y Canal, con contenidos laudatorios: es preciso promocionar los productos de la casa y estimular al público a pasar por taquilla”.

En cuanto a conglomerados en el campo de la comunicación en México tenemos a Televisa; al Grupo Carso, cuyo dueño, Carlos Slim, es el principal accionista de The New York Times, y otro importante: el Grupo Imagen, hoy más famoso por poseer la tercera televisora abierta en el país, cuyo dueño más visible es Olegario Vázquez Raña (hermano del finado Mario, dueño de Organización Editorial Mexicana [OEM], la más grande del país con 70 periódicos, más de 20 estaciones de radio y más de 40 sitios de Internet.

Entre los más importantes medios están los de mayor tiraje: La PrensaEsto Ovaciones). Olegario también es cabeza del Grupo Empresarial Ángeles (una veintena de hospitales) y de Real Turismo (25 hoteles Camino Real), el Banco Multiva (criticado hace poco porque la Secretaría de Hacienda le “perdonó” dos millones 228 mil pesos. También resultó beneficiado Inbursa de Carlos Slim, con un poco más de dos millones y medio de pesos condonados) y constructoras, entre otros.

Grupo Imagen posee cerca de una veintena de radios propias y otra cantidad parecida en afiliadas; es dueño del diario Excélsior y Excélsior Televisión (el diario también produce otros medios como Atracción 360AdrenalinaDinero RSVP). Hace unos meses, en junio, Grupo Imagen se alió con The Huffington Post para crear el portalHuffPost México.

***

También el periodista y catedrático de la Universidad de Sevilla, Ramón Reig, señala que la economía de mercado se sobrepone incluso a las tendencias políticas, por lo que priva “la defensa de un establishment, la cuenta de resultados y la cifra de negocios por lo que no es infrecuente que los grupos de comunicación, sean quienes sean, pongan en práctica proyectos en común […] esto último nos lleva a la uniformidad mensajística esencial y a la distorsión del concepto de economía de mercado”. (Crisis del sistema, crisis del periodismo).

Reig sostiene en su libro que esos mensajes “no periodísticos y pseudoperiodísticos” de los grupos mediáticos estimulan el consumismo, ya que no cuestionan la presencia de la publicidad en sus contenidos al margen de lo que exprese esa publicidad.

Ejemplifica que, si la publicidad es machista o agresiva o incita a la violencia o estimula la creación de falsos arquetipos, “los medios de comunicación no rechazan por sí mismos los anuncios (salvo algunas excepciones que cada vez se han ido flexibilizando más) sino que esperan a que la Justicia dé orden de retirar una publicidad concreta (algo que sólo sucede de cuando en vez)”.

Por el contrario, agrega, los medios aducen que la publicidad les da independencia, entendida esta como la no atadura del poder público, cuando en realidad están sujetos a una doble dependencia: la pública y la privada. La primera por su interés político y la segunda por las presiones de las empresas anunciadoras y desde sus accionistas.

Sus mensajes, añade Reig, no contribuyen al desarrollo de una mente transgresora por cuanto deben defender las legislaciones y el orden imperante, sino se elaboran considerando la rentabilidad por encima de la calidad y la formación de los receptores.

Asimismo tienden a promocionar la mediocridad y la evasión anodina mediante entrevistas comerciales a personajes, programas “de famosos”, concursos, debates que son sobretodo espectáculos.

“Los responsables de los grupos de comunicación estiman que se dirigen a una masa indolente e ignorante que desea lo que ellos deseen que quiera y, sin embargo, la presentan como una audiencia inteligente. Es la técnica del vendedor”.

________________

* Tomado de la revista mexicana Etcétera 

Marcial Maciel, el cura pedófilo, millonario y criminal de los Paradise Papers

Caso Maciel

“Querido padre Maciel”, escribía el Papa Juan Pablo II el 15 de noviembre de 1994 a uno de sus cercanos colaboradores en aquellos tiempos.

“Con ocasión de sus Bodas de Oro Sacerdotales, me uno espiritualmente a Usted en tan solemne celebración para dar cumplidas gracias al Padre celestial, de quien desciende todo don perfecto”, sigue la misiva afectuosa remitida desde el Vaticano.

‘Maciel’ era Marcial Maciel Degolladofundador de la Legión de Cristo –una de las congregaciones religiosas más acaudaladas. Faltaban once días para que se cumpliera su 50 aniversario como sacerdote y su amigo el Papa se anticipó a felicitarlo en una carta en la que exaltó el trabajo pastoral y educativo que el sacerdote realizaba con niños y jóvenes. Lo llamó “guía eficaz de la juventud”.

Cura Marcial Maciel

[Consulta el especial sobre los Paradise Papers]

A los tres días de tan emotivo mensaje del líder del mundo católico, Marcial Maciel estableció en el paraíso fiscal de Bermudas -de la mano de Appleby– la sociedad International Volunteer Services, que le daría facilidades para gestionar los millonarios ingresos de su imperio educativo. En Bermudas, la tasa de tributación para las sociedades es del 0% sobre captación y dividendos. Los fideicomisos también están exentos de carga fiscal.

Uno de los documentos de Appleby que acreditan la cuenta en el Citibank.
Uno de los documentos de Appleby que acreditan la cuenta en el Citibank.

La cuenta por la que fluía el dinero fue abierta en el Citibank de Nueva York, y era manejada por rectores y administradores de la red de universidades de la Legión, una estructura educativa tan poderosa económicamente como el mismo Vaticano. Los ingresos anuales de la red de universidades Anáhuac superan actualmente los 300 millones de dólares, de acuerdo con los documentos contables obtenidos para esta investigación, una cantidad similar al presupuesto de la sede de la Iglesia Católica.

En 1994, Maciel vivía en la cúspide. Además de gozar del apoyo y simpatía del Papa, estaba en expansión su imperio educativo, para lo cual requería tejer una estructura financiera sólida. Paradójicamente, por aquellos años las acusaciones contra Maciel se multiplicaban por parte de víctimas que en su niñez y juventud habían sido abusadas sexualmente en su paso por los seminarios de la Legión.

“Eran días de celebración”, recuerda el sacerdote legionario Pablo Pérez Guajardo, quien colaboró como asistente de Maciel en Roma y fue testigo de las operaciones financieras que ordenaba a sus súbditos.

En noviembre de 1994 –señala el padre Pérez- hubo grandes celebraciones por los 50 años de sacerdocio de Maciel en el Vaticano, en su tierra natal Cotija y en la Universidad Anáhuac, centro escolar que representa la principal fuente de ingresos de la Legión.

Pero la mayor ceremonia en su honor tuvo lugar en el Palacio de los Deportes de la capital de México, un recinto con capacidad para 20.000 personas, donde el nuncio del Vaticano en México, Girolamo Prigione, realizó una ordenación de 57 sacerdotes ante la mirada satisfecha de Maciel.

[Álbum: estos son todos los implicados en los Paradise Papers]

En la carta que el Papa le envió por aquellos días esbozó el tamaño del imperio educativo que Maciel había logrado crear hasta esa fecha: el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum y el Colegio Maria Mater Ecclesiae, en Roma, y decenas de escuelas y seminarios en 16 países de los cinco continentes.

La red secreta en el paraíso

La Congregación siempre fue muy centralista. Desde que el Papa Juan Pablo II autorizó en junio de 1983 las constituciones de la Legión, todo el flujo de capital era controlado por el director general desde la sede de Los Legionarios de Roma. Algo que confirma la investigación de los ‘Paradise Papers‘, la filtración de 13,4 millones de documentos obtenida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y El Confidencial y La Sexta en España.

International Volunteer Services –la sociedad ‘offshore’ creada en 1994 en Bermudas– era parte de una estructura financiera más amplia diseñada con el auxilio del despacho legal y fiscal Appleby en la que participaban como operadores algunos de los colaboradores más cercanos a Maciel. Se trata de sacerdotes, laicos consagrados y rectores de las universidades vinculadas a la Congregación religiosa.

Los archivos muestran cómo el jerarca de la Legión de Cristo ya había establecido otra compañía en las islas del Atlántico Norte. El 28 de diciembre de 1992 había creado The Society for Better Education. Igual que en el caso de “International Volunteer Services”, se alimentaba de recursos del fondo fiduciario Ecyph Limited, afincado en las Islas Vírgenes Británicas. Tal y cómo se ha podido comprobar para esta investigación, se trataba de un esquema secreto, que sólo conocían sus colaboradores más cercanos.

Sede de Appleby en Jersey. (Foto: Reuters)
Sede de Appleby en Jersey. (Foto: Reuters)

En los registros de Appleby, el domicilio de la red financiera urdida en las Bermudas y en las Islas Vírgenes Británicas es Vía Aurelia 677, Roma. En esa dirección, en un complejo de edificios en el medio de un barrio de casas bajas, se encuentra la Vicaría General de los legionarios.

[Appleby, el actor principal de los Paradise Papers]

En los protocolos de administración aprobados por Maciel antes de ser obligado a retirarse del sacerdocio, cada cuenta debía tener la firma mancomunada de un mínimo de tres personas. Excepto las que manejaba él, ya que Maciel sí tenía poder para gestionar libremente de los recursos. Para garantizar un manejo discrecional del dinero, las cuentas eran controladas por las personas de más confianza de Maciel.

Así, por ejemplo, en una cuenta del Citibank en Nueva York a nombre de la organización International Volunteers Services –perteneciente a la red financiera de las Bermudas- las firmas autorizadas eran las de tres personas fieles a Maciel: el sacerdote Jesús Quirce Andrés y los laicos consagrados Mario Olivieri Sangiacomo y Javier Vargas Díez Barroso.

Ingresos millonarios

El establecimiento de una estructura financiera ‘offshore’ en las Bermudas e Islas Vírgenes, entre 1992 y 1994, coincide con la expansión del imperio educativo de los Legionarios, que actualmente representa ingresos superiores a los 600 millones de dólares al año por concepto de matrículas de curso, cobro por servicios y donativos, de acuerdo con los informes financieros de instituciones ligadas a la Congregación, obtenidas para esta investigación. Alrededor de la mitad de esos fondos corresponden a la red de universidades.

En el tiempo entre la creación de la primera y la segunda sociedad en Bermudas, los Legionarios expandieron su red educativa en tres países

En aquellos días, Marcial Maciel era una persona influyente en el Vaticano.

En 1991, un año antes de haber creado su primera empresa en Bermudas, Juan Pablo II lo había nombrado miembro de la Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos, encargado de analizar la formación de nuevos sacerdotes; el mismo Papa lo designó en 1992 integrante de la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y en 1994 consultor permanente de la Congregación para el Clero, órgano del Vaticano responsable de supervisar todos los asuntos relacionados con los ministros religiosos.

En el tiempo que transcurrió entre la creación de la primera y la segunda sociedad en las Bermudas, los Legionarios expandieron su red educativa en tres países: en agosto de 1993 iniciaron ampliaron la red de la Universidad Anáhuac a otros puntos de México, con una sede en Xalapa.

Al mes siguiente fundaron en Madrid la Universidad Francisco de Vitoria, y en octubre del mismo año el Vaticano –a través de la Congregación para la Educación Religiosa- erigió en Roma el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.

Actualmente esta plataforma educativa atiende a 166.000 estudiantes en México, Argentina, Filipinas, Venezuela, Colombia, Brasil, Chile, Italia, España, Estados Unidos, Suiza e Irlanda. De ellos, cerca de la mitad (78.000) cursan estudios universitarios.

D. GRASSO

En los archivos de Appleby aparecen dos sacerdotes y tres laicos que han fungido como rectores o directivos de la red de universidades que la Legión estableció en seis países.

En el entramado financiero de las Bermudas han participado el padre Jesús Quirce Andrés, quien ocupó el cargo de rector de la Universidad Anáhuac; Charles Sikorsky, Presidente del Institute for the Psychological Sciences, una institución académica controlada por los legionarios en Virginia (EE.UU.), que es parte de la Universidad de la Divina Misericordia (Divine Mercy University); Cristian Nazer, rector de la Universidad Finis Terrae de Chile; Javier Vargas Díez-Barroso, quien fue rector de la Universidad Anáhuac del Sur y actual director de la red de colegios Mano Amiga; y Mario Olivieri Sangiacomo, miembro del equipo de directores de la Universidad Interamericana de Desarrollo de México y de la Universidad Europea de Roma.

La intervención del Vaticano

La buena estrella de Marcial Maciel se apagó cuando falleció Juan Pablo II, en abril de 2005. El nuevo Papa, Benedicto XVI, empezó inmediatamente una investigación a la Legión de Cristo. En noviembre de 2006 ordenó a su fundador retirarse del sacerdocio al comprobar la veracidad de las acusaciones que señalaban que había abusado sexualmente de decenas de novicios durante más de 50 años, además de haber asumido identidades falsas para seducir a dos mujeres, con las que había tenido tres hijos.

El 2 de febrero de 2006, nueve meses antes del retiro forzado de su jerarca, los Legionarios liquidaron la compañía ‘The Society for Better Education’, que habían creado en julio de 1992 en Bermudas. La disolución final se realizó el 6 de septiembre del mismo año, según consta en los archivos de Appleby.

Seminario en la sede de los Legionarios de Cristo, en Roma, posterior al cese de Maciel. (Foto: Reuters)
Seminario en la sede de los Legionarios de Cristo, en Roma, posterior al cese de Maciel. (Foto: Reuters)

Aún después de la muerte de Maciel –ocurrida el 30 de enero de 2008- el Vaticano continuó su investigación en torno al sacerdote pederasta y la estructura financiera que había creado alrededor de su imperio educativo. A finales de abril de 2010, una comisión de obispos entregó al Papa el informe final de su pesquisa: tras entrevistar a más de mil legionarios, visitar centros religiosos en 20 países y analizar cientos de testimonios de víctimas, llegaron a la conclusión de que Maciel había llevado una vida criminal, oculto tras su faceta de sacerdote.

Tras ese informe, Benedicto XVI ordenó la intervención de la Legión de Cristo. Mediante un decreto emitido el 9 de julio de 2010, otorgó al cardenal Velasio de Paolis la facultad para gobernar la congregación a nombre del Papa hasta concluir su proceso de limpieza y renovación, el cual se cumplió en febrero de 2014.

Como parte de esta intervención del Vaticano, fue liquidada el 27 de junio de 2013 la sociedad International Volunteer Services, que había sido registrada en las Bermudas el 18 de noviembre de 1994. Con su disolución, también se extinguió el fondo de inversión Ecyph Limited, en las Islas Vírgenes Británicas.

Los otros paraísos legionarios

Además de en las Bermudas e Islas Vírgenes Británicas, la Legión de Cristo ha creado una extensa estructura en otros paraísos fiscales o jurisdicciones de carga fiscal reducida, entre ellos Panamá, isla de Jersey, Suiza, Luxemburgo, Países Bajos y Liechtenstein. En Panamá, por ejemplo, el propio Marcial Maciel estableció en diciembre de 1984 tres empresas ‘offshore’ –First Fountain, Dawn Development Company y Southwest International, Inc.,- con el auxilio del despacho International Legal Advisors, competidor de Mossack Fonseca en la creación de sociedades pantalla en paraísos fiscales.

En la isla de Jersey, ubicada en el Canal de la Mancha, creó en 1995 y 1996 las compañías Kerygma y Oak Management Limited, a las que se transfieren recursos de colegios ubicados en cuatro países.

Mientras que en Suiza, Marcial Maciel controló durante algún tiempo la Fundación Guilé, que tenía como sede un palacio en la población de Boncourt, en el que operaba la sociedad mercantil LCJU, que posteriormente se transformó en LC Suisse. En Zurich, los Legionarios tienen injerencia en la organización Stiftung Semper Altius y en Montreaux en el Institut Le Châtelard Les Avants. Pictet & Cie, uno de los bancos suizos más importantes, administró hasta enero de 2017 más de 39 millones de dólares del fondo de inversión Integer, creado por los Legionarios en Luxemburgo.

En Amsterdam, la Congregación gestiona la organización “Stichting Foundation Regina Apostolorum”, dedicada a administrar las millonarias subvenciones, donativos y regalos otorgados a la congregación por empresas y fieles católicos, así como los fondos que recibe de su filial de Delaware, considerado el paraíso fiscal por excelencia de Estados Unidos. Desde Delaware, los Legionarios han registrado decenas de sociedades pantalla.

______________

Por Raúl Olmos, de El Confidencial de México

Ana Pastor, su vanidad y sus posiciones a favor de la derecha

Pastor, Ana

Ver una entrevista a Ana Pastor en La Sexta Noche TV hablando de objetividad y periodismo de raza es también tristeza e indignación.

El presentador del espacio, Iñaki López, otro ‘periodista’ que dirige un programa ‘neutral’, hizo una loa y un autobombo cutre a Pastor, porque supongo que necesitan hacerlo.

Y ella no desaprovechó la ocasión para colocarse, suponemos que junto a Antonio García Ferreras, el que le organizó la loa televisiva, a la cabeza del periodismo de España. 

Ambos forman un dueto multimillonario de “periodismo”, catedráticos de lo suyo, que trabajan duro por unos objetivos muy claros fijados por la derecha mediática, que se forra gracias a la concesión televisiva de Soraya.

Las metas son dividir a la izquierda y curiosamente favorecer a la derecha, justo lo que hace el periódico La Razón, su medio hermano, de derecha también, muy de derecha, en Atresmedia, el multimillonario grupo de poder mediático.

Es el manido juego que inventó EL PAÍS o la Cadena SER, de aquel grupo de poder mediático, PRISA, de parecer de izquierda para ayudar a la derecha.

Estos medios, junto a La Sexta, promovieron el golpe a Pedro Sánchez.

Había que derrocar el posible gobierno de izquierda y ocultaron que había números, solo había que decir la verdad en antena que con Ciudadanos había diputados de sobra, pero se ocultó. 

Antes, Ferreras se había puesto camisa blanca la noche de las elecciones, porque iba a ser una gran jornada para él, pero se le quedaron los pelos tiesos y se comió en directo su pactómetro con una media sonrisa y los ojos entornados.

También le recuerdo la noche que ganaba Susana Díaz en Andalucía y nos caía la condena a los andaluces de más años de saqueo, entonces Ferreras cortó la emisión para anunciarnos que Tania Sánchez y Pablo Iglesias habían cortado. Era tan importante aquello… Era periodismo…

Recuerdo a Albert Rivera en El Objetivo diciéndole en repetidas ocasiones a Ana Pastor “yo no he dicho eso, yo no he dicho eso” mientras ella seguía hablando y preguntando sin escuchar al entrevistado. Aquel “yo no he dicho eso” quedaba enterrado en la retahíla de Pastora ella le importaba muy poco, porque ella, que dicta cátedra de sabiduría periodística, iba a lo suyo.

O cuando Pedro Sánchez tuvo que advertir a La Sexta que no publicara mentiras, sin ni siquiera contrastar las informaciones con él.

En aquella época el tándem periodístico estaba en aupar a la jefa del PSUSA, la que tiene contratada a la hermana de Pastor, a “lo más alto” del socialismo.

Quizás ahí está la clave, en los contratos y los beneficios, ¿verdad?

También recuerdo cuando dieron por muerto a Pedro Sánchez y luego fueron contra Pablo Iglesias, porque él ya les sobraba: había que derrocarlo y comenzaron la operación Íñigo Errejón.

Intentaron machacar al líder de Podemos para colocar a Errejón, el cual podría pactar y aupar a ‘la más grande’, a Susana Díaz, de derecha, a lo alto del sillón del Pacto de Silencio. ¡Eso es periodismo!

Estos amos de lo suyo dan lecciones de periodismo (?), y ahora están en salvar y justificar la cobardía y la mentira de los líderes a los cuales apoyan. 

La Sexta no ve raras las contradicciones, espantadas y engaños de los políticos que apoya. Los entiende, acoge y les da de nuevo altavoz cuando ya no engañan a nadie. Son patéticos, unos y otros.

El multimillonario estadounidense George Soros, principal accionista de La Sexta TV, está muy contento con ellos porque siguen fomentando el jaleo.

Soros, el multimillonario que defiende el ultracapitalismo, tuvo en nómina a Carles Puigdemont en Catalonia Today, uno de sus medios, y ahora da trabajo a su esposa.

Ese personaje siniestro de Soros promueve la división de ciertos países, muchos de Oriente Medio, para debilitarlos.

En el mundo árabe deben tenerle mucho cariño ya que divide a los enemigos de Israel y curiosamente estos países son los que han sufrido golpes de Estado y guerras civiles con miles de muertos.

¡Eah, Ferreras, dile a Soros que sois muy buenos! Él os cree, él crea muchas cosas. 

Tú sigue yendo a París con la boina a ver las velas en los lugares de los atentados, que parezca que te importa todo aquello.

Pero ve con tu amigo Évolesu manera desastrosa y sesgada de tratar la guerra en Siria.

Seguid así, autodenominándose “periodistas”.

Y no olvidéis nunca alabaros entre vosotros, sois todo un ejemplo.

Uniros al EL PAÍS, que fomenta la chalada de que Rusia está detrás del independentismo catalán.

Formaríais un grupo muy divertido, podríais llamaros “Los bufones de la Corte Mediática”.

Y tú Ana Pastor, presentadora del programa con el curioso nombre de El Objetivo, un poquito de favor.

El acoso subjetivo y  selectivo a tus entrevistados es patético, y no te pongas estupenda contigo misma. Ya tenemos medida la dimensión de tu vanidad.

_____________

Por Daniel Bellaco, de Digital Sevilla

 

Por qué se producen tantos crímenes masivos en los Estados Unidos

Masacres en EEUU

Cuando el mundo mira hacia Estados Unidos ve una tierra de excepciones: una democracia de eficacia probada, aunque ruidosa; un defensor de la política exterior; un exportador de música y películas que todos aman.

Sin embargo, hay una peculiaridad que desconcierta a los seguidores y críticos de Estados Unidos por igual: ¿por qué suceden tantos tiroteos masivos?

Quizá, especulan algunos, se debe a que la sociedad estadounidense es extraordinariamente violenta. O sus divisiones raciales han desgastado los lazos de la sociedad. O sus ciudadanos carecen de la atención mental adecuada en un sistema de salud que suele ser criticado en el extranjero.

Estas explicaciones tienen una cosa en común: aunque parecieran sensatas, todas han sido desmentidas por las investigaciones de los tiroteos que se han efectuado en otras partes del mundo. En cambio, un grupo de investigadores cada vez mayor llega —una y otra vez— a la misma conclusión.

La única variable que puede explicar el alto índice de tiroteos masivos en Estados Unidos es la cantidad estratosférica de armas.

Qué explica los tiroteos masivos

Las cantidades sugieren una correlación que, a mayor investigación, solo se hace más clara. Los estadounidenses constituyen alrededor del 4,4 por ciento de la población mundial pero tienen en su propiedad el 42 por ciento de las armas del mundo. De 1966 a 2012, un 31 por ciento de los tiradores que dispararon contra las masas en todo el mundo fueron estadounidenses, según un estudio de 2015 de Adam Lankford, catedrático de la Universidad de Alabama.

Con ajustes por población, solo Yemen tiene una tasa más elevada de tiroteos masivos entre los países con más de 10 millones de habitantes; una distinción en la que Lankford exhortó a evitar anomalías. Yemen tiene el segundo índice más elevado del mundo de propiedad de armas después de Estados Unidos.

En todo el mundo, según descubrió Lankford, el índice de propiedad de armas de un país se correlaciona con las probabilidades de que suceda un tiroteo masivo.

Esta relación se mantuvo uniforme cuando se excluyó a Estados Unidos, lo cual indica que no se podría explicar mediante ningún otro factor específico de su país natal.

Y se mantuvo cuando controló los índices de homicidio, lo cual sugiere que los tiroteos masivos se explicaban mejor por el acceso a las armas que por su nivel de violencia.

Qué no lo hace: la delincuencia, la raza o la salud mental

Si la salud mental hiciera la diferencia, entonces los datos demostrarían que los estadounidenses tienen más problemas de salud mental que la gente en los países donde hay menos tiroteos masivos.

No obstante, la tasa de gasto en servicios de salud mental en Estados Unidos, la cantidad de profesionales que proveen servicios de salud mental por habitante, así como el índice de trastornos mentales serios concuerdan con los de otros países ricos.

Un estudio de 2015 calculó que solo el cuatro por ciento de las muertes provocadas por armas de fuego en Estados Unidos se podían atribuir a problemas de salud mental.

Además, en un correo electrónico, Lankford comentó que los países con índices de homicidio elevados tendían a tener índices bajos de tiroteos masivos; lo opuesto de lo que uno habría esperado si los problemas de salud mental estuvieran correlacionados con los tiroteos masivos.

El hecho de que la población juegue menos o más videojuegos tampoco parece tener ningún impacto. Los estadounidenses no parecen más propensos a jugar videojuegos que la gente de cualquier otro país desarrollado.

La diversidad racial u otros factores relacionados con la cohesión social tienen poca relación con las muertes ocasionadas por armas de fuego.

Entre los países europeos, hay poca asociación entre la migración u otras métricas de diversidad y los índices de homicidios con armas de fuego o los tiroteos masivos.

Un país violento

El índice de homicidios por arma de fuego en Estados Unidos era de 33 por cada millón de personas en 2009, lo cual excede por mucho el promedio de los países desarrollados.

En Canadá y el Reino Unido era de 5 y 0,7 por cada millón de personas, respectivamente, lo cual también se correlaciona con las diferencias en la propiedad de armas de fuego.

Algunas veces, los estadounidenses ven esto como una expresión de problemas más profundos con la delincuencia, una idea arraigada, en parte, debido a una serie de películas que retratan la violencia de las pandillas urbanas a principios de los noventa.

Sin embargo, Estados Unidos en realidad no es más propenso a la delincuencia que otros países desarrollados, según un estudio histórico que llevaron a cabo en 1999 los investigadores Franklin E. Zimring y Gordon Hawkins de la Universidad de California, en Berkeley.

En cambio, descubrieron, en datos que desde entonces se han confirmado repetidamente, que la delincuencia en Estados Unidos es sencillamente más mortífera.

Un neoyorquino tiene la misma probabilidad de sufrir un asalto que un londinense, por ejemplo, pero el neoyorquino tiene 54 veces más probabilidades de perder la vida en el proceso.

Concluyeron que la discrepancia, al igual que muchas otras anomalías de la violencia estadounidense, se debía a las armas de fuego.

Poseer más armas de fuego se relaciona con más homicidios con armas de fuego casi en cada eje: entre los países desarrollados, entre los estados estadounidenses, entre los poblados y ciudades estadounidenses y cuando se controlan por índices delincuenciales.

La legislación del control de armas tiende a reducir los homicidios por armas de fuego, según un análisis reciente de 130 estudios en 10 países.

Esto sugiere que las armas por sí mismas ocasionan la violencia.

Un investigador camina entre los miles de artículos personales abandonados después de que un tirador abriera fuego en Las Vegas el mes pasado. Credit John Locher/Associated Press

Los tiroteos de masas ocurren en todas partes

Los escépticos del control de armas algunas veces señalan un estudio de 2016. Del año 2000 al 2014, el estudio encontró que el índice de mortalidad por tiroteos de masas en Estados Unidos era de 1,5 por cada millón de personas. El índice era de 1,7 en Suiza y de 3,4 en Finlandia, lo cual indicaría que los tiroteos masivos no eran tan comunes.

Sin embargo, la misma investigación descubrió que en Estados Unidos hubo 133 tiroteos masivos. Finlandia solo tuvo dos, en los que murieron dieciocho personas; Suiza tuvo uno, en el que ocurrieron catorce decesos. En resumen, incidentes aislados.

De tal modo que, aunque los tiroteos masivos pueden ocurrir en cualquier parte, son solo una cuestión de rutina en Estados Unidos.

Al igual que con la delincuencia, el riesgo subyacente es imposible de eliminar por completo. Cualquier persona puede caer o dejarse seducir por una ideología violenta. La diferencia es la probabilidad de que esto conduzca a un homicidio masivo.

En China, cerca de una decena de ataques aparentemente aleatorios a niños en edad escolar acabaron con la vida de 25 personas entre 2010 y 2012. La mayoría usaron cuchillos, ninguno un arma.

En contraste, en este mismo periodo, Estados Unidos experimentó cinco de sus tiroteos masivos más mortíferos, que mataron a 78 personas. Escalados por su población, los ataques estadounidenses fueron doce veces más mortíferos.

Más allá de las estadísticas

En 2013, las muertes relacionadas con armas de fuego en Estados Unidos incluyeron 21.175 suicidios, 11.208 homicidios y 505 muertes ocasionadas por un disparo accidental.

Ese mismo año, en Japón, un país que tiene una tercera parte de la población estadounidense, las armas de fuego solo ocasionaron 13 decesos.

Esto quiere decir que un estadounidense tiene 300 veces más probabilidades de morir a consecuencia de un arma de fuego que un japonés.

La tasa de propiedad de armas en Estados Unidos es 150 veces más alta que la de Japón.

La brecha entre 150 y 300 demuestra que las estadísticas relativas a la propiedad de armas de fuego por sí mismas no explican por qué Estados Unidos es diferente.

Además, Estados Unidos tiene algunos de los controles más débiles del mundo sobre quién puede comprar un arma y qué tipo de armas se pueden comprar.

Suiza tiene el segundo índice de propiedad de armas de fuego más elevado de cualquier país desarrollado, que es cerca de la mitad del de Estados Unidos.

Su índice de homicidios por armas de fuego en 2004 fue de 7,7 por cada millón de personas, que es extraordinariamente elevado, pensando en la relación entre la propiedad de armas y los homicidios, pero sigue siendo una fracción de la tasa de Estados Unidos.

Las leyes de posesión de armas en Suiza son más estrictas y dificultan mucho más tener y mantener un permiso, en cuanto a la venta y el tipo de armas que se pueden tener. Dichas leyes reflejan más que solo restricciones más duras. Implican una manera distinta de pensar en las armas, como algo que los ciudadanos deben ganarse el derecho de tener.

Una vigilia después del ataque de Las Vegas, el peor de la historia de Estados Unidos. Credit Hilary Swift para The New York Times

La diferencia es la cultura

Estados Unidos es uno de los tres países, junto con México y Guatemala, que empieza con la hipótesis opuesta: que la gente tiene un derecho inherente a poseer armas de fuego.

La razón principal por la que la norma estadounidense para poseer armas es tan débil se puede deber al hecho de que a las soluciones intermedias se les da un peso distinto en Estados Unidos en comparación con cualquier otro lado.

Después de que se registró un tiroteo en el Reino Unido en 1987, el país instituyó leyes estrictas de control de armas.

Lo mismo sucedió en Australia después de un incidente en 1996.

Sin embargo, Estados Unidos ha enfrentado una y otra vez el mismo problema y se ha determinado que la propiedad de armas relativamente desregulada vale la pena el costo para la sociedad. Esa decisión, más que cualquier estadística o norma, es lo que más diferencia a Estados Unidos.

“En retrospectiva Sandy Hook marcó el fin del debate del control de armas en Estados Unidos”, escribió Dan Hodges, un periodista británico, en un tuit hace dos años, en referencia al ataque de 2012 en el murieron 20 jóvenes estudiantes de una escuela secundaria en Connecticut. “Una vez que Estados Unidos decidió que matar niños era tolerable, no queda más que hacer”.

___________________

Tomado del diario The New York Times

El periodismo de investigación, más necesario que nunca…

En medio de esa tendencia tan cómoda que busca denigrar a este oficio, emerge el gran trabajo de los Paradise Papers

En medio de esa tendencia tan cómoda que busca denigrar a este oficio, emerge el gran trabajo de los Paradise Papers.

En este 2017, el diccionario Collins consideró que la palabra del año es Fake News. Esto ante las olas y olas de noticias falsas que recorren la red, y que ha alimentado una andanada de descalificaciones al oficio del periodismo.

En la última década  ha sido muy común escuchar que los periodistas ya no son necesarios, porque supuestamente cualquier persona que cuente con un teléfono celular o suba sus comentarios a una página de Facebook se convierte en un “reportero ciudadano”.

En medio de esa tendencia tan cómoda que busca denigrar a este oficio, emerge el gran trabajo de los Paradise Papers, que revela el modus operandi de empresarios, deportistas o políticos que esconden dinero en paraísos fiscales. En algunos casos, podría tratarse de fortunas amasadas gracias al saqueo a las arcas públicas, según algunos analistas.

Si alguien todavía le quedaba duda de la vigencia del periodismo en nuestra época, este trabajo colaborativo en el que se analizaron 13 millones de documentos deja muy en claro lo necesario que es este oficio para las democracias, y más ante la histórica necesidad de que existan contrapesos independientes a los poderes institucionales, y de esta forma revelar los secretos que los poderosos quieren mantener ocultos. O los arcana imperi, como decían los teóricos clásicos.

Este ejemplo de los Paradise Papers reivindica también el gran valor del trabajo colaborativo cuando se hace periodismo, así como el rigor profesional que se aprende en las aulas y en las salas de redacción.

Los documentos auscultados son desde hojas de cálculo, hasta proyecciones financieras y estados de cuenta.  No cualquiera puede echarse el clavado a ese mundo. Y se logró gracias al compromiso profesional de estos casi 400 periodistas de 90 medios de comunicación con sede en 67 países que integran el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Este trabajo confirma que las soberanías nacionales, son cada vez más endebles en este mundo globalizado,  y por ello parecen esfumarse. Pero afortunadamente, también para el periodismo de investigación se esfuman esas fronteras. Sin duda estos esfuerzos globales del periodismo son de lo más afortunados y bienvenidos.

Y cuando hablo del periodismo de investigación me refiero al auténtico, al único que podemos concebir. El que conlleva un trabajo de análisis en base de una metodología científica y de corroboración de información. Que precisa de contrastar fuentes, de armar el rompecabezas y ofrecer una contextualización apropiada. Elementos que solo ofrece un profesional que se dedica a este oficio las 24 horas del día.

Es entonces, una luz de esperanza que haya periodistas que están haciendo su chamba: llegar a la verdad.

Falta que las instituciones, sobre todo en países como México, hagan la suya: llegar a la justicia.

SDP noticias.com

P.D. Gracias a Jon Ospina, por la reflexión.

Por qué quedan impunes 90 % de las violaciones a menores de edad

PREMIO INTERNACIONAL DE PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 2017 IPYS

En el sistema salvadoreño, en un caso de violación de menor de 15 años, un juez puede absolver aunque se haya probado el delito y su autoría.

Entre 2013 y 2016, la impunidad en estos crímenes fue del 90 %, con jueces que llegaron a justificar que la menor “aparentaba ser toda una señorita” o que confiaron en la buena intención del agresor y procuraron con su sentencia que víctima y victimario formaran un hogar.

PERIÓDICO EL FARO DE EL SALVADOR
Violación a niñas investigación

Marta no recordaba el día exacto, pero sí que tenía 11 años cuando en 2009 Jonathan “la hizo su mujer”. Él tenía unos 18 o 19 años. Marta contó que Jonathan no la obligó, que ella lo hizo por su gusto, porque cada vez le daba 3 o 5 dólares. Jonathan la invitaba por las tardes a la tienda que había en su casa. Marta añadió que, aunque no recordaba cómo, un año después, cuando ella tenía 12, José, el padre de Jonathan, también “la hizo su mujer”, y también le daba dinero a cambio, unos 5 o 10 dólares en cada ocasión.

Marta rindió este testimonio en el segundo semestre de 2013 y aparece recogido en la sentencia pública del juicio contra Jonathan y José. Desde entonces, añadió Marta, desde sus 12 años de edad, visitaba la tienda dos o tres veces por semana para tener sexo con los dos hombres.

En junio de 2012, cuando tenía 14 años, Marta quedó embarazada. En su declaración a la sicóloga forense dijo que no sabía si de Jonathan o de José. En septiembre de 2013, la madre de Marta se decidió a presentar una denuncia contra los dos hombres. A los pocos días, la esposa de José fue a pedirle que la retirara y a cambio le ofreció “ayudarle con el niño”.

En El Salvador, tener relaciones con alguien menor de 15 años es siempre un delito. No importa si el agresor usó violencia ni si la víctima dio su consentimiento. El sistema de justicia penal ha determinado que toda persona entre cero y 14 años es intocable sexualmente, pues considera que durante esa etapa de la vida nadie tiene aún las capacidades físicas ni intelectuales para decidir su comportamiento sexual. A esa condición los juristas le llaman “indemnidad sexual”.

Bajo esta premisa, la historia de Marta llegó hasta el tribunal de sentencia de San Francisco Gotera. A Jonathan y su padre se les imputó el delito de violación a menor e incapaz. A Marta, como parte acusadora, se le sometió a revisiones médicas (inspección de genitales y ano, pruebas de sangre y orina) y sicológicas, a presentar una declaración escrita y a repetir al menos tres veces su versión de los hechos. Ella y su cuerpo fueron la pieza clave de evidencia y, para culminar, a su bebé le hicieron un examen de ADN para corroborar si, como ella afirmaba, era hijo de alguno de los demandados. El resultado del estudio genético fue rotundo: la paternidad correspondía a Jonathan.

Nueve meses después de presentada la demanda, Jonathan y su padre, José, eran absueltos de toda responsabilidad civil y penal. El juez de sentencia Óscar René Argueta Alvarado argumentó en su resolución fechada 3 de junio de 2014, que debido a que Marta no se había presentado en la etapa de sentencia del proceso, nada pudo convencerlo “por ningún medio probatorio y pertinente” de que Jonathan o José hubieran violado a la menor de edad.

***

Todos los delitos contra la libertad sexual se persiguen de oficio. Es decir, que la Fiscalía está obligada a investigar aunque la víctima se retracte o no rinda su declaración frente a un juez. Además, la conciliación entre las partes es inadmisible.

http://herramientas.elfaro.net/mapa_violaciones/examples/basic/legend_areas.html

El código penal de El Salvador criminaliza 15 acciones que atentan contra la libertad sexual. En esta investigación El Faro se concentró en una de ellas: la violación contra menor e incapaz, definida como el acceso carnal vaginal o anal con menor de 15 años.

Entre 2013 y 2016, la Fiscalía General de la República recibió 8,464 denuncias por el delito de violación. De estas, la mayoría -el 60 %- fueron cometidas en menores de 15 años, de los cuales, un 80 % eran niñas. Al revisar los registros de denuncias recibidas por la Fiscalía en los últimos cuatro años, el municipio con el peor panorama es Mercedes la Ceiba, en el departamento de La Paz: un equivalente a 366 por cada 100,000 menores de 15 años. Este dato, aunque es solo una extrapolación porque dicho municipio es uno de los menos poblados del país, sí expresa la probabilidad que los menores de 15 años tuvieron de ser víctimas de violación en esos cuatro años en esa localidad.

 

¿Y qué sucede luego con las denuncias que recibe la Fiscalía? Muy poco. Entre 2013 y 2016, la Fiscalía solo pudo llevar ante juzgados el 27 % de ellas. Y del total de las violaciones denunciadas entre 2013 y 2015, solo el 10 % terminaron en condena.

 

El Faro revisó datos estadísticos proporcionados por la Fiscalía y 284 versiones públicas de sentencias definitivas en casos de violación a menor o incapaz. De estas resoluciones, el 42 % (119) correspondió a una sentencia absolutoria, con lo que los acusados se salvaron de una condena de hasta 20 años de prisión. De esas resoluciones absolutorias se puede concluir que en algunos casos aunque exista un delito probado y se confirme la participación del agresor por medio de una prueba de ADN, el imputado puede resultar absuelto. Para resolver en favor de los acusados, los jueces echan mano de argumentos como que el imputado desconocía la ley, o que condenarlo causaría un mayor perjuicio que un beneficio, o que el móvil del violador era formar un hogar con la menor de edad, o que la niña “aparentaba ser toda una señorita”. Una cosa es probar que ha habido un delito, explica un juez, y otra es demostrar que hubo culpa.

En el ámbito del sistema de justicia salvadoreño la violencia sexual hacia niñas menores de 15 años parece estar tan normalizada que hasta hay quienes hablan de “delitos sabrosos” o “delitos de amor” para referirse a ella.

No basta con probar el delito y la autoría 

Lo que ocurrió con Marta es habitual. Las 119 resoluciones absolutorias revelaron que, en la mayoría de casos de violación a menores, queda probado el delito e incluso la autoría, pero no quién es la persona culpable, aunque el autor esté sentado en el banquillo de los acusados. Esto puede parecer una paradoja, pero ahí es donde entra en juego la libertad que tienen los jueces para decidir si está probada la intención de las personas acusadas.

La falta de declaración de la víctima, frente al juez o en vídeo, fue el motivo en el 57 % de las 119 absoluciones revisadas.

Como consta en la resolución TS-049-2014, el juez Argueta Alvarado nunca negó que Marta hubiera sido violada, pero determinó que, con la prueba de ADN, la Fiscalía solo se limitó a probar que el acusado había tenido “acceso carnal vaginal” con una menor de 15 años. Lo que faltó demostrar era si Jonathan había actuado con la intención y la conciencia de cometer un crimen. Algo que en jerga legal se conoce como “dolo”. Eso, por ley, solo lo podía demostrar Marta por ser la principal y única testigo.

En El Salvador, el mismo Código Penal que establece quién es un violador también incluye ventanas que pueden procurarle al imputado una absolución: el desconocimiento del imputado de la edad real de la menor o ignorar que era un delito tener sexo con ella.

Por eso a Argueta Alvarado le urgía el testimonio de Marta. Al no escucharla concluyó que él no podía dictar una sentencia condenatoria. Fue así como la violación a Marta pasó a engrosar la enorme lista de agresiones sexuales a menores en impunidad.

El artículo 4 del Código Penal dicta que “la pena o medida de seguridad no se impondrá si la acción u omisión no ha sido realizada con dolo o culpa”. Esta disposición usan los jueces para exigir a la Fiscalía que pruebe la intencionalidad que tuvo el violador, incluso en los casos en los que existe una prueba científica o prevalece una relación clara de poder por la diferencia de edad entre agresor y víctima.

Desde la perspectiva de la Fiscalía, cuando existen pruebas irrefutables, como el examen de ADN, no es imprescindible el testimonio de la víctima. La fiscal Mabelin Ayala sostiene que en esos casos hay mérito para que se condene al imputado. “Hay un delito probado porque hay una prueba científica que para nuestro criterio es irrefutable. Ese es nuestro criterio y no deberían ocurrir esas absoluciones. Pero en derecho hay diversidad de criterios y apreciaciones”.

Arnaú Baulenas es el coordinador jurídico del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), y él cree que debería prevalecer la tipificación de delito que hace el Código Penal, particularmente cuando en el proceso se ha probado la paternidad. “A mí me sorprende muchas veces lo que pasa en El Salvador, porque los jueces te dicen ‘No, es que es un problema de interpretación de la ley’. No, no, esto no es un problema de interpretación de la ley, esto es un problema de ignorancia del juez. El código es claro. Si es menor de 15 años esto es delito y ya”.

En junio 2015, el caso de Enriqueta tuvo el mismo desenlace que el de Marta: su abusador quedó libre porque ella no se presentó a declarar. Las diferencias entre ambos, sin embargo, fueron abismales: ella no consintió la relación y fue forzada. El juez responsabiliza a la Fiscalía porque, según su criterio, no pudo presentar sólidamente el caso.

Eran los primeros días de diciembre de 2014 cuando Enriqueta, alrededor de las 9 de la mañana, decidió ir a bañarse. Por la disposición de la casa en la que vivía con toda la familia materna, el baño estaba un poco retirado de las habitaciones. Mientras se estaba bañando se percató de que Efraín la estaba observando. Este había aprovechado un lavadero contiguo para subirse a él y mirarla desde arriba. Enriqueta se cubrió con la toalla e intentó regresar a la vivienda, pero Efraín se interpuso y la empujó hacia el cuarto de baño. La amenazó. Le dijo que si gritaba “se las iba a pagar”. Ella le pidió que la dejara ir y él le tapó la boca para evitar que pudieran escucharla la tía de Enriqueta, que estaba en casa revisando su cuenta en Facebook, y la hermana de Enriqueta, que veía televisión. La penetró anal y vaginalmente. Cuando eyaculó, Enriqueta aprovechó para correr hacia su cuarto. Estaba vistiéndose en su habitación cuando, de nuevo, se sintió observada: era Efraín, que la miraba a través de una ventana. Enriqueta dijo que no sabía si fue más por miedo o por vergüenza que en ese momento no le contó a nadie sobre la violación de que había sido víctima. Enriqueta tenía 12 años, y Efraín, su tío, 43.

Al igual que Marta, Enriqueta no se presentó a declarar durante el proceso. Alejandro Antonio Quinteros, el juez primero de sentencia de San Salvador que conoció su caso, llegó a la conclusión de que Enriqueta había sido abusada. Lo demostraban los peritajes genital, sicológico y siquiátrico.

Pero ante la ausencia de la víctima, Quinteros no podía comprobar que Efraín había sido su agresor: “Se valora que hay algunos indicios importantes de manera periférica, pero que en este caso no son los suficientes, tal y como el Ministerio Público Fiscal lo reconoció en la vista pública, para poder acreditar el hecho por el cual se sometió a juicio al encartado”. Quinteros traslada la responsabilidad a la parte acusatoria que, salvo por la denuncia interpuesta en la Policía el 3 de enero de 2015, no tenía, según él, pruebas que respaldaran la acusación en contra del imputado, a pesar de los detalles otorgados por la víctima.

Inicialmente, la Fiscalía contó con la declaración de Enriqueta y su mamá. Pero en algún momento del proceso, su mamá, su representante legal, llegó a manifestar que quería retirar la demanda. Mabelin Ayala, la fiscal a cargo de la Unidad de la niñez, adolescencia y la mujer de San Salvador, recuerda que, por tratarse de delito que se persigue de oficio, aunque la víctima desaparezca, están obligados a continuar con la investigación. “Junto a la policía es obligación investigar o tener otros elementos: si quedó alguna evidencia en el lugar, alguna muestra, algunas prendas de la víctima o si quizás quedaron testigos, siempre se agota la investigación aunque no esté la víctima, siempre es obligación -enfatiza- agotar todos los recursos que haya”.

La noche del 3 de enero, la mamá de Enriqueta supo que esta no había menstruado desde su primera vez en noviembre anterior. Le pareció extraño y comenzó a cuestionarla. Enriqueta le confesó el episodio de diciembre y Efraín terminó confrontado por su familia. El hombre dijo que la menor era mentirosa y se fue de la casa. Enriqueta y su madre fueron a la Policía a denunciar la violación. Ahí Enriqueta contó todo. El asalto de Efraín en diciembre había sido en realidad el segundo. En febrero 2014 la había violado por primera vez y también la había amenazado: que si le contaba a alguien “se las iba a pagar”.

Además de sumar un nuevo caso a la lista de delitos en impunidad en El Salvador, el caso de Enriqueta sirvió para poner bajo la lupa de observadores internacionales el actuar judicial en el país.

La sentencia absolutoria a favor de Efraín fue nominada ante la organización Women’s link worldwide para recibir el reconocimiento Garrote del año 2016. Se trata de un señalamiento a los pronunciamientos o decisiones de jueces que hayan tenido un efecto negativo sobre la equidad de género, incluyendo aquellos relacionados con derechos sexuales y reproductivos, violencia de género y discriminación por género, en todo el mundo. El Salvador no obtuvo los suficientes votos para obtener el Garrote en 2016, pero este y otros dos casos habían sido postulados.

Quinteros explica a El Faro que los peritajes sicológico y siquiátrico no son suficientes para probar que Efraín fue el agresor de Enriqueta: “Sí sirve porque ahí la niña presenta una historia y se verifica que ha habido consistencia. Pero la denuncia no puede ser tomada como una declaración”.

El caso pasó por los juzgados de paz e instrucción sin ningún reparo, pero al llegar a sentencia, aclara el juez, “necesito tener certeza de que el agresor es él”. Si bien aclara que no era estrictamente necesario que Enriqueta rindiera su declaración en persona, la Fiscalía falló en tres ocasiones: la primera, al no anticipar la declaración por medio de cámara Gesell, que es una habitación aislada para que se pueda hacer declaraciones sin perturbaciones o para evitar la presencia de personas que puedan perturbar una declaración; en segunda instancia, por prescindir de la declaración de los peritos de Medicina Legal; y, por último, al no presentar un testigo de referencia que certificara el testimonio de la víctima vertido en la declaración. “Pudo haber presentado al fiscal que la entrevistó, pero el problema es que a veces el mismo que les recibe la denuncia es el mismo que lleva el caso a tribunales”.

Absolución en nombre del amor

Cuando se trata de menores de edad, la ley explica que no es obligatoria la presencia de la víctima en el juicio y que puede obtenerse su declaración en un ambiente no formal. A partir del 1 de octubre de 2010, El Salvador comenzó a utilizar las cámaras Gesell para que los menores de edad rindan su declaración en un ambiente aislado frente a un sicólogo. La idea es evitar intimidación en las víctimas por tener que declarar frente a su agresor.

En El Salvador existen solo seis para recoger las declaraciones de las víctimas de 262 municipios. En San Salvador y Zaragoza, las fiscales Mabelin Ayala y Silvia Saca, respectivamente, aseguran que todas las víctimas de violación a menor e incapaz rinden su declaración de esta manera.

Existen distintos mecanismos a los que la parte acusadora puede recurrir en caso de que no se obtenga la declaración anticipada de la víctima y que desaparezca, pero su versión de los hechos sigue siendo la prueba reina.

Así lo reconoce la misma Fiscalía: “La toma de testimonio en la cámara Gesell garantiza en un 99.9 % que el imputado sea declarado responsable, situación que no sucede cuando no se ha recibido el testimonio como anticipo de prueba, debido a que el niño, niña o adolescente cuando está frente a su agresor sufre dificultades físicas o emocionales que le impiden rendir el testimonio, por lo que los jueces, al no declarar, absuelven de responsabilidad al imputado”, explica la institución en el comunicado de prensa de entrega de la guía para el uso de este recurso.

En el 43 % de las resoluciones absolutorias revisadas sí hubo testimonio de la víctima. Pero pese al cumplimiento de este requisito, tampoco se logró la condena de los agresores. La historia de impunidad se repitió, a veces porque el juez no creyó en la versión de la víctima, a veces porque consideró que la intención real del acusado era formar una familia y a veces porque responsabilizó de lo ocurrido a la víctima.

Una resolución de julio de 2013 cuenta la historia de Graciela, una adolescente de 13 años que dijo ser novia de Bruno, el vecino de 25. La denuncia fue hecha por Carmen, la madre de Graciela, el día en que su hija, sin avisar, volvió a casa hasta las 5 de la mañana. La hija le confesó que se había quedado con Bruno y que había tenido sexo con él. Carmen había rezado toda la noche anterior para que su hija regresara sana y salva. Ya frente a la jueza, Vilma Adela Melara, del tribunal de sentencia de Santa Tecla, Graciela confesó que en realidad tuvo relaciones sexuales con dos novios antes que con Bruno, que con él todo había comenzado una año antes de que su mamá se enterara. En el expediente judicial consta que según Graciela, Bruno nunca la forzó, aunque accedió porque él se lo pidió y ella lo quería.

De nuevo las pruebas forenses probaron el delito: el ADN del semen encontrado en la vagina de la menor era del acusado. La sicóloga concluyó que hubo “sicosexualización temprana provocada por un adulto que se había aprovechado de su vulnerabilidad emocional, seduciéndola hasta generar un lazo afectivo con él”. Graciela presentaba síntomas y secuelas de abuso sexual.

Pero Bruno igual resultó absuelto. La jueza interpretó el artículo 159 del Código Penal que protege a los menores de 15 años contra el delito de violación, bajando ese límite de edad. Según ella, hasta los 12 años los niños son intocables sexualmente porque, por su edad, no pueden tener conocimientos sobre el tema. En cambio entre los 13 y 14 años, la ley ya no protege que los adolescentes sean intocables sino que tengan un normal desarrollo de la sexualidad. “ … Eso es debido a que a esa edad ya hay un desarrollo educacional orientado por los profesores y los mismos padres sobre lo que es una relación sexual”.

La jueza consideró que por su edad y al haber tenido relaciones sexuales previas, “Graciela conocía ya qué era una relación sexual y comprendía la relación entre ella y Bruno”. No tenía excusa. Por lo tanto, dice, el bien protegido por la ley “ya había sido violentado por una persona diferente y si no hay bien jurídico protegido no podemos hablar de delito”. El dedo de la jueza apuntó también a la madre, a quien señaló por ser tolerante con su hija. “Observo -dijo-, “con mucho más carácter y un poco más agresiva a Graciela que a su madre”.

Los jueces consultados para este reportaje justifican sus decisiones en lo que establece el artículo 179 del Código Procesal Penal, que manda a los jueces valorar las pruebas de acuerdo con las reglas de la “sana crítica”: la lógica, la sicología y la experiencia común. Se espera que por medio de ese ejercicio intelectual los jueces hagan una correcta apreciación y salden cualquier duda razonable para dictar una sentencia. La doctrina jurídica manda que esa valoración sea sincera y de buena fe.

Porque es “costumbre” y ella “toda una señorita”

Las 119 resoluciones absolutorias revisadas por El Faro muestran que, a veces, esa “sana crítica” está salpicada por prejuicios de género y de edad que terminan culpando y desacreditando a las víctimas, e incluso terminan justificando las violaciones como un rasgo de las costumbres de la sociedad salvadoreña.

Eso es lo que pasó en el caso de Estefany y Alonso. Él, de 25 años, se llevó a Estefany, de 12, a vivir con él. Antes de acompañarse en marzo 2013, Estefany vivía bajo el cuidado de su hermana mayor y de su abuelo. La madre vivía en Estados Unidos y de alguna manera se había enterado de la relación entre Alonso y su hija menor, oponiéndose completamente. Dos meses después de que Estefany  dejara su casa, la hermana puso una denuncia diciendo que Alonso se había llevado a Estefany “para hacer vida con ella”, que la maltrataba a golpes y con malas palabras. Además, que esparcía rumores sobre ella, a quien señalaba por hacer los oficios de la casa.

El caso llegó al escritorio del juez Alejandro Hernández Robles, del tribunal de sentencia de San Francisco Gotera. En su testimonio, vertido en la resolución 075-2013, Estefany dijo que quería a Alonso y que este nunca la había obligado a nada, que nunca la había maltratado y que no quería que estuviera preso. Él declaró que todo lo que pasó fue porque también ella quiso, que sabía que ella era menor, pero que él se enamoró. “Cuando el amor llega, no mira edad ni religión”, dijo, y añadió que su deseo era formar una familia, y por eso se la llevó a vivir con él.

El estudio Mapa de Embarazos en niñas y adolescentes en El Salvador 2015, del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), reveló que entre los años 2013 y 2015 uno de cada tres embarazos fueron de adolescentes. Los datos del Ministerio de Salud muestran que solo en 2015 se inscribieron en control prenatal 13,146 niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años, de las cuales el 11 % (1 de cada 9) tenía 14 años o menos.

Bajo el marco de lo que establece el Código Penal -que es delito todo “acceso carnal vaginal o anal” con personas menores de 15 años-, el registro prenatal puede funcionar como una aproximación a la magnitud del grupo de niñas que han sufrido violaciones a su indemnidad sexual. En 2015 las registradas porque estaban embarazadas fueron casi 1,500.

El UNFPA ha señalado que el embarazo a tempranas edades en muchos casos está vinculado con las uniones tempranas o matrimonio infantil. De las niñas que tenían 10 y 12 años, el 29 % ya estaban en unión con un varón antes del embarazo y el 17 % se encontraba con una pareja que tenía 10 o más años que ellas. De este grupo, niñas de 10 a 12 años, 1 de cada 10 estaban unidas formalmente mediante el matrimonio. En El Salvador, el Código de Familia habilita el matrimonio para personas de hasta 12 años, bajo ciertas condiciones.

Cuando Estefany dio su testimonio a la fiscal, corroboró la versión que su hermana contó en la denuncia, pero con una pequeña e importante diferencia. Las relaciones sexuales con Alonso comenzaron cuando tenía 11 años, y no 12. Este caso, como los otros, no dejó dudas sobre la materialidad del delito. Pero de todas formas el juez Hernández Robles absolvió al acusado.

Según el juez, hubo dos circunstancias en favor de Alonso. Una, que este se confundió al calcular la edad de Estefany y pensó que era mayor de 15 años. La otra, que en realidad no quería cometer un delito sino “hacer vida marital y formar una familia” con ella. De esta manera, Hernández Robles determinó que no existió en Alonso ni intención ni conciencia de estar cometiendo una violación.

Para hacer este razonamiento el juez se amparó en dos figuras legales que permiten alegar que el culpable cometió un delito sin dolo y librarlo de responsabilidad.

La primera fue el “error de tipo”, que ocurrió cuando el acusado erró en su estimación de la edad de Estefany. Esto puede ocurrir por engaño o porque se considere que la niña tiene una apariencia física que la hace parecer mayor. En la resolución de sentencia del caso de Estefany, el juez concluyó que al momento del juicio ella “era una jovencita bien desarrollada físicamente” y que aparentaba más edad. Por consiguiente, Alonso, a pesar de llevar más de un año teniendo relaciones sexuales con ella, se confundió en la edad y no tuvo forma de saber que cometía un delito.

La segunda es el “error de prohibición”, es decir, cuando el imputado desconoce que lo que hacen está prohibido por la ley. El juez razonó que “de conocer el procesado de la prohibición de dicha norma, su relación con [Estefany] la hubiese mantenido en la clandestinidad” y nunca habría expresado públicamente su intención de formar un hogar con la víctima. Esto fue suficiente para resolviera que no percibió en “el actuar de este que conociera de la ilicitud del hecho”.

La Constitución de la República y el Código Civil de El Salvador dictan que una vez publicada una ley se entenderá que es conocida por todos y nadie puede alegar ignorancia de ella como excusa para no cumplirla. Pero para el juez Hernández Robles el supuesto desconocimiento de Alonso se justificó como causa de exculpación porque era “un comportamiento que refleja la costumbre arraigada en nuestra sociedad”. Su juicio se volvió contra la víctima y dictaminó que especialmente en las comunidades rurales las menores de 12 o 13 años “cuando con su desarrollo físico aparenta ser ya toda una señorita, y creyéndose esta poseedora de un mínimo nivel de madurez para decidir sobre su libertad sexual, se involucra en una relación sentimental con un joven que deriva como es normal en nuestras sociedades en la consumación del acto sexual”.

Para Arnaú Baulenas, el coordinador jurídico del IDHUCA este tipo de razonamientos evidencian cómo en el sistema judicial “el concepto del machismo existe y por lo tanto esa idea del poder del hombre de hacer lo que quiera”. Una cuestión, según él, que traspasa hasta los jueces, quienes muchas veces terminan “resolviendo algo jurídico desde un posicionamiento ideológico”, justificándose con las interpretaciones particulares que hacen de la ley. “Hay algo que tenemos que tener claro: que un juez se ampare en un artículo no quiere decir que sea una interpretación conforme a la ley”.

Los prejuicios sobre las mujeres y la normalización de las conductas violentas de los hombres como obstáculo para el acceso a la justicia es algo que han venido señalando diversas organizaciones que trabajan sobre el problema. Ya en 1998, la organización Las Dignas, en el estudio Sistematización sobre violencia sexual e intrafamiliar, concluyó que muchas de las valoraciones que los jueces hacían en las sentencias relativas a los delitos contra la libertad sexual estaban basadas en la desacreditación de las mujeres y en su  culpabilización como provocadoras y consentidoras: “Todas estas visiones tienden a favorecer a los agresores porque, en definitiva, justifican la violencia al minimizarla o trivializarla”.

Casi dos décadas después, la trivialización de la violencia sexual sigue presente, no solo en el razonamiento de los jueces al impartir justicia, sino en la manera cotidiana de expresarse al respecto. Tres fuentes consultadas por este periódico dijeron que dentro del sistema judicial hay quienes han creado una categoría especial para hablar de este tipo de delitos, llamándoles “sabrosos” o “de amor”. “Se les dice delitos sabrosos”, contó a El Faro una exjueza de paz de San Salvador, que pidió el anonimato, por temor a represalias. Este término es parte de la jerga del día a día entre jueces y fiscales a manera de broma: “De hecho, a la unidad de la Fiscalía especial en violencia contra la mujer también le dicen unidad de delitos sabrosos”. Otro juez consultado por este periódico y que también pidió mantener en resguardo su identidad, dijo que él lo que ha escuchado es que se habla de “delitos de amor”.

Sobre la terminología “delitos sabrosos”, la exjueza dice que cuando llegó a formar parte de los tribunales, el término ya existía y lo usaban sobre todo los hombres, pero admite que ella misma lo usó en alguna ocasión. “Yo lo conocí porque me lo dijo un hombre, pero también lo usamos, a veces, las mujeres. Yo lo he usado, pero no con las víctimas”. Acepta que la expresión no es solo una falta de respeto a las víctimas, sino también una manifestación del “sexismo que está arraigado en El Salvador” y de la desvalorización de la violencia sexual. “Yo me puedo imaginar que para algunos influencia porque, imaginate, cómo va a concebir un juez un caso así si entrás con ese referente. En el inconsciente quizá le quitan importancia al delito”.

En la lucha contra la violencia sexual, el Estado salvadoreño ha aceptado en su discurso la gravedad del problema; ha creado leyes y herramientas para combatirlo. En teoría, los administradores de justicia tienen más herramientas para proteger a las víctimas cuyos derechos han sido vulnerados: en 2011 entraron en vigencia la Ley de Protección Integral para la Niñez y la Adolescencia (Lepina) y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la discriminación contra las mujeres (LEI). Un año más tarde, la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres (LEIV). Pero en la práctica, las garantías que protegen estas leyes no se están cumpliendo. Y el gobierno está consciente de eso.

En julio de 2016, la ministra de Salud, Violeta Menjívar, reconoció que hay problemas de aplicabilidad a la ley e invitó al sistema judicial a “involucrarse en el tema”. Sus declaraciones fueron parte de la presentación, junto al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Mapa de embarazos en niñas y adolescentes en El Salvador 2015. El estudio revelaba que 30 % de las mujeres embarazadas eran niñas y adolescentes entre diez y 19 años.

El Código de Familia permite las uniones con menores de 18 años si existe un embarazo de por medio. Entre las sentencias revisadas por El Faro, hay jueces que han absuelto a los imputados cuando hay un menor producto de la violación, con el argumento de que favorecerán el desarrollo sicológico y “un pleno y armonioso desenvolvimiento de su personalidad”. A esto se le conoce como interés superior del menor y está recogido en el artículo 350 del Código. De esa forma, la vulneración del derecho de una menor de 15 años que ha concebido producto de una violación queda relegado ante el derecho de un ser en gestación o ya nacido. “¿Qué gano yo separando una familia? La idea es que el imputado se haga cargo, lo mantenga”, explicó a El Faro el juez Alejandro Hernández Robles.

Desde 1998, el Código Procesal Penal ha sufrido modificaciones que permitieron, por ejemplo, que la decisión sobre un acusado de violación pasara de las manos de un jurado a las de un juez. Antes de julio de 2001, los jueces de sentencia solo veían desfilar la prueba científica y testimonial en todos los delitos contra la libertad sexual, pero no les competía decidir si había responsabilidad o no. Si a su juicio se estaba cometiendo una injusticia al condenar a un inocente o absolver a un culpable, no podían hacer nada. El veredicto del jurado de conciencia era incontrovertible. Estaban atados de manos. Lo único que les permitía la ley era, si así lo consideraban, decretar responsabilidad civil contra un imputado, sin que esto significara algún tipo de récord en su expediente judicial.

Fabiola es generalmente muy inquieta. Con razón a su maestra le pareció extraño cuando, al final del año escolar de 2000, la notó muy decaída. La maestra le preguntó si algo la molestaba y Fabiola le explicó que Stanley la manoseaba. La maestra elevó el caso a la dirección del centro escolar y mandaron llamar a Lorena, la mamá de Fabiola. Pasaron los días y Lorena no atendió el llamado de la escuela, por lo que la directora optó por llamar a Joaquín, el papá de Fabiola. Las maestras le expusieron el caso y Joaquín se llevó a su hija a poner la denuncia a la Fiscalía. En febrero de 2000, Stanley la había violado. Fabiola tenía 11 años, y Stanley 43. La mamá de Fabiola vivía con Stanley desde 1998.

Cuando Lorena se enteró de la denuncia, dejó de enviar a Fabiola a clases y, además, fue a la escuela reclamarle a la maestra y a la directora porque le habían aconsejado al Joaquín que denunciara tanto a ella, por encubrimiento, como a Stanley. Al final, ambos quedaron libres de culpa.

La vista pública del caso se realizó en febrero 2002, y aunque el Código Procesal Penal había sido reformado siete meses atrás, las nuevas disposiciones aún no estaban vigentes. Por eso que la decisión sobre el agresor competía a un jurado de conciencia. De manera unánime, las cinco personas que lo integraron en el juicio en contra de Stanley decidieron que era inocente.

En casos como el de Fabiola, la sana crítica no impidió que el crimen quedara impune, pero sirvió para que el imputado respondiera, por lo menos económicamente, por el daño causado a la víctima. “Yo estaba convencida de que había abuso sexual y ese fue el motivo por el que condené civilmente”, asegura la jueza de sentencia que resolvió el caso, que accedió a comentarlo bajo la condición del anonimato. “Pero mi razonamiento era racional conforme al material probatorio, que no podía ser insertado ni trasladado para persuadir al jurado”. Stanley solo tuvo que pagar mil 142 dólares por los daños sicológicos en la menor.

Cada año llegan menos casos a juzgados

 

Entre 2013 y 2016 hubo una disminución sostenida tanto en las denuncias de violación sexual en menor o incapaz como en la tasa de casos judicializados. La Fiscalía opta por hacer una lectura optimista de la situación. “Si queremos ver algo positivo, se ha hecho una divulgación masiva a la sociedad. Yo siento que en gran parte eso pudiera contribuir en que haya disminución de los hechos delictivos”, dice Lorena Morales, la fiscal a cargo de la Unidad de atención especializada en violencia contra la mujer. Respecto a lo engorroso que puede resultar el proceso como razón para que las víctimas abandonen sus casos, se excusa diciendo que eso depende de los tiempos, y no de la institución, y que esos los dicta el sistema judicial, y que por eso se preocupan por fortalecer a las denunciantes para que no desistan de la acusación.

La renuncia a procurar justicia por parte de las víctimas también puede tener como factor la capacidad de persuasión de los agresores, que se traduce en deslegitimación de la víctima o hasta en amenazas de muerte.

Hace escasas semanas Matilda tenía 14 días de estar en el hospital. Le tocó pasar Navidad y recibir el año 2017 en una cama en el quinto piso de un hospital público del área metropolitana de San Salvador. Era 27 de diciembre cuando, de pronto, vio el rostro de Jorge en la cama que tenía al lado. Tuvo miedo, se puso una toalla encima y se volvió para no tener que verlo. Cuando Fátima, su mamá, llegó a visitarla a la hora de almuerzo, Matilda no dudó en advertirle. Fátima observó con detenimiento a la persona de la cama de al lado y no encontró rasgos de Jorge por ningún lado.

Esta fue la tercera vez que vio a Jorge en el rostro de alguien más en los últimos dos años y medio. Jorge está muerto, pero sigue vivo en la mente de Matilda y en su cuerpo. Jorge la violó durante ocho años y le contagió VIH. Jorge era su papá.

El “vas a desaparecer y nadie se va a dar cuenta” y el “¿a quién creés que le van a creer más?” se grabaron en la siquis de Matilda a los 13 años. Si a ella no la hubieran diagnosticado con VIH, probablemente nadie sabría sobre el abuso al que fue sometida durante esos ocho años. Matilda se libró de su agresor porque otra de sus víctimas decidió denunciarlo.

Otro factor que alimenta la impunidad es la presión familiar que, en casos como el de Marta y Fabiola, encubren a los violadores. La figura de poder que representan los agresores en los hogares, por el simple hecho de ser hombres y, en ocasiones, único sostén económico, es el principal motivo para que la denuncia se retire, la víctima no se presente a declarar o para que ni siquiera se ponga una denuncia. Luego de superada esa barrera, lo que sigue también le supone a la víctima un calvario.

Tomando en cuenta que la declaración de la víctima y su cuerpo son la prueba madre, el sistema la obliga, una vez puesta la denuncia, a que desfile por la oficina de distintos especialistas. Además de realizar las preguntas necesarias para certificar la validez de su testimonio, los peritos examinarán su cuerpo y extraerán muestras. La idea es probar que el imputado es culpable del delito que se le acusa. El primer paso para que esto suceda, sin embargo, es que el acusado sea capturado y también se le extraigan muestras. Si no hay ADN con el cual comparar, la muestra obtenida de la víctima queda relegada en una caja de cartón en Medicina Legal.

 

Los procesos engorrosos, la falta de confianza en el sistema y la revictimización son algunas de las causas que los expertos citan para que las víctimas se abstengan de denunciar o desistan de seguir en los procesos. Jennifer Méndez, médico internista especialista en VIH, trae a cuenta el caso del violador serial de Santa Elena para explicar cómo funciona la renuencia de las pacientes a seguir un proceso legal: “Ese caso me mandó como 15 pacientes al hospital, de las cuales solo seis decidieron poner una denuncia; de esas seis, tres siguieron el proceso, y solo una se presentó a identificarlo cuando lo capturaron”. Martín Antonio Guardado Mejía fue condenado a 94 años de prisión solo por seis víctimas.

Desde afuera, las instituciones que dan acompañamiento a los menores víctimas de violación tienen una apreciación menos heroica de la actuación de la Fiscalía, y acusan al sistema de justicia de tener un diseño revictimizante. Según Mirla Carbajal, abogada del equipo de procesos de justicia del IDHUCA, el sistema no está preparado para acompañar las víctimas, porque “nuestro sistema penal utiliza a la víctima pero no la fortalece ni le da un acompañamiento sicosocial”. Si bien cree que las cámaras Gesell son un recurso importante para garantizar la protección a la dignidad de la niñez y adolescencia, critica el acceso limitado y el desinterés de algunos fiscales por utilizarlas: “Hay muy pocas, hay niños que tienen que trasladarse hasta San Salvador para dar su declaración, y no todos los fiscales las están utilizando. Nosotros hemos tenido casos en donde dos días antes el fiscal le ha dicho a la mamá: ‘hay vista pública, tráigame a la niña’, y ya, sin una preparación de un sicólogo, sin una preparación del fiscal”.

Las deficiencias comienzan mucho antes. En el sistema penal salvadoreño, cualquier proceso se inicia mediante una denuncia ante la Fiscalía, ya que por disposición constitucional esta institución tiene exclusividad en el inicio de la acción penal. Esta monopolización se estableció como garantía de la independencia institucional de la Fiscalía. Sin embargo, cuando esta institución funciona deficientemente, se vuelve un obstáculo para el acceso a la justicia.

Silvia Juárez, de la Organización de mujeres salvadoreñas por la paz (Ormusa) coincide en que el sistema judicial en lugar de respetar y evitar que las víctimas sean vulneradas en el proceso de acceso a la justicia, se sirve de ellas: “La persecución penal es una necesidad del Estado, porque es el responsable de evitar que alguien vulnere esos derechos. Entonces, finalmente me ven con fines utilitarios, para estadísticas, presupuestos, pero que no se traduce necesariamente en el acceso a la justicia”.

Los procesos que se alargan, el miedo y las amenazas favorecen que las víctimas opten por desaparecer, por dejar a medias el proceso e intentar superar ese episodio. El Faro preguntó a las fiscales qué procedía si, mientras la víctima está desaparecida el juez resuelve absolver al imputado porque hace falta su testimonio. Ellas explicaron que existen dos recursos para revocar la decisión del juez: apelar ante una cámara de lo penal y presentar una casación ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Si la víctima no aparece y estas instancias deciden respaldar la decisión del juez de sentencia, ya no hay más que hacer. La búsqueda cesa. El crimen queda impune.

* En el reportaje se ha usado nombres ficticios para referirse a las víctimas y, salvo en la historia de Matilda, la identificación de los acusados se hace utilizando sus verdaderos nombres.